Carné obligatorio, registro de visitantes y restricciones para la salida de vehículos. Desde este martes, entrar y moverse por el campus de la Universidad Nacional en Bogotá implica más controles que una semana atrás. La decisión, presentada como una medida de seguridad, reabre una discusión mucho más profunda: ¿puede una universidad pública garantizar la convivencia cerrándose progresivamente a la ciudad y convirtiendo a quienes transitan por ella en sujetos de identificación y vigilancia?
Mediante la Circular N.º 08 de 2026, la Vicerrectoría de la Sede Bogotá puso en marcha desde el 18 de agosto nuevas medidas para controlar el ingreso a la Ciudad Universitaria. Estudiantes, docentes y trabajadores deben presentar el carné institucional en las porterías; mientras que contratistas, visitantes, egresados, pensionados y demás personas externas deben acreditar su identidad y justificar su vínculo o razón de ingreso. Los vehículos, además, tendrán restricciones para salir del campus después de las once de la noche, salvo situaciones excepcionales.
La administración presenta estas disposiciones como parte de una estrategia para “fortalecer la seguridad en el campus”, proteger a las personas y los bienes de la Universidad y garantizar un ambiente de confianza y convivencia. La propia circular remite a la Resolución 253 de 2019 para sustentar la identificación mediante carné institucional.
Sin embargo, la discusión no comienza en agosto de 2026. Este tipo de respuestas frente a los problemas de seguridad y convivencia ya tiene antecedentes en la Universidad Nacional. Durante la administración de la exrectora Dolly Montoya y la Vicerrectoría de Sede de Ismael Peña se impulsó, por ejemplo, la instalación de torniquetes como respuesta a diferentes hechos ocurridos dentro del campus, entre ellos casos de violencias basadas en género. Según una integrante de la comunidad universitaria entrevistada para esta nota, allí apareció una contradicción que vuelve a hacerse visible hoy: ningún torniquete, carné o registro permite determinar si una persona que ingresa tiene la intención de ejercer una violencia.
Lo que estos dispositivos sí permiten, advierte, es profundizar la identificación de quienes habitan la Universidad y, eventualmente, generar mecanismos de perfilamiento. Esa política no funciona aisladamente: suele estar acompañada por el fortalecimiento de los cuerpos de vigilancia, las cámaras y otras tecnologías capaces de ampliar el seguimiento sobre las personas que circulan por los campus.
La circular aparece pocas semanas después de los hechos violentos ocurridos el 29 de julio dentro de la Ciudad Universitaria, cuando un enfrentamiento con arma blanca dejó tres personas heridas, entre ellas el representante estudiantil Kevin Arriguí.
Sobre lo ocurrido existen versiones enfrentadas. SINTRAUNAL denunció que un grupo de encapuchados atacó material del sindicato; Arriguí ha sostenido una versión distinta de los acontecimientos. Mientras las autoridades competentes y la Universidad revisan los elementos disponibles para establecer responsabilidades, no existe todavía una reconstrucción definitiva que permita zanjar públicamente la disputa.
El problema es que, mientras las responsabilidades individuales continúan sin esclarecerse, la respuesta institucional termina recayendo sobre el conjunto de la comunidad y sobre cualquiera que pretenda ingresar al campus.
Así, un episodio concreto de violencia se convierte en argumento para reforzar una política general de control: más identificación, más vigilancia y mayores restricciones de circulación. En lugar de concentrar la respuesta en esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y abordar políticamente los conflictos que atraviesan la Universidad, se amplía la sospecha hacia quienes la habitan.
Allí aparece también el riesgo de estigmatización. En una universidad atravesada históricamente por la movilización estudiantil, sindical, política y cultural, convertir la seguridad en un asunto fundamentalmente asociado a identificar quién entra, quién sale y cuál es su relación con la institución puede instalar una frontera problemática entre quienes son considerados integrantes legítimos de la comunidad y aquellos que deben explicar por qué están allí.
¿Una universidad pública cerrada al público?
Pero la discusión trasciende a estudiantes, profesores y trabajadores. La Universidad Nacional no es solamente un lugar de estudio para quienes tienen un carné: es una universidad pública y su campus ha construido históricamente una relación con la ciudad y con la sociedad.
Por sus auditorios, plazas, museos, bibliotecas, escenarios deportivos y espacios culturales circulan egresados, organizaciones sociales, investigadores, estudiantes de otros centros educativos, habitantes de Bogotá y personas que simplemente quieren conocer y participar de las actividades de la principal universidad pública del país.
Condicionar progresivamente esa relación a registros, acreditaciones y explicaciones sobre el motivo de la visita puede terminar levantando una frontera entre la Universidad y la sociedad que la sostiene.
Precisamente ese es uno de los cuestionamientos centrales planteados en la entrevista: “no puede pensarse una universidad pública” cuyo ingreso dependa de atravesar múltiples procedimientos administrativos, especialmente cuando los mecanismos institucionales para tramitar solicitudes ya presentan demoras. El resultado, advierte, puede ser que para “la gente a pie” sea cada vez más difícil habitar el campus, participar de su construcción e incluso reconocerse como alguien que algún día podría formar parte de él.
No se trata de negar que la Universidad tenga que enfrentar problemas reales de seguridad ni de desconocer la necesidad de proteger a quienes estudian y trabajan en ella. La discusión es con qué métodos se construye seguridad en una universidad pública. La alternativa no tiene por qué reducirse a escoger entre un campus inseguro y un campus cercado.
La entrevistada propone trasladar el centro de la discusión hacia el cuidado colectivo, el bienestar integral, el fortalecimiento del tejido social y nuevas formas de relacionamiento dentro de la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, cuando los esfuerzos institucionales se concentran principalmente en restringir y controlar el ingreso, la Universidad corre el riesgo de aislarse todavía más de su entorno y del grueso de la sociedad.
Ese es, finalmente, el debate que deja abierta la Circular 08. La seguridad de una universidad pública no puede construirse convirtiendo la apertura en amenaza y al visitante en sospechoso. Mucho menos cuando las causas de los conflictos que pretende resolver siguen intactas.
Una universidad pública necesita ser segura para quienes la habitan, pero también abierta para la sociedad de la que hace parte. La convivencia no se construye únicamente identificando cuerpos en una portería: exige políticas de bienestar, espacios de participación, resolución de conflictos y reconstrucción del tejido universitario.
De lo contrario, frente a cada nuevo episodio de violencia, la respuesta será otra cámara, otro registro, otra barrera. Y poco a poco, en nombre de proteger la universidad pública, se puede terminar restringiendo precisamente aquello que le da sentido: su carácter público.
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