El anuncio se conoció durante el fin de semana, cuando Abelardo de la Espriella afirmó que la autonomía universitaria no está por encima del orden público y aseguró que irá contra los responsables de hechos violentos incluso si tiene que entrar a los campus. El Gobierno diseñará un protocolo nacional para diferenciar la protesta legítima de la violencia y pondrá a la Policía Nacional en el centro de su aplicación.
El presidente sostuvo que las universidades no pueden convertirse en “santuarios de violencia” y que la autonomía no significa que los campus estén por fuera de la Constitución, la ley o la autoridad estatal. Según lo anunciado, la Policía será la primera autoridad operativa ante situaciones que el Gobierno clasifique como violencia, vandalismo, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. El protocolo todavía no se conoce y no hay claridad sobre sus criterios, responsables, mecanismos de control ni garantías para evitar abusos.
El Gobierno insiste en que la medida no busca afectar la protesta pacífica. Sin embargo en Colombia, la calificación de una movilización como violenta, vandálica o peligrosa ha servido para justificar la intervención de la fuerza pública contra estudiantes, organizaciones sociales y comunidades que protestan. Si el protocolo no establece reglas claras, mecanismos de control y garantías construidas con la participación de la comunidad universitaria, quedará en manos de la fuerza pública decidir cuándo y cómo intervenir dentro de los campus. Esto podría poner en riesgo la autonomía universitaria y ampliar las posibilidades de que una protesta o una expresión de inconformidad termine siendo tratada como un problema de orden público.
Pero para sectores del movimiento estudiantil el problema va incluso más allá del protocolo anunciado. Julián Báez, integrante de la coordinación nacional de la Plataforma Estudiantil ¡A Pelear!, considera que la discusión debe entenderse dentro de una política más amplia que vuelve a ubicar a sectores organizados de la sociedad bajo la lógica del “enemigo interno”. Desde su lectura, presentar la intervención de la fuerza pública como una respuesta de seguridad puede terminar generando miedo y zozobra entre los movimientos sociales y desestimulando la protesta, no solamente dentro de las universidades, sino en otros escenarios de movilización social.
La preocupación adquiere otra dimensión porque lo que ocurra en los campus puede convertirse en precedente para otros sectores. Báez advierte que si frente a la movilización universitaria se consolida una respuesta basada en la fuerza y la persecución, esa misma lógica podría extenderse posteriormente hacia otras organizaciones y comunidades que se movilicen en el país.
La reacción superó el círculo de las directivas universitarias. La Universidad Pedagógica Nacional advirtió que la militarización de los campus ha dejado graves consecuencias históricas y defendió la autonomía universitaria como un principio reconocido por la Constitución y la Ley 30 de 1992. La institución pidió que cualquier actuación estatal respete la proporcionalidad, los derechos fundamentales y el diálogo como primera respuesta frente a los conflictos.
Organizaciones estudiantiles y sindicales también cuestionaron la medida. Su preocupación es que el protocolo abra la puerta a perseguir la protesta social, a reforzar la estigmatización de estudiantes y a tratar a quienes se organizan por la educación pública como sospechosos permanentes. Voces del Congreso recordaron los antecedentes de intervenciones en universidades como la del Valle, donde el ingreso de la fuerza pública ha dejado estudiantes heridos y muertos, además de denuncias por uso desproporcionado de la fuerza.
La discusión también obliga a preguntarse qué significa realmente la autonomía universitaria. Reducirla a establecer si la Policía puede o no cruzar las puertas de una institución deja por fuera buena parte de su sentido político, académico y social. Báez plantea que la autonomía también implica la posibilidad de que las comunidades universitarias construyan conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural sin que este quede subordinado a los intereses de quienes ejercen el poder. Desde esta perspectiva, estudiantes, docentes y trabajadores no son únicamente habitantes temporales de un campus: conforman una comunidad que debe participar en las decisiones sobre las políticas académicas, investigativas e incluso sobre las formas de abordar la seguridad dentro de las instituciones.
Por eso, para sectores estudiantiles, la defensa de la autonomía también tiene una dimensión territorial. La universidad es un espacio construido y habitado por una comunidad y no debería convertirse en escenario de una guerra contra la juventud, los estudiantes, profesores o trabajadores.
Esta discusión tampoco se resuelve sustituyendo la presencia visible de la Policía por operaciones de inteligencia. Junto con Julián las propuestas que plantean fortalecer labores de inteligencia dentro de las universidades como alternativa al ingreso directo de uniformados. Para el dirigente estudiantil, este tipo de mecanismos puede resultar todavía más difícil de controlar y profundizar la persecución, la judicialización y el seguimiento contra comunidades y organizaciones universitarias.
Un llamado a la memoria
El 8 y 9 de junio de 1954, el Ejército reprimió movilizaciones estudiantiles en Bogotá. El primer día fue asesinado Uriel Gutiérrez, estudiante de Medicina y Filosofía de la Universidad Nacional; al día siguiente, durante la marcha y el cortejo fúnebre, las tropas dispararon contra estudiantes y dejaron varias víctimas mortales. Desde entonces, esas fechas se recuerdan como el Día del Estudiante Caído.
El antecedente de 1984 también sigue vivo en la memoria universitaria. El 16 de mayo de ese año, la fuerza pública irrumpió en la Universidad Nacional durante una movilización estudiantil. Las denuncias de la época hablaron de agresiones, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones y montajes judiciales contra estudiantes.
A esa memoria, el movimiento estudiantil suma otros nombres y universidades. Respecto al caso, Báez recuerda el asesinato de Johnny Silva Aranguren, estudiante de la Universidad del Valle, en 2005, y el de Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital. Para las organizaciones estudiantiles, estos casos hacen parte de una historia en la que la intervención armada y la persecución dentro de los escenarios universitarios no pueden analizarse únicamente como un problema operativo de seguridad. En esa marco hay que reconocer que la respuesta militar y policial no ha resuelto los conflictos universitarios y que sus consecuencias suelen recaer sobre quienes estudian, trabajan y se organizan.
La discusión es qué entiende el Gobierno por seguridad, quién tendrá la facultad de decidir cuándo una protesta deja de ser legítima y cuáles serán las garantías para impedir que bajo categorías como “vandalismo”, “peligro” o “alteración del orden público” termine persiguiéndose la organización estudiantil. Frente a ese escenario, Báez plantea que la respuesta del movimiento universitario tendrá que pasar por fortalecer la organización, la movilización y los mecanismos de derechos humanos. También insiste en que la defensa de la autonomía no puede separarse de las discusiones sobre los problemas estructurales de la educación y las políticas que afectan al sistema universitario colombiano.
La disputa, entonces, supera la pregunta sobre si la Policía puede entrar o no a una universidad. Lo que está en juego es qué universidad se construye, quiénes participan en sus decisiones y cómo responde el Estado cuando estudiantes, docentes y trabajadores se organizan y protestan. Frente a un Gobierno que propone reforzar la intervención policial, desde el movimiento estudiantil aparece otra respuesta: rodear a las comunidades universitarias, defender el pensamiento crítico y fortalecer la organización para construir, como plantea Julian, “una nueva universidad para una nueva sociedad”.
Escucha la entrevista completa con Julián Báez, integrante de la coordinación nacional de la Plataforma Estudiantil ¡A Pelear!, en nuestro Spotify. Una conversación sobre autonomía universitaria, protesta social, persecución y los desafíos que enfrenta el movimiento estudiantil ante los anuncios del Gobierno.
