El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia exigió al Gobierno Nacional mayor voluntad política para cumplir los acuerdos pactados en febrero, tras un balance de avances y retos en la mesa de diálogo reinstalada recientemente.
Las comunidades organizadas del departamento de Arauca han reafirmado su compromiso con la defensa de sus derechos, tras realizar un balance de los avances y desafíos en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. Durante dos intensas jornadas de trabajo, los representantes de las comunidades realizaron un balance detallado sobre los acuerdos logrados en febrero de este año y plantearon nuevas exigencias frente a los retos persistentes que afectan la región.
Las reuniones, que tuvieron lugar los días 29 y 30 de noviembre, contaron con la presencia de distintas entidades gubernamentales. Dentro de los temas discutidos destacaron avances en infraestructura hospitalaria, la asignación presupuestal para proyectos clave, como la Bocatoma del Acueducto de Saravena, y los problemas en salud, especialmente por deudas de las EPS con prestadores locales. Sin embargo, las comunidades denunciaron la falta de voluntad política en áreas críticas, tales como la inversión social, la protección de líderes comunitarios y el fortalecimiento de los procesos productivos locales.
Joana Pinzón, vocera de las comunidades, destacó: “Si bien hemos visto avances en algunos compromisos, como en proyectos de salud e infraestructura, persisten grandes incumplimientos. La crisis humanitaria que vivimos exige una respuesta responsable y efectiva del Gobierno Nacional. Hemos propuesto un espacio de denuncia el próximo 11 de diciembre para visibilizar las problemáticas que siguen afectando a nuestro territorio y exigir soluciones concretas.”
Las comunidades enfatizan la importancia de garantizar seguridad en los territorios, fomentar la inversión social, salvaguardar a los líderes comunitarios y respetar los acuerdos establecidos. Estos temas son fundamentales para la construcción de una paz y para garantizar condiciones de vida dignas en el departamento.
Mientras tanto la movilización se mantiene como una herramienta de presión social, con el apoyo de las comunidades que buscan justicia y soluciones a décadas de abandono estatal. Las organizaciones sociales hacen un llamado al Gobierno Nacional a actuar de manera responsable, recordando que el cumplimiento de los compromisos no solo fortalece la confianza institucional, sino que también es clave para resolver los problemas históricos de la región.
El proceso de diálogo continuará sujeto al avance en los acuerdos, con la esperanza de que el Estado atienda las demandas legítimas del pueblo araucano.
