La comunidad estudiantil de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca lleva semanas movilizada y las directivas de la institución responden con estigmatización y represión en lugar de diálogo. El detonante es un pliego de acuerdos firmado en 2024 que permanece incumplido, que incluye la constituyente universitaria, el comedor gratuito, el aumento de la planta docente, la cátedra sobre paz y memoria, la ruta de atención a violencias de género y mejoras de infraestructura.
El propio Ministerio de Educación Nacional dejó constancia en el Consejo Superior Universitario de que la crisis actual se deriva, en gran medida, de acuerdos inconclusos pactados en 2024. No es entonces una percepción estudiantil: es un reconocimiento institucional de que las directivas incumplieron lo que prometieron.
A esto se suma una crisis de democracia universitaria. Los voceros de las manifestaciones han señalado la falta de participación real y han exigido transparencia en los procesos de elección de las mesas directivas. En marzo de 2026, las protestas llegaron a bloquear la Carrera Séptima en el centro de Bogotá, afectando el sistema Transmilenio, como expresión de un descontento que ya desborda los muros de la universidad.
En este contexto, la protesta ha escalado hacia acciones más radicales. Según un comunicado oficial del movimiento estudiantil, “los estudiantes han tomado la determinación de amarrarse/encadenarse en las instalaciones de la universidad como una medida extrema de protesta”, señalando además que esta acción es resultado directo “del incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados en espacios anteriores”. El mismo documento denuncia que la supuesta “normalidad académica” es inexistente mientras persistan las causas estructurales del conflicto y exige el reconocimiento del estado de Asamblea Permanente.
Lejos de atender estas demandas, las directivas han optado por deslegitimar la movilización. Esta respuesta no solo profundiza la crisis, sino que evidencia una práctica reiterada: la firma de acuerdos como mecanismo de contención del conflicto, sin voluntad real de cumplimiento.
No se trata de una coyuntura aislada. Lo que ocurre en el Colegio Mayor expresa una contradicción estructural de la universidad pública en Colombia: instituciones que, bajo lógicas administrativas y de ajuste, desconocen su carácter social y subordinan el bienestar estudiantil a criterios burocráticos.
En medio de la agudización del conflicto, el representante a la Cámara Gabriel Becerra se pronunció a través de sus redes señalando que lo que ocurre en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es “profundamente preocupante” y advirtiendo sobre denuncias relacionadas con el manejo institucional frente a la protesta estudiantil. Estas aseveraciones preocupan, en la medida en que confirman que la crisis ya desbordó el ámbito interno de la universidad y empieza a escalar a escenarios políticos nacionales, sin que hasta ahora haya respuestas de fondo frente al incumplimiento de los acuerdos ni garantías reales para la movilización estudiantil.
Una universidad que incumple acuerdos, que desconoce la organización estudiantil y que responde con represión a la exigencia de derechos, no está en crisis por la protesta: está en crisis por su propio modelo de gestión. Los estudiantes no están pidiendo concesiones: están exigiendo lo que ya fue conquistado en la lucha y luego incumplido por la institucionalidad.
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