Trochando Sin Fronteras/ 25 de Agosto de 2017
Durante el primer semestre de 2016 registramos uno de los procesos de movilización más álgidos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-, centro de educación superior de gran importancia para la región del Centro Oriente colombiano y la única pública del departamento de Boyacá; en este proceso se generó la unificación de las exigencias planteadas por estudiantes, profesores, trabajadores y empleados, que tomó rumbo hacia un paro de todos los estamentos manteniendo el cierre y toma de la universidad por cerca de un mes e instalando una mesa de negociación que concretó una serie de acuerdos con la administración universitaria.
Todo el proceso de negociación -que fue dilatado y evadido por parte de la administración- arrojó 10 actas de compromiso frente a diversos temas organizados en banderas de lucha como autonomía, democracia, financiación y bienestar. Sin embargo, a la fecha, el 90% de los acuerdos han sido incumplidos, olvidados, archivados o tergiversados por parte de la administración, que siempre puso como negociadores al Consejo Académico, desconociendo la exigencia por parte de la comunidad que insistía en negociar con el Consejo Superior, que es la verdadera instancia de decisión universitaria.
Durante las últimas semanas, sin siquiera llevar un mes de clase del presente semestre, han estallado las consecuencias de estos constantes incumplimientos; el Consejo Superior ha aprobado un nuevo Acuerdo (038 de 2017) de manera unilateral, que modifica las condiciones de contratación, impulsando el aumento en la vinculación de profesores catedráticos (con carga de hasta 16 horas), promoviendo una creciente política de tercerización laboral que ahonda en condiciones indignas para el ejercicio educativo y haciendo cada vez más lejana la posibilidad de lograr acciones de formalización de una planta docente con dignidad que a su vez repercutiera en una formación de excelencia para los más de 27000 estudiantes con que cuenta la UPTC.
Ante estas preocupaciones, las organizaciones, los consejos estudiantiles, y en general la comunidad estudiantil activa, se ha sumado a la voz de protesta de los profesores en las sedes de Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá y Tunja declarando la instalación de una Asamblea Permanente como mecanismo de discusión y organización que genere presión ante la administración universitaria. Desde el miércoles 16 de agosto se han organizado reuniones, asambleas, comités y actividades que permitan el crecimiento del movimiento estudiantil-profesoral y lograr acuerdos tangibles en una reunión con el Consejo Superior el 25 de agosto.
A las exigencias de los profesores se han sumado las propias de estudiantes, que incluyen el rechazo a la falta de información por parte de la administración ante el inminente cambio en el mecanismo de cobro de matrículas, la posible modificación general de la malla curricular, el trámite de un proyecto que modificaría el reglamento estudiantil sin participación vinculante de los estudiantes y el rechazo categórico a las posturas de los representantes estudiantiles que fueron electos al Consejo Superior y el Consejo Académico ya que, según ellos, no han hecho más que utilizar técnicas oportunistas basadas en discursos públicos de apoyo, pero acciones privadas que sólo terminan siendo útiles para la administración universitaria.
