Trochando Sin Fronteras – Agosto 10 de 2020
El 4 de junio, se cumplía el segundo mes del Estado de emergencia, social, económica y ambiental, aprovechando esta situación, la Presidencia de la república emitía varios decretos. Uribe, por medio de Duque, avanzaba en la implementación de medidas privatizadoras, tendientes a “reducir” el Estado y a ampliar la inversión privada. Entre las medidas adoptadas está el decreto 811 que establece “medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaría del Estado”, en plata blanca, permite compra y venta de acciones y empresas, permitiendo privatizaciones parciales o totales de empresas del Estado, sin especificar en ninguna parte cuáles empresas serían enajenadas.
Esta medida impulsada por el gobierno, pretende aprovechar la situación de la pandemia generada por el Covid-19 para dar un golpe mayor a los bienes de los colombianos y las colombianas, entregando empresas del Estado para el capital privado, o en otro aspecto, invertir dineros públicos en empresas privadas, capitalizando los negocios de terceros sin asumir el control de las empresas ni estatizándolas[1].
El decreto 811, es contrario a las disposiciones de la constitución política, pues pretende privatizar empresas del Estado con la firma presidencial y de los ministros, concentrando el poder de definición en la rama ejecutiva del Estado, quitando margen de maniobra al congreso de la república, además, reglamenta arbitrariamente procedimientos para la venta de las empresas o las acciones y define quienes pueden ser beneficiarios especiales[2] de esas privatizaciones[3].
Más allá de todas las acciones en contra de las leyes del país[4] y los enredos jurídicos a los que apelan para construir un decreto que se contradice entre considerandos y cuerpo del decreto, la medida es un mal negocio para los colombianos y colombianas, porque significaría avanzar en la venta de Empresas como Ecopetrol, que es una de las pocas estatales que maneja todo el circuito económico de su rama (producción, transporte, refinación y venta), o de sus filiales, como Cenit, que controlan aspectos claves como el transporte de crudo y derivados. Si las medidas del gobierno se fundamentan en la falta de dinero para afrontar la pandemia, ¿por qué vender empresas que aún en tiempos difíciles son rentables? ¿qué sentido tiene vender acciones de empresas como Ecopetrol para comprar acciones de empresas como Avianca sin asumir su control? ¿Esto no es una medida para enmascarar la privatización?
Vender las empresas del Estado es como vender gallinas para comprar huevos, la liquidez, rápidamente sería gastada, una parte malbaratada y otra se quedaría en las manos de los corruptos. Para llenar los vacíos fiscales y en el presupuesto del Estado que se suplían con las ganancias de las empresas estatales, el gobierno, consecuente con su postura de clase oligarca, adelantará una nueva reforma tributaria (aún sin vender las empresas ya lo anunciaron) que como la mayoría que han hecho en el país será regresiva, golpeando mayormente a la clase popular.
El decreto 811 encarna las intenciones de la clase dominante en avanzar hacia la entrega de los bienes del Estado. El gobierno de Duque venía dando tumbos, altamente inexperto y con fracturas entre los partidos de la burguesía tradicional y el gobernante, asociado a la burguesía mafiosa-terrateniente, esa fractura había imposibilitado el alcanzar mayores medidas para impulsar las acciones privatizadoras, no porque tuvieran visiones económicas diferentes, sino porque detener las iniciativas del Estado en el congreso, garantizaba la entrega de dádivas y coimas a los partidos tradicionales. Con la declaratoria y luego extensión del Estado de Emergencia, el gobierno cohesionó por la fuerza, concentró el poder e impulsó las medidas acordes a sus intereses.
En materia de soberanía, las medidas del gobierno central suponen un golpe aún mayor a la ya maltrecha autodeterminación en el país. Permitir la entrada de militares extranjeros sin aprobación del congreso, endeudarse y ahora entregar sectores económicos estratégicos (como el caso del energético), dejan a merced de las decisiones del capital internacional necesidades centrales de los trabajadores como el combustible o el transporte de electricidad.
La posible venta de las empresas colombianas, y en especial de Ecopetrol o de alguna empresa de su grupo, supone un descalabro para el movimiento social. La pandemia ha significado un toque de queda fundamentado en la enfermedad. A hoy, están permitidas la mayoría de las actividades productivas, sin embargo, las “aglomeraciones” se encuentran prohibidas, pero no se prohibieron las aglomeraciones del día sin IVA o los hacinamientos en cárceles y estaciones de policía. Las principales aglomeraciones prohibidas son las de movilizaciones sociales de los sectores populares, marchas, plantones y huelgas.
El estado impulsa estas medidas privatizadoras cuando estamos en un momento de miedo generalizado por posibles contagios y donde el estado policivo se fortalece, aplicaciones, cámaras, mensajes en medios de comunicación… Todo orquestado para dejar hacer, dejar pasar. Sin embargo, obreros petroleros, comunidades rurales, defensores de derechos humanos mantienen el espíritu de lucha necesario para defender los bienes colectivos, haciéndose urgente la suma de personas, procesos y propuestas para defender la riqueza socialmente construida.
No podemos olvidar, que empresas como Ecopetrol, son producto de las históricas luchas de los obreros en el país, de su fortaleza contra “la troco”[5], contra las concesiones de Mares y Barco y contra la exclusión y la pobreza. Ecopetrol como empresa estatal fue iniciativa de los trabajadores y trabajadoras, es apuesta de soberanía y deberá ser apuesta por producción sustentable con el ambiente.
El decreto 811 en sus aristas jurídicas, económicas, sociales, políticas e históricas representa un peligro contra el pueblo colombiano, más allá de las definiciones de exequibilidad o no que emita la corte, para hacerle frente debemos fortalecer la lucha popular, las movilizaciones, manifestaciones y jornadas, y abrazar a quienes se encadenaron al Machín o en plaza pública están dando la batalla por las empresas de los colombianos.
Referencias
[1] Articulo 2 – Decreto 811 de 2020
[2] Artículo 60 de la Constitución Política de Colombia
[3] Artículo 8 numeral 4 – Decreto 811 de 2020
[5] Tropical Oil Company, La troco le decían las comunidades del magdalena medio santandereano y antioqueño
