En el mes de junio de 2023, se cumplirán cuatro años del mandato presidencial de Nayib Bukele en El Salvador. En este país de Centroamérica, Bukele se mantiene en el poder con alta popularidad y con la creación de una imagen internacional basada en la “renovación, juventud y emprendimiento”.
La imagen presentada en este contexto resulta muy distinta a la realidad de la población salvadoreña, quien cada día experimenta con mayor frecuencia los efectos negativos de la pérdida de los más elementales derechos civiles y políticos, el encarecimiento de la vida y la destrucción del aparato productivo en el marco de un gobierno autoritario.
Estos logros se sustentan en acciones violatorias de los derechos humanos y el DIH contra las comunidades organizadas y una serie de políticas enfocadas en la confrontación de las bandas y grupos delincuenciales con un discurso punitivista, reaccionario y agresivo contra sectores marginados, empobrecidos y sometidos a la criminalidad.
En una entrevista con comunidades organizadas, Trochando Sin Fronteras habló con Elena Friedman, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular en El Salvador. En mayo, esta organización presentó un balance de estos cuatro años de la presidencia de Bukele.
La organización política – Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular considera que en los cuatro años de poder, uno de los elementos fundamentales fue la concentración de poder en el personal, en la institucionalidad y también en los medios de comunicación. Expresan, el anuncio de Bukele en el que pretende la reelección viola la constitución, lo cual para ellos es inaceptable, ilegal e ilegítimo.
«En 2020 militarizó la Asamblea Legislativa, el año siguiente consiguió una mayoría absoluta en ese órgano y en su primer día de posesión destituyeron la sala de la Constitucional de la Corte, destituyeron al Fiscal General de la República».
En las denuncias se incluye la destitución de cien jueces, además de poseer un aparato mediático que incluye medios nacionales, digitales y un ejército de troles en las redes. De acuerdo con las organizaciones, disponer de todo este equipamiento le ha permitido, después del régimen de excepción dictaminado en marzo de 2022, encarcelar, torturar y desaparecer.
«El gran denominador común es que los detenidos son mayoritariamente los pobres», entre los detenidos se encuentran pandilleros, jóvenes, sindicalistas, cooperativistas, dirigentes antimineros y dirigentes políticos. Las organizaciones denuncian que la corrupción es muy frecuente y que muchos de los jefes principales de las pandillas están en otros países.
Elena pone como ejemplo de corrupción las leyes retroactivas, que favorecen en el caso de la salud al ministros, así como la reserva de toda la información del COVID-19, la construcción de infraestructura (aeropuerto y cárceles), los bitcoins y el tema de los Homicidios. También es inquietante para las comunidades el aumento de la deuda pública, que alcanzó el 85 % del producto interno en 2022, aunque para medios locales esta se encuentra en el 75.8 %.
Al incremento de la deuda pública, se le suma el deterioro de las condiciones de vida; en 2023, los alimentos han aumentado en 30 %, se han perdido empleos y aumentó en 4 % en el índice de pobreza. A esto se suma la eliminación de 15 programas sociales y el aumento de la emigración.
Situación de Derechos Humanos
De acuerdo con Elena, en el país en los cuatro años de Bukele hay más de ocho mil denuncias ante las instancias de derechos humanos del país, en los que se destacan violación a los derechos de los niños, represión, persecución política, todo esto en el marco del régimen de excepción.
#DiarioCoLatino | Fallecidos en Centros Penales bajo Régimen de Excepción.
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«… Hay entre 150 y 200 muertos que se han registrado, claro, no oficialmente porque no hay datos oficiales en la cárcel desde que inició el régimen de excepción. Por eso hay más de 8,000 denuncias que se han puesto en instancias de derechos humanos en El Salvador».
Los miembros del Bloque rechazan la creación y nombramiento del colombiano Andrés Guzmán, Comisionado de Derechos Humanos de la presidencia, cuando en el país existe la figura de Procuraduría de Derechos Humanos y un conjunto de organizaciones. A lo anterior se añade que la persona designada en tal cargo es un experto en delitos cibernéticos y espionaje conocido en Colombia y vinculado a la ultraderecha del país.
