domingo, marzo 3, 2024

[Video] Caravana Humanitaria Chocó y Valle del Cauca

Del 18 y el 21 de enero se realizó la Caravana Humanitaria en el bajo Calima y el medio San Juan en los departamentos del Valle del Cauca y Chocó, en el marco de los Acuerdos alcanzados durante el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional- ELN, con el fin de implementar alivios humanitarios para las comunidades directamente afectadas por el conflicto armado y, que en este momento se encuentran en condición de desplazamiento y confinamiento.

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La Caravana realizó un diagnóstico sobre la situación humanitaria en la que se encuentran especialmente comunidades afrodescendientes e indígenas ubicadas hacia las cuencas de los ríos San Juan y Calima. Así mismo, respaldó y acompañó a las comunidades para la proyección de un posible retorno a sus territorios de origen, bajo las garantías y principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.

Su desarrollo estuvo a cargo de la delegación de paz del Gobierno Nacional y miembros de la gestoría de paz del ELN, con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de comunicación alternativos, quienes escucharon a las comunidades en reuniones, asambleas, diálogos personalizados y actividades lúdicas.

Se organizaron dos subcomisiones con el fin de alcanzar a diagnosticar la mayor cantidad de comunidades y territorios posibles. La subcomisión A llegó hasta San Miguel en el municipio del medio San Juan y la Subcomisión B se dirigió hasta Docordó por todo el río Calima.

Problemáticas de las comunidades

Durante el ejercicio, se evidenció el abandono histórico por parte del Estado, lo que ha ocasionado graves problemáticas sociales como la falta de acceso a educación, saneamiento básico, oportunidades laborales, salud y vivienda digna.

De manera generalizada se identificó el desplazamiento forzado y sistemático de las comunidades, quienes han vivido hasta cuatro desplazamientos por los bombardeos indiscriminados del ejército nacional, la siembra de artefactos explosivos por parte de grupos ilegales, el reclutamiento y la estigmatización y señalamiento hacia las comunidades cuando hacen el uso legítimo en la promoción y defensa de sus derechos.

Este panorama se complejiza con las fuertes afectaciones que han sufrido los ecosistemas debido a la contaminación de los ríos y fuentes hídricas a causa de la minería artesanal, la aspersión aérea con glifosato, la carencia de sistemas sanitarios, de acueducto y alcantarillado y de manejo de residuos. En este sentido, hay afectaciones a la salud, como la presencia de dermatitis en los niños y molestias estomacales en general.

Algunas especies vegetales han dejado de crecer, afectando no solo la soberanía alimentaria y causando hambre, sino que restringiendo las prácticas artesanales y el empleo de la medicina tradicional.

Adicional a estas problemáticas, las comunidades denuncian la articulación del conflicto con intereses económicos y geoestrategicos mucho más grandes, que comprometen no solo a las rutas del narcotráfico, sino al cambio del utilización del suelo por medio del extractivismo por parte de multinacionales y paramilitares.

Las propuestas de las comunidades

De manera unánime, las comunidades insistieron en la importancia de la caravana; sin embargo, también manifestaron su agotamiento ante los reiterados diagnósticos sobre sus condiciones de vida que históricamente no han arrojado respuestas ni soluciones concretas.

Por ejemplo, se insiste en el cumplimiento de diversas sentencias interpuestas ante el Estado y reclaman el reconocimiento legal como sujetos de derechos colectivos. Así, como el aceleramiento de procesos jurídicos que permitan a las comunidades en condición de desplazamiento acceder al sistema general de participación, y así liberar los recursos congelados.

En términos generales las comunidades desplazadas insisten en garantías para el retorno bajo el acompañamiento institucional e internacional de una manera planificada, constante e interétnica; exigen planes, programas y proyectos sólidos alrededor del desarrollo del campo que posibilite la soberanía alimentaria, de la reconstrucción y construcción de viviendas y asentamientos bajo una planeación consciente y consensuada del territorio que evite afectaciones ante inundaciones y demás factores naturales.

Se requieren programas y puestos de salud, con profesionales médicos y dotación adecuada, acompañamiento psicosocial y atención inmediata que contribuyan al control de vectores en salud pública además de la expansión demográfica.

En materia de educación, se exige el respeto de la cosmogonía indígena y afro, con proyectos educativos que permitan la sistematización e investigación en lengua propia. Así mismo, insisten en la presencia del SENA en los territorios con programas para las mujeres y los jóvenes en articulación y creación de proyectos para el desarrollo de empresas colectivas que permitan la tecnificación y comercialización del proceso panelero, la producción del biche, la madera, el reciclaje, entre otras.

Son muchas las exigencias para un territorio y unas comunidades que han tenido que aguantar más de medio siglo de abandono y se insiste en la presencia del Estado, pero no bajo la militarización sino a través del fortalecimiento de las Guardias Territoriales por medio de la capacitación y un incentivo económico, más instituciones educativas para la formación básica y media con dotaciones integrales, incluido el acceso a internet para el desarrollo de programas educativos virtuales.

Por último, las comunidades hicieron un llamado a todos los actores armados de un cese al fuego, de respeto por parte de los mismos hacia las labores y actividades diarias de las comunidades y resaltaron la importancia de que este ejercicio no solamente se haga con el Ejército de Liberación Nacional ELN sino que pueda ser una realidad con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, quienes hacen presencia de manera dominante en el territorio.

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