El colectivo ciudadano Sogamoso Verde y Justa presentó ante el Concejo Municipal un pronunciamiento en el que fijó su posición frente a tres proyectos que actualmente impulsa la administración local: la intervención de las palmas de la carrera 11, la construcción del edificio administrativo y el denominado Parque del Sur. Para la organización, el debate no radica en la necesidad de ejecutar obras públicas, sino en el modelo de desarrollo urbano con el que estas se adelantan y en la exclusión de la ciudadanía de las decisiones que transforman el territorio.
En su pronunciamiento, el colectivo aclaró que no se opone al desarrollo de Sogamoso. Por el contrario, respaldó las intervenciones en infraestructura vial, parques y la construcción del edificio administrativo, al considerar que responden al abandono histórico que ha sufrido la ciudad. Sin embargo, sostuvo que esas obras no pueden justificarse mediante un esquema de planificación que sacrifica el patrimonio ambiental y reduce la participación ciudadana a un simple trámite formal.
Según la organización, los tres proyectos contemplan la tala de más de 850 árboles y palmeras, lo que constituye un modelo de intervención que destruye la naturaleza en lugar de incorporarla a la planificación urbana. En ese sentido, rechazó que el desarrollo sea presentado como incompatible con la protección ambiental y afirmó que las demoras o dificultades de las obras no pueden trasladarse a quienes ejercen la veeduría ciudadana.
Para sustentar sus observaciones, el colectivo recordó que está integrado por ciudadanos, abogados, biólogos, ingenieros forestales, geólogos, agrónomos, especialistas en sostenibilidad, arquitectos urbanistas y antropólogos, además de contar con conceptos técnicos de expertos externos, desde donde ha venido realizando seguimiento a las intervenciones de la administración municipal.
Uno de los principales soportes de sus denuncias es la Resolución No. 1798 de 2026 de Corpoboyacá, mediante la cual la autoridad ambiental formuló pliego de cargos contra COSERVICIOS S.A. E.S.P. por las intervenciones realizadas sobre las palmas canarias de la carrera 11, en la Plaza de la Villa.
De acuerdo con esa resolución, la corporación encontró afectaciones severas derivadas de podas agresivas sobre siete palmas, una de las cuales murió como consecuencia de la intervención. Entre los hallazgos también figuran la realización de actividades sin los permisos ambientales requeridos, el corte de frondas verdes durante temporada de lluvias y la afectación de fauna urbana, incluidos nidos activos y ejemplares de torcaza. El documento igualmente señala que la empresa registra antecedentes sancionatorios en el Registro Único de Infractores Ambientales.
El colectivo recordó que su labor de control ciudadano no comenzó con la actual administración. Según explicó, durante varios años ha acompañado procesos relacionados con la defensa del espacio público, la situación de comerciantes afectados por el cierre de la plaza de mercado y la audiencia pública del proyecto Terrazas del Porvenir. Actualmente actúa como tercero interviniente ante Corpoboyacá, amparado en las disposiciones del Acuerdo de Escazú, que reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en asuntos ambientales.
No obstante, la organización denunció que el ejercicio de esa veeduría ha venido acompañado de un ambiente de hostilidad institucional. Señaló que declaraciones del alcalde Mauricio Barón, realizadas en medios de comunicación y durante sesiones del Concejo, han estigmatizado el trabajo del colectivo y puesto en entredicho la legitimidad de quienes participan en los procesos de control ciudadano.
En ese contexto, tres integrantes de la organización fueron denunciados penalmente por el presunto delito de simulación de investidura o cargo. El colectivo sostuvo que la actuación de estas personas se limitó a participar, el pasado 11 de mayo, en una visita de verificación en la que se constató que las excavaciones para el edificio administrativo habrían iniciado más de un mes antes de obtener el permiso expedido por Corpoboyacá, ocasionando daños irreversibles en las raíces de al menos tres árboles.
Frente a esos señalamientos, la organización afirmó que todas sus actuaciones se han desarrollado por las vías legales. Recordó que actualmente impulsa dos acciones de tutela, una acción popular y varios recursos administrativos contra decisiones de la autoridad ambiental, al tiempo que rechazó cualquier motivación económica o partidista detrás de su trabajo.
Más allá del caso puntual, el colectivo planteó que el conflicto refleja una discusión de fondo sobre quién define el destino de las ciudades y bajo qué intereses se ordena el territorio. A su juicio, la defensa del arbolado urbano no responde únicamente a criterios paisajísticos, sino a la protección de bienes comunes fundamentales como la calidad del aire, la regulación térmica, la conservación del agua y las condiciones de vida de la población.
Finalmente, Sogamoso Verde y Justa exigió al alcalde Mauricio Barón una retractación pública en los mismos escenarios donde, según sostiene, se produjeron las descalificaciones contra el colectivo. Asimismo, solicitó a la Personería Municipal y al Concejo ejercer sus funciones de control y garantizar las condiciones para el ejercicio de la veeduría ciudadana, recordando que la participación social constituye un derecho democrático y un mecanismo esencial para vigilar la gestión pública y defender el interés colectivo.
