El personal administrativo provisional denuncia a realización de un “concurso express”, en medio de la crisis de financiación de la institución y de la Universidad Pública. «El rector Leonardo Fabio, pretende llevar a cabo un concurso, podría costarle más de $2.000 millones de pesos a solo 45 días para cerrar su período en el cargo«.
Desde el 29 de marzo, más de 180 funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional -UPN- están solicitando al Consejo Superior Universitario no adelanten el proceso de concurso de méritos para la provisionalidad de cargos al interior de la Universidad. Afirman que no hay condiciones para hacerlo.
El mayo 9 de 2022 – mediante una misiva dirigida al Consejo Académico y al Consejo Superior Universitario -CSU- de la UPN, el profesor Helberth Choachí y más de 180 funcionarios de la Universidad solicitan que no se realice concurso de personal administrativo. El docentes y funcionarios consideran que lo propuesto en el Acuerdo 004 de 2022 es improvisado. Además, de no contar con criterios técnicos y administrativos y no obedecer a las necesidades urgentes de reorganizar y actualizar la planta global de funcionarios administrativos de la institución.
En la misiva, los funcionarios reconocen el esfuerzo por resolver la deuda de más de 16 años con las y los funcionarios de carrera administrativa. Pero exigen que debe reconocerse los estudios cursados por los provisionales y supernumerarios que han puesto su saber al servicio y mejoramiento institucional. Insisten, además, que se debe trabajar para dejar condiciones de mejoramiento institucional en el mediano y largo plazo para las y los funcionarios administrativos. Pero para ello no se debe actuar sobre la premura de la finalización de su período rectoral.
“Hacer este concurso pone en riesgo el trabajo de varias personas, hay temor en la institución” afirma Choachí. Manifiesta, además, preocupación porque a su juicio la propuesta de realizar este concurso pone en riesgo la estabilidad laboral de personas que han trabajado en la institución por décadas. Concurso que afecta no solo al trabajador directamente sino también los planes de vida de las familias.
«Es claro que la Universidad debe garantizar el ingreso a la carrera de los funcionarios mediante concursos públicos, pero debe hacerlo atendiendo la actualización de la planta donde se incluyan no solo la provisionalidad, sino también el personal supernumerario, de lo contrario se seguirá funcionando con nóminas paralelas que no beneficia a los empleados y al desarrollo administrativo de la institución».
Los autores de la carta denuncian que la Universidad, según su presupuesto para la vigencia fiscal 2022, no contempla la realización de este concurso que podría costarle alrededor de $2.000 millones de pesos a la institución.
La carta reconoce la necesidad de realizar al menos dos concursos públicos: el primero y prioritario, que dé lugar a la posibilidad de los ascensos de los funcionarios de carrera; y el segundo, se realice cuando la Universidad cuente con estudios técnicos de cargos y cargas laborales que permitan optimizar esfuerzos administrativos y financieros para los 408 funcionarios administrativos (provisionales y supernumerarios).
Finalmente, llaman al rector, al CSU y a la comunidad universitaria a que se generen espacios de diálogo y concertación. Espacios donde busquen las acciones mediano y largo plazo en favor de los funcionarios administrativos y el conjunto de comunidad universitaria. Manifiestan además que no se puede dejar que los afanes obliguen a la institución a tomar decisiones que afecten la estabilidad administrativa y laboral.
