En el documento, la fundación denunció graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La Fundación documentó que en lo corrido del año la fuerza pública ha implementado allanamientos sin orden judicial, perfilamientos, estigmatización y hostigamientos con la población en el desarrollo de la estrategia militar «Ayacucho Plus». Para los defensores de derechos humanos, estas acciones hacen parte de la doctrina militar del «Enemigo Interno» misma que deja en alto riesgo la vida e integridad de las comunidades que viven en el territorio.
«La militarización de los territorios no es garantía para los Derechos Humanos, al contrario, agudiza la crisis social y humanitaria»
Las comunidades han evidenciado que, posterior a los allanamientos realizados a los líderes campesinos del TECAM «Renacer Salinero, Fortaleza del Casanare»; se ha evidenciado un incremento de pie de fuerza con comportamientos y con elementos no propios, como el uso de uniformes sin sus distintivos, generando intimidación y temor a estas comunidades.
Además, se han presentado el asesinato y desaparición de campesinos; el primer hecho es el asesinato de José Ramón Velandia, campesino que se dirigía a su lugar de trabajo y que fue encontrado el 9 de marzo por familiares y amigos por el camino veredal por el que transitaba comúnmente. Ramón fue encontrado con heridas de arma blanca y múltiples golpes. El segundo hecho es la desaparición de José Antonio Moreno Rodríguez; el campesino y trabajador de la construcción fue reportado el 22 de abril, sin que a la fecha las autoridades efectúen la búsqueda o den información. Según el relato de campesinos, el día de la desaparición en la zona se realiza el tránsito de un vehículo tipo camioneta en la vereda Río Negro; sobre las horas de la desaparición, se escuchan disparos y, sobre las 10:00 PM, el vehículo sale rumbo a los Venados. Según la madre de la víctima, Antonio salió de su trabajo sobre las 7:00 PM, se comunicó sobre las 7:30 PM, pero nunca llegó a su hogar y hasta el momento se desconoce su paradero.
Además de los anteriores hechos, comunidades U´wa a través de documento de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa – ASOU’WA, denuncian amedrentamientos, de perfilamiento, seguimiento y vigilancia de la comunidad indígena de la vereda Rionegro en jurisdicción del municipio de La Salina. Durante las últimas semanas, varios líderes sociales y campesinos han recibido llamadas y mensajes intimidatorios por medio de la plataforma de WhatsApp. En las llamadas y mensajes se les acusa de supuestos vínculos con la insurgencia, de extorsión y concierto para delinquir. Desde los números 3219065464, 3104860008, 3108000763 y 3104866443, se les exige, bajo amenazas contra la integridad y libertad de ellos y sus familias, colaboración a la fuerza pública dando información sobre presencia de insurgencia en la zona. La fundación denunció que estos hechos, además de ilegales, son violatorios de los derechos humanos y del DIH, especialmente el principio de distinción, buscando vincular a las comunidades en el marco del conflicto político social y armado que se vive en el país.
Este hecho violatorio del DIH y del principio de distinción se suma a la presencia de individuos ajenos a las comunidades y el territorio con actitudes sospechosas que, luego de recorridos por las veredas y el centro poblado del municipio, terminan en el caserío del Venado, zona rural de Chita(Boyacá) mismo lugar al que se dirigió la camioneta luego de la desaparición de José Antonio Moreno. Según las comunidades, estos hechos generan temor y zozobra, teniendo en cuenta que acciones como estas se han presentado en anteriores ocasiones en las que se perpetuaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos de las comunidades.
«Exigimos a las autoridades competentes investigar de manera responsable y oportuna estos hechos, aquí denunciados, así como a tomar las medidas urgentes y necesarias para proteger la vida e integridad de la comunidad que han denunciado públicamente los atropellos recibidos».
En la denuncia, la Joel Sierra llama a la comunidad internacional y a organizaciones defensoras de derechos a monitorear los hechos y acompañar a las comunidades que habitan esta región del país. Además de invitarlos a la Caravana que recorrerá este y otros territorios a realizarse los días 8 y 9 de mayo.
A su vez, exigen a la Gobernación de Casanare, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal de la Salina disponer de las medidas integrales de seguridad y protección adoptadas en el Decreto 660 de 2018, y las garantías por la vida, integridad y libertad de los líderes sociales, así como la protección de la labor del liderazgo social y el ejercicio de la organización en el territorio.
Junto a las comunidades, la Joel Sierra exige al Estado y las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación cesar de inmediato cualquier acción de la persecución, estigmatización y criminalización contra líderes y lideresas sociales del territorio y la comunidad salinera.
