jueves, septiembre 23, 2021

¿Por qué una economía de fondos públicos?

En este sentido, lo que se requiere es concebir un conjunto de nuevas leyes que tengan coherencia y sean capaces de sacar al país de la crisis, proyectándolo hacia un futuro, por demás ajeno al pasado proteccionista con el cual la burguesía colombiana levantó cabeza y capital

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Trochando Sin Fronteras – mayo 26 de 2021

Entendemos que las exigencias levantadas en el paro se han convertido en la puerta de salida a la profunda crisis del país. Consideramos que a partir de ahí, se fortalece un proceso de carácter colectivo, incluyente, labrado a partir de una nueva democracia, y en perspectiva de superar las condiciones que permiten la exclusión y explotación sobre las que se sostiene en capitalismo. Comentamos aquí parte del contexto legal en el que surgen esas demandas en procura de extraer aprendizajes, y así poder señalar a qué responderían en cuanto propuesta alternativa.

El problema de las pensiones

Empezamos con el problema pensional porque al afectarnos a todos y todas, ayuda a presentar el contexto común a los varios rostros de la crisis social.

Este problema lo sintetizó el Ministerio de Trabajo en 2019 al afirmar que en el futuro hasta el 90% de la población trabajadora estará excluida del derecho a recibir una pensión, esto significa que quedará condenada a una vejez de precariedad, pues en la actualidad sólo cotiza un 25% de los trabajadores y la mayoría no alcanza a completar los mínimos requeridos. La situación del tema pensional no ha hecho más que agravarse desde que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 que dividió el sistema anterior entre una parte privada y otra pública. Con esa medida se le quitó una pata al trípode sobre el que descansa el sistema público solidario, con el fin de empujarlo a la quiebra.

Lograr tal quiebra tiene como objetivo que los recursos del ahorro pensional pasen en su totalidad a manos del sector financiero, que ya maneja cerca del 74% de cotizantes, con un valor de 317 billones de pesos, a fines de 2020 (equivalente al 31% del PIB). A inicios de los noventa el sistema público ya arrastraba dificultades porque los gobiernos incumplían con los pagos programados, utilizaban el fondo de ahorro pensional como un bolsillo auxiliar para tapar las situaciones de déficit fiscal, a además de usarlo como cosa propia para sus negocios y tropelías politiqueras. Para profundizar su quiebra, se procedió a traspasar cotizantes al sistema privado y por este motivo ahora se tiene que trasladar un monto anual del presupuesto público cercano a 40 billones de pesos a fin de sostenerlo, dificultad que es hábilmente instrumentalizada para justificar su liquidación.

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Frente a este ataque, las centrales obreras han defendido el sistema solidario de prima media que administra Colpensiones (antiguo ISS), pues en la práctica ha mostrado que genera mejores beneficios que el sistema de ahorro privado e individual. Esperamos ampliar esto después, pero de pasada se pueden listar las debilidades del sistema privado:

      • En el sistema de ahorro individual, el pensionado recibe mesadas menores.
      • Los recursos de ahorro que pertenecen a los asalariados se transforman en capital que pasan a manos del gran capitalista.
      • Es decir, los proletarios financian a los capitalistas y su propia explotación, así lo que tiene un carácter social se utiliza como cosa privada.
      • El fondo pensional es usado en la especulación financiera, y existe el riesgo de que los ahorros se esfumen, en especial en momentos de crisis, lo que ya le ha sucedido a trabajadores en los EEUU y otros países.

Por las anteriores razones resulta justificada una nueva ley que liquide el sistema privado y permita que los recursos recuperen su legítimo carácter, el de ser un fondo social que se debe administrar en forma pública, a fin de disponerlos para potenciar el desarrollo de las capacidades productivas. Pero alcanzar una reforma legal bien formulada que elimine exclusiones e inequidades sólo consistiría en una etapa del objetivo para garantizar ese derecho social, pues ella está vinculada a la solución de cómo lograr la estabilidad de largo plazo del sistema.

Por sencillez, la estabilidad puede descansar sólo en una auto-sostenibilidad de ingresos y pagos, o en una redistribución del ingreso nacional entre salarios y ganancias, vía presupuesto público. La auto-sostenibilidad del sistema requeriría que los ingresos crezcan a tasas similares a los pagos. Esto demandaría, entre otras posibilidades, de la incorporación de nuevos trabajadores o del alza del salario promedio, que de no quererse una afección de la ganancia del capital, exigiría un incremento similar de la productividad. De esa forma se podría cubrir el progresivo aumento de flujo de pagos, pues los jubilados tienden a vivir cada vez más años, debido al crecimiento de la esperanza de vida.

Es decir, bajo condiciones capitalistas el sistema solidario de prima media solo sería auto-sostenible bajo el supuesto de un desarrollo creciente de las capacidades productivas. De suceder lo contrario: menor proporción de empleo formal, salario promedio a la baja, y reducción de los cotizantes, es apenas obvio que las salidas por pago de pensiones superaran en algún momento a las entradas de recursos provenientes de los nuevos cotizantes, haciéndose estructuralmente insostenible. Este es el peligro de fondo que se enfrenta, agudizado por el hecho de que los trabajadores informales llegan al 60%, y con tendencia a crecer. Por eso en la práctica se niega el derecho a jubilación.

En síntesis, la Ley 100 de 1993 permitió “quitarle una pata a una mesa de tres patas”, y legalizó que el capital metiera sus manos y se apropiara de parte del fondo de ahorro pensional. Con ello se impide la continuidad del pacto social entre-generaciones necesario para sostener al sistema de prima media. Pacto que consiste en que, la generación jubilada ya laboró el tiempo proporcional a los años de descanso correspondientes a su vejez, y en consecuencia han legado un ahorro de tiempo social de trabajo, materializado en medios de producción, y manifiesto en el fondo pensional.

El problema del empleo

La consideración del asunto pensional se encadena con el contexto del empleo, afectado con el duro golpe de la Ley 90 de 1991 que pasó a regular la venta y explotación de la fuerza de trabajo. Con ella se incrementó la tendencia a precarizar los contratos y desfavorecer a los asalariados, luego profundizada en 2002 con la Ley 789. Los frutos de esas reformas impactaron negativamente en los jóvenes y los han colocado hoy en las calles. Aun así  se les ningunea al calificarlos como “los chicos”, o los “ni ni”, como si su lucha fuese un ataque de acné juvenil, esto cuando no se los trata como vándalos. Los efectos del quiebre se pueden apreciar si nos permitimos una comparación cualitativa de las condiciones de vida entre generaciones.

Si un joven de la generación “anterior” contaba con poca calificación, pero entraba como obrero en una fábrica, su vida no era color de rosa, pero tampoco una mierda. Digamos que si aguantaba el ritmo de explotación y se comportaba como buen ahorrador, con el pasar de los años podía acceder a una vivienda, a su carrito, podía con sacrificio sostener la familia, y al final de su vida laboral obtenía una pensión. Ese tramo era facilitado por los fondos sociales dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda, (por ejemplo el ICT), educación, salud, y servicios domiciliarios.

En cambio hoy, un joven con alta calificación ya pinta para free-lancer. Eso significa que ha invertido unos 22 años de su vida preparándose para competir en el mercado laboral (no para vivir), y que él y su familia le han vendido por adelantado su pelleja al sistema financiero. Por eso tiene como incentivo que la vida laboral no le bastará para salir de deudas, y que al final de su vida ni tan siquiera le esperará la tibia esperanza de una pensión. Y nótese  que se trata del suertudo, esto es del 16% que termina estudios superiores, pues el restante 84% se queda en el camino y en la inmunda, es decir, entre la informalidad y el desempleo.

El ejército de economistas -neoliberales, poskeynesianos, neoinstitucionalistas y de comunicadores sociales al servicio del capital, dirá que esto es una vulgar caricatura. Sin embargo en las calles podrán apreciar los frutos de su amarga siembra: el de un proletariado joven conducido a una encrucijada sin precedentes[1]. Tal vez, esto ayude a explicar su disposición de lucha contra un sistema tan injusto.

Resultaría pertinente describir, si quiera, los cambios adyacentes en los sistemas de salud, educación, vivienda, servicios domiciliarios, transporte urbano y obras públicas, pero solo agreguemos que los recursos públicos se recortaron o fueron trasladados a manos de los grandes grupos económicos.

El asunto tributario y las finanzas

El diseño actual de la reproducción social es el de un capitalismo de déficits y deudas, en que no sólo las familias trabajadoras están empeñadas de por vida, sino también los subsistemas de seguridad social y el mismo Estado. Esto se consolidó con las leyes emitidas a inicios de los noventa que produjeron cambios en los sistemas: tributario, financiero, y monetario. Aquí la billonada que se le entrega al sistema bancario y financiero es brutal.

En lo tributario los cambios se dirigieron a disminuir los ingresos de aranceles a las importaciones, y a reducir los provenientes de las utilidades de las empresas, recibiendo un tratamiento muy preferente las firmas extranjeras, sobre todos las de petróleo y carbón. Esos ingresos fueron sustituidos fundamentalmente por el IVA, afectando el salario real. Quién tenga dudas sobre la dimensión y los resultados que pregunte al doctor Carrasquilla.

Sólo los beneficios tributarios establecidos con la reforma fiscal de 2019 se estiman en más de 12 billones para 2022. Se debe agregar que la evasión y elusión fiscal se ha estimado en el orden de 23 billones al año, y las exenciones y descuentos tributarios abarcan por lo menos 14,6 billones anuales. A esto se debe sumar el consto fiscal de las ventajas otorgadas al sector de minería y petróleo cercano a 7 billones. Y para redondear se puede sumar la cifra conservadora de los 9 billones de peso anuales que se lleva la corrupción.

Como aquello no les parece suficiente, al sistema financiero se le entregó la función pública de emitir el grueso de la liquidez. Esto significa que el Banco de la República se contiene en la emisión de crédito, y más bien ha dejado que el señor Sarmiento y demás banqueros sean quienes desde sus trincheras multipliquen la base monetaria. Así que por sólo tomar los ahorros de la sociedad y tronar los dedos, se embolsaron en un año de crisis como 2020 utilidades por valor de 55,5 Billones de pesos, mientras en 2019 llegaron a 89 billones, proviniendo la mitad de los fondos de pensiones, momento en que sus activos rondaron los 2.000 billones de pesos.

Los cambios en el modelo tributario y de financiamiento se conjugan y hacen del Estado un reo de los grandes grupos capitalistas “nacionales”. El permanente déficit fiscal se cubre también con incremento de deuda, que ahora es contratada mayoritariamente con los banqueros “nacionales” a quienes otrora les entregó la función social de emitir liquidez. En consecuencia el gobierno le adeudó al sector privado interno un total de 389,8 billones de pesos a fines de 2020 (que se corresponde al 62,9% del total), y por eso trasladará 46,8 billones por pago de su servicio, de los cuales unos 22,3 billones son sólo intereses, esto es, casi dos reformas tributarias.

En síntesis, la acumulación de capital de los grandes grupos económicos descansa en las reformas legales formuladas a inicios de los noventa. Estas son un entramado interdependiente de leyes que determina el mercado en cada subsistema. Ese contexto legal e institucional debe ser bien considerado, pues condiciona las alternativas de salida.

El conjunto de exigencias levantadas desde fines de 2019 conducen a pensar que los reclamos chocan de frente con todo el tejido que facilita la acumulación de capital, porque se ha entendido que de poco vale colocarle alguna enmendadura a tal o cual artículo de una u otra ley. De ser así, se estaría pasando de la mera contención hacia una actitud orientada a la transformación, que por ahora se limita a la reforma. Y en este sentido, lo que se requiere es concebir un conjunto de nuevas leyes que tengan coherencia y sean capaces de sacar al país de la crisis, proyectándolo hacia un futuro, por demás ajeno al pasado proteccionista con el cual la burguesía colombiana levantó cabeza y capital.

Es allí en dónde hay que pensar qué tipo de economía se quiere impulsar, y qué papel jugará en ella la democratización en curso.

[1] De los artículos escritos en estos días de paro resulta destacable “la rebelión social y el “movimiento real” de la clase trabajadora
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