En la historia de Colombia, el genocidio ha galopado por campos y ciudades, su objetivo eliminar al que piensa y construye un país diferente. Víctimas fueron en el pasado, A Luchar, La Unión Patriótica, sindicatos y organizaciones sociales. Todas estas organizaciones fueron objetivo del Estado, quien históricamente aplicó su doctrina contrainsurgente bañando de sangre los territorios.
El genocidio cruento y sangriento hacia las comunidades y sus proyectos alternativos, continua en la actualidad. Mediante la militarización y el establecimiento de franquicias paraestatales financiadas, como lo son hoy las «Disidencias» del Frente 10 y 28 se perpetúan macabros planes.
Recomendado del Autor: Lamentaciones
En Arauca, el ataque con carro bomba y las amenazas demuestran lo demencial de su actuar. Pretender asesinar a más de 60 líderes bajo el supuesto de pertenecer a una organización insurgente, evidencia el sadismo con el que actúan y a través de estos hechos develan su carácter paramilitar.
El atentado no solo pretendió exterminar y arrasar el tejido social, su objetivo, también es la destrucción del poder construido en más de 60 años de historia por las organizaciones sociales. Las acciones realizadas hacen parte de un manual replicado en el pasado con la finalidad de implantar sus intereses geoestratégicos, el despojo y saqueo.
Luego del Paro Nacional acciones similares contra líderes y organizaciones han tenido una escalada. Escalada que se anuncia a través de vídeo y comunicados y que se materializan con el asesinato y ataque de diversos grupos paramilitares a comunidades. Los anuncios emplean cuál libreto, los argumentos expuestos por inteligencia militar y Fiscalía en procesos contra líderes y lideresas sociales.
Mientras la situación en los territorios se recrudece, Duque llevando a cabo su mandado quiere arrasar los territorios a toda costa. Mientras las comunidades viven este accionar, los liberales y progresistas copian la matriz mediática y solo piden votos. ¿Continuará la política de tierra arrasada en un gobierno liberal-progresista?