Los días 8 y 9 de mayo, organizaciones sociales y de derechos humanos de Boyacá y Casanare recorrieron cinco municipios en la Caravana Humanitaria por la Vida, los Derechos Humanos y la Permanencia en el Territorio, con el objetivo de documentar violaciones de derechos humanos, recoger testimonios y acompañar a comunidades que llevan meses bajo persecución, estigmatización y abandono estatal. Participaron la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la red internacional Hermandad por Colombia, delegados del Ministerio del Trabajo y del Ministerio del Interior, organizaciones sociales del territorio y medios de comunicación alternativos.
La primera parada fue Belén, Boyacá, donde el docente Josué Cáceres recibió a los caravanistas junto a presidentes de juntas de acción comunal de varias veredas del municipio. Cáceres denunció el sabotaje y destrucción de los equipos y la antena de Tundama Stereo, la emisora comunitaria que fue víctima de un acto vandálico durante la Semana Santa, así como amenazas directas contra su persona, persecución sistemática y el asesinato de sus mascotas como método de intimidación para silenciar su liderazgo en el territorio.
La segunda parada fue la Escuela Santa Teresa, ubicada en límites entre Paz del Río y Socha, donde las comunidades relataron una realidad devastadora: la minería carbonífera, tanto legal como ilegal, destruye fincas, contamina fuentes de agua y arrasa cultivos con la complicidad activa de la burocracia local y departamental. El acueducto comunitario de La Chaina está siendo contaminado por las operaciones extractivas y el alcalde de Socha declaró no tener pie de fuerza ni capacidad para controlar el daño ambiental. Las empresas extractivas mandan en el municipio por encima del gobierno local y de los entes de regulación como Corpoboyacá y la Agencia Nacional de Minería. La comunidad denunció además la existencia de aproximadamente 160 bocaminas en el páramo de Pisba, en la zona del Curital, que contaminan el río Pailas. Quienes conocen estos hechos temen denunciarlos porque sienten que su vida corre peligro. A la irresponsabilidad ambiental se suma la explotación laboral: despidos injustificados, nóminas atrasadas y condiciones de riesgo que los empleadores mineros no reconocen ni compensan.
La última y más esperada parada fue La Salina, Casanare, donde en la plaza principal del municipio se realizó una asamblea abierta con la mayoría de los habitantes del casco urbano. Las comunidades ratificaron la escalada de violaciones a los derechos humanos documentada en semanas previas por la Fundación Joel Sierra: los allanamientos ilegales del 25 de marzo contra líderes del TECAM Renacer Salinero, el asesinato del campesino José Ramón Velandia el 9 de marzo, la desaparición de José Antonio Moreno Rodríguez el 22 de abril, los sobrevuelos constantes de drones militares, los mensajes intimidatorios enviados a líderes desde números desconocidos y la presencia de militares sin insignias que generan terror en el territorio. Las personas que tomaron la palabra mostraron cómo la violencia estructural y no solo la armada, los obliga a desplazarse o a sobrevivir en condiciones de precariedad extrema.
La caravana cerró con un balance esperanzador. Los delegados del gobierno nacional presentes se comprometieron a continuar documentando los casos y a ratificar los procesos ya iniciados. Las organizaciones convocantes subrayaron el mensaje central de la jornada: la gente que vive en los territorios y quiere permanecer en ellos no está sola. La vida digna, dijeron, se construye entre todos, organizándose y luchando.
