Trochando Sin Fronteras 07 de julio de 2016
Desde movimientos sociales y políticos, hasta médicos y pacientes afirman que el sistema de salud y seguridad social actual está en una profunda crisis, siendo el derecho a la salud de las clases menos favorecidos de nuestro país uno de los más violentados. A continuación pasaremos a analizar en qué consiste la crisis y cuáles son sus elementos esenciales.
Según la Constitución Nacional de 1991, la salud y la seguridad social se encuentran catalogados como derechos económicos, sociales y culturales. Pero dicha consagración reviste un carácter meramente nominal, ya que en Colombia dicho servicio público tiene una gran participación de la empresa privada. El problema es que la prioridad de los privados es obtener beneficio económico y no el respeto a los derechos de la población en general.
El Estado colombiano reglamentó, a través de la ley 100 de 1993, el sistema general de salud y seguridad social. Esa norma dividió la implementación del derecho a la salud en 4 grandes negocios, a saber:
- El negocio de la salud, cedido a las EPS (Empresas promotoras de Salud) de carácter privado, entre las cuales se encuentran Saludcoop y CafeSalud.
- El negocio de las pensiones, puesto en manos de los fondos privados de pensiones y acabando con el ISS (Instituto de Seguro Social).
- El negocio de los riesgos profesionales, otorgado a las administradores de riesgos profesionales (ARP) como Colpatria y Positiva.
- El negocio de los seguros de accidentes de tránsito, otorgado a las empresas aseguradoras.
La ley 100 creó a las intermediarias, que son las mismas EPS. La supuesta función de la EPS es administrar y hacer eficiente y oportuno el tratamiento de los pacientes. Lamentablemente, dicha función jamás se cumplió. Por el contrario, las EPS lograron frenar el acceso a los servicios médicos de millones de personas, ocasionando la muerte de los pacientes en los llamados “paseos de la muerte”, muy comunes en nuestro país.
Pese a que las EPS reciben alrededor de 48 a 50 billones de pesos al año por parte del Estado y los ciudadanos, las EPS des financiaron a los hospitales y a las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), creando una deuda, entre 1993 y 2015, que asciende a 14 billones de pesos, la normativa vigente ha permitido que las EPS se endeuden con los hospitales para construir infraestructura propia, lo que desembocó en la liquidación y venta (privatización) de los hospitales públicos del país. Actualmente, 8 de cada 10 camas destinadas a la atención de pacientes, es de uso privado, habiendo quedado en las manos de un empresario, y tan solo 2 de ellas son de uso público.
Esta situación ha generado la eliminación de los hospitales públicos y ha desencadenado una salvaje competencia por los pacientes. Además de esto, la tercerización laboral de los empleados de los hospitales y las IPS han precarizado el derecho a la salud y puesto en riesgo la vida de los ciudadanos.
Ante este panorama, organizaciones sociales vienen impulsando un Juicio Ético contra las empresas que negocian con la salud y sus responsables. Su objetivo es visibilizar el problema estructural y el modelo fallido de salud pública, que resulta en un modelo exitoso de negocios para la empresa privada. Un negocio que ha provocado más muertes que el conflicto armado en Colombia. Un modelo anti ético e inmoral, que sustenta sus ganancias en la negación de los servicios esenciales y que provoca la muerte innecesaria de miles de ciudadanos.
Con ese Juicio Ético se pretende establecer quiénes son los responsables de la crisis y de la muerte de pacientes por la negación de los servicios de salud. Así mismo, elaborar propuestas para la construcción de un modelo de salud pública que garantice el acceso a toda la población, que haga énfasis en la prevención y que genere las condiciones necesarias para una vida digna.[i]
[i] Apartes de la entrevista a Fabio Serna – Octava papeleta por la salud y la seguridad social- en el Informativo Centro Oriente
