El opaco panorama financiero del gobierno

“Voy incrementar la austeridad fiscal, a respetar la regla fiscal, y no habrá reforma tributaria que eleve impuestos” son tres afirmaciones repetidas hasta la saciedad por De la Espriella a fin de nombrarse gobernante. Y todas ellas han sido puestas en tela de juicio por el peso de la realidad, dado que la nueva propuesta de Presupuesto Nacional para 2027 contiene un aumento de cerca de 60 billones de pesos respecto del que presentó el gobierno saliente, con una adición de 80 billones respecto del año anterior. Y lo más impresionante es que el faltante de 238,6 billones en el lado de los ingresos sólo puede ser cubierto mediante aumento de la deuda, toda una fiesta para los capitalistas banqueros, quienes recibirán su “chequecito” anual, pero esta vez incrementado.

El punto central de las contradicciones financieras, en que se mueven De la Espriella y su equipo de gobierno, estriba en el difícil reto que implica querer enviarles más dinero del Estado a los capitalistas y a la vez reducirles los impuestos, sobre la supuesta base de achicar el tamaño del Estado en hasta un 40%. El recorte del gasto anual es difícil porque su ordenamiento responde a normas constitucionales, leyes estatutarias y orgánicas que se traducen en una rigidez en la ejecución del gasto de hasta del 93%. De allí que desde el gobierno de C. Gaviria (1990) se haya fracasado sistemáticamente en ese propósito, por lo que el presupuesto nacional respecto del PIB pasó del 12% y llegó a cerca de un 28%.

Por eso, ante el peso de la realidad y a fin de aparentar que no se está desnudo frente a la realidad de las cuentas fiscales, resulta socorrido el “principio gebeliano” de mentir; mentir una y otra vez hasta que la mentira sea asimilada como la VERDAD, y para ello nada mejor que gobernar con el espejo retrovisor e inculpar al gobierno anterior, en el objetivo de ocultar que dificultades se vienen acumulando y desplazando desde hace bastante tiempo.

El cuadro uno reordena la información del total de ingresos y gastos a fin de destacar algunos elementos asociados al déficit y su financiamiento.

Los ingresos por impuestos apenas cubren la mitad del presupuesto anual, y aún con esto el gobierno pretende reducirles los impuestos a las grandes empresas. Hay que tener presente que la presión tributaria sobre el PIB en Colombia apenas es cercana al 20%, cuando en Argentina es del 28%, en Brasil del 34% y Francia de 43%.  Por esa razón, la mayor parte del faltante se debe cubrir con deuda, y en ese contexto resulta muy rentable para el sector bancario la propaganda mediante la cual se vende como verdad absoluta que las empresas “ya no pueden con más impuestos”.

El peso del servicio de la deuda (intereses más amortizaciones) en el presupuesto anual ya era enorme en 2026, llegando a los 100 billones. Sin embargo, ese rubro, en la nueva propuesta para 2027 salta hasta los 155.4 billones; de los cuales 94 son sólo para el pago de intereses. Es decir, el 25% del gasto público se iría en manejo de la deuda. Con la mitad de ese pago se cubriría en forma sobrada las necesidades que dejó el terremoto del pasado diez de agosto. Y ante esa cifra las supuestas donaciones del sector bancario son una mera broma.

Pero, además, el faltante de recursos propios indica que se requerirá un endeudamiento nuevo de 180 billones, los que deberán contratarse en una circunstancia de altísimas tasas de interés, cuya nueva presión incluso podría mover aún más al alza. Téngase en cuenta que el Banco de la República ha empujado la tasa de interés de referencia del 9,25 al 12% en el último periodo; condición a la que se suma la desconfianza sobre la deuda del gobierno, creada por la nota baja que le han impuesto las “calificadoras” internacionales, razón por la cual debe pagar un sobrecosto (spread) que ronda el 3%. Así que, por lo bajo, se puede suponer un sobrecosto del 4% anual, que aplicado a la nueva deuda anual de 180 billones daría un sobregasto de 7,2 billones, de los cuales el 81% se queda en manos de los grandes bancos colombianos, implicando un incremento de 5,8 billones en el chequecito anual que les traslada el gobierno.

En consecuencia, el gasto de inversión queda por debajo de lo que se paga en intereses, resultado que limita el papel del Estado para cumplir con las crecientes necesidades de inversión social en salud, educación o vivienda, razón por la cual el monto del Gasto Social decrece en términos reales, pues el rubro monetario solo crece en 5,6%, esto es menos que la inflación esperada[1].

Es importante tener presente que, a nivel agregado, en una sociedad todo el valor nuevo –fruto de los trabajadores directos- se distribuye entre salarios, ganancias y rentas (financieras, de la tierra, espacio construido y demás). Sobre esa macro-distribución primaria –regida por la propiedad de los medios de producción- actúa la redistribución del Estado, tomando recursos de algunos sectores -por la vía de los impuestos-, y esa masa la traslada a otras partes -mediante su gasto-. El cruce entre pagos y subsidios debe permitir identificar el grado de progresividad del gasto público. Sin embargo, la presentación del Presupuesto Nacional y sus cuentas específicas se presentan en forma opaca, evitando transparentar qué sectores serán los grandes beneficiados.

De acuerdo con la Propuesta, los rubros que se incrementan muy por encima de la inflación serían: trabajo (17,8%), al incluir mayores recursos para pensiones; Justicia (14%); defensa nacional, que pasa de 46,2 a 53,7 billones (16,1%), cuyo gran receptor es Defensa, que recibe un fuerte incremento de 5 billones. A ellos se agregan dos rubros totalmente opacos: Hacienda (35,1%), e Inclusión Social y Reconciliación, que pasa de 12,7 a 25 billones, es decir se duplica. En particular el nuevo proyecto incluye mayores partidas para salud, que se materializará en más recursos para el capital privado anclado en las EPS. Mientras, enfrentarán recortes sectores como ambiente y agricultura, sector último que es de los que más pierde, pues no sólo se le quita al Ministerio de Agricultura, sino que además la Agencia Nacional de Tierras-ANT queda desfinanciada, al caer sus ingresos de un billón a sólo 0,3 billones, con lo cual se matan los precarios esfuerzos de Reforma Agraria.

Y, como si fuese poco, a la opacidad de las cifras se suma un ambiente especulativo y de show, que le viene imprimiendo el gobierno. Esto porque procede como el falso vendedor de ganga, que un día eleva el precio, para al siguiente bajarlo al nivel anterior, pero haciéndolo pasar falsamente como un gran descuento.

Fue así que, tras subir el total del Presupuesto en 80 billones, al finalizar la tarde del día siguiente de su publicación y en medio de la Convección de los banqueros (Asobancaria), el Ministro afirmó que recortarán en gasto de 2026 en 21,9 billones, sin dar más explicaciones, agregando que en el Consejo de Ministros del día sábado 29 se definiría el cómo.  No obstante, no se conoce de resultados o medidas reales al finalizar el día 30 de agosto, con lo cual las medidas se toman a la espaldas de la mayoría, se mantiene la opacidad y en los medios sólo se replica el show propagandístico.

En medio del show, los llamados “centros de pensamiento”, las grandes empresas de noticias, y los partidos de la derecha, con plena normalidad saltaron de su anterior posición en la cual rabiosamente le exigían severos recortes al gobierno anterior, para por milagro pasar a defender el fuerte incremento del nuevo Presupuesto, giro que incluso fue duramente capoteado por los mismos grandes gremios empresariales, repitiendo el coro de que se trataría de un paso hacia la verdad.

Pero las cosas no pararon ahí, porque hasta se usó la contradictoria afirmación de que se trataba de incrementar el gasto, pero siendo austeros (¿?!!). Y para dar forma pública a esa idea, el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habló de que las transferencias sufren un recorte de 12,9 billones, sin explicitar más. En la medida que las transferencias a departamentos y municipios están definidas por ley, la única posibilidad es que se recorten trasferencias secundarias, las que suplementan las obligaciones de municipios, gobernaciones. Así que habrá que ver esto a futuro, en la medida que el gobierno ha estado afirmando mayores compromisos con ellos, en especial por las demandas que crearon el terremoto y los incendios en Tolima.

Y en tanto que este gobierno de “los milagros” funciona como lo hace el “culebrero”, esto es, afirmando que sus pócimas mágicas lo curan todo, así mismo ha ofrecido la promulgación de una Ley de Financiamiento; iniciativa que se presentaría este mismo mes y que supuestamente no causaría más impuestos, sino sólo recortes de gastos hasta llevar el déficit primario a sólo 2,1% del PIB. Por lo tanto, aún queda por saberse qué sectores de gasto social sufrirán los drásticos recortes a partir de este año, y cuáles sectores capitalistas se beneficiarán de mayores traslados, tal cual lo ya hace el sector bancario.

Así que entre expectativa y show habrá que esperar a ver cómo es que obrarán “las pócimas mágicas de los milagros”.

[1] Cuadro 4.2.23. del documento de Propuesta oficial del Ministerio de Hacienda.