Tras la condena en firme Santiago Uribe por paramilitarismo el pasado cuatro de junio, ahora la Fiscalía General llama a indagatoria a su hermano Álvaro Uribe, abriéndosele un proceso de investigación formal por conformación de grupos paramilitares y su participación en las masacres de San Roque, El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Recuérdese que Álvaro Uribe logró evadir la cárcel el pasado 21 de octubre, cuando fue absuelto en segunda instancia de una condena de doce años de cárcel por soborno y fraude procesal, bajo el débil argumento de “valoraciones sesgadas de las pruebas”, debido a que las acusaciones contra Iván Cepeda giraron en su contra y se le abrió el proceso por utilizar al abogado Diego Cadena para presionar y pagar a exparamilitares para que cambiaran sus versiones.
El nuevo llamado a indagatoria significa que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abre una investigación formal y en consecuencia se la activan fases legales en la cuales Uribe se convierte en procesado, de allí que tras la indagatoria, la Fiscalía deberá decidir si impone o no medida de aseguramiento.
Los hechos por los que se le investiga son la conformación de grupos paramilitares y las masacres en el municipio de San Roque en 1996 ejecutada por el Bloque Metro y en la que se vincula a la Hacienda la Guacharacas, propiedad de Uribe, como lugar de entrenamiento y preparación. También están las de la Granja (11 de junio de 1996) y El Aro (22 al 25 de octubre de 1997) en el municipio de Ituango, en el marco de la avanzada de los paramilitares de la AUC bajo el mando de Carlos Castaño, según testimonio del paramilitar Salvatore Mancuso.
El objetivo de esas masacres fue el despeje y desalojo violento de la población del nordeste antioqueño mediante el mecanismo de tierra arrasada, área en la que luego se construyó el megaproyecto de Hidroituango, propósito luego confirmado en los informes de las organizaciones de víctimas como el Movimiento Ríos Vivos, que darían lugar a la condena del Estado por su colaboración en esas masacres.
Los nexos entre Uribe, los militares de la Cuarta Brigada del Ejército y los paramilitares de la AUC en la ejecución de las masacres fueron en su momento denunciados por el abogado Jesús María Valle Jaramillo, cuando era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, razón por la cual fue asesinado el 27 de febrero de 1998, caso por el que también deberá responder Álvaro Uribe.
Resulta lamentable que solo tres décadas después la justicia dé un paso adelante en la investigación de estos evidentes y sombríos casos. Sin embargo, su indolencia es sólo una señal más de lo que el sentido común ya conoce sobre cómo se tejen los hilos del purulento poder en Colombia, donde el gran capital usa a su antojo a politiqueros de baja estofa, a las instituciones, los militares y narco-paramilitares en su propósito de asegurar las condiciones de sus negocios. De aquí que la dejadez de la justicia también resulte funcional a la reproducción de ese entramado corrupto del capital, que sin ningún rubor promueve al candidato presidencial De la Espriella.
