Trochando Sin Fronteras, Editorial edición impresa Abril – Junio de 2018
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]C[/dropcap]aminamos en un marco de rediseño geoestratégico de los oligopolios en el que se contempla un plan integral para adueñarse del mundo. Así se evidencia con los constantes ataques contra pueblos que luchan por su soberanía y autodeterminación como Libia, Siria, Yemen, Palestina, y países de América Latina.
La dinámica geopolítica mundial ha venido cambiando en los últimos años, pasando de un escenario de unipolaridad en cabeza de los Estados Unidos, que como gran fortaleza económica y militar marcaba los designios del resto de países, a un escenario multipolar en el que se disputan intereses económicos y políticos de otros Estados como Rusia, Irán y China los cuales se consolidan como nuevas potencias mundiales.
Estos forcejeos se reflejan públicamente en las tensiones entre los poderíos internacionales. Es el caso del último ataque directo de Estados Unidos contra Siria apoyado por Francia y Reino Unido, el cual fue justificado por un supuesto uso de armas químicas, pero que en realidad, se juega el interés de apoderarse de los abundantes recursos naturales como el petróleo y controlar el mar mediterráneo para lo cual deben poner fin a los gobiernos de avanzada y antiimperialistas en el Medio Oriente y fortalecer las monarquías árabes pro occidentales afines a sus intereses; hecho en el que Rusia viendo afectados sus intereses, también políticos y económicos, como potencia Euroasiática sale en la defensa militar y política de Siria a través de suministro de armas y la advertencia de una respuesta bélica contra los Estados Unidos, poniendo en el plano mundial la posibilidad de una nueva guerra internacional.
América Latina tiene los recursos naturales que el capital transnacional necesita, por ello afianzan la guerra en su contra. El proceso de derechización avanza en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. La guerra económica y los constantes hostigamientos contra el pueblo y el gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela y la condena a 12 años de prisión a Lula Da Silva en Brasil a fin de impedir su candidatura a las próximas elecciones en el mes de octubre, hacen parte de esa estrategia política. De igual manera, la derechización ha llegado a instancias de integración soberana como son los organismos autónomos regionales UNASUR y la CELAC, así lo demuestra el anuncio de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú de suspender su participación en la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR), en un claro sometimiento a los intereses norteamericanos.
El panorama mundial no es de paz sino de guerra y Colombia no escapa a los designios del capital. Pese haberse llegado a unos acuerdos con las FARC EP y estar en proceso de diálogos con el ELN, el gobierno de Juan Manuel Santos, en representación de los intereses de la oligarquía colombiana y los imperios, afianza las políticas neoliberales contra el pueblo.
La criminalización de la protesta social se agudiza. En lo corrido de este año, por lo menos 52 dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados y otros 13 han sido judicializados injustamente, sin que el gobierno reconozca esta práctica como una política de exterminio a quienes piensan diferente al régimen. Después de los injustos procesos afrontados por líderes campesinos del Sur de Bolívar, le llega el turno a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde dirigentes sociales y políticos, defensores de DDHH, líderes afro e indígenas, entre ellos tres miembros del Congreso de los Pueblos, fueron encarcelados, acusados de pertenecer a las redes de apoyo del ELN, su delito, atreverse a defender el territorio. De igual manera, la mentada garantía de participación del pueblo a través de la elección popular se ve amenazada una vez más, el Senador campesino del Polo Democrático, Alberto Castilla ha sido estigmatizado públicamente y afronta una investigación penal por presuntos vínculos con el ELN.
Por otra parte, gobiernos como el colombiano se jactan ser democráticos, pero, si tenemos en cuenta las cifras de la población apta para votar y los que realmente lo hacen, la ganadora es la abstención. En las elecciones presidenciales de 2014 ésta llegó hasta el 59.93%[1], es decir, que casi 20 millones de colombianos de los 33 habilitados para hacerlo, no ejercieron su derecho al voto, lo que representó el pico más alto en los últimos 20 años.
Sin embargo, los resultados de las elecciones al senado y las que se avecina a presidenciales, muestran un panorama desalentador, por la división y fraccionamiento de la izquierda colombiana, en la que algunos sectores denominados de oposición electoral hacen alianzas con sectores neoliberales que aparentan ser demócratas.
A pesar de estas divisiones, surgen candidatos progresistas que repuntan en las encuestas nacionales y que representan un contrapeso a los candidatos de derecha. Entendemos que en el supuesto de un gobierno de Gustavo Petro, no se va a resolver los problemas estructurales de este país, pero sí significaría un alivio para las mayorías de colombiano que han sufrido directamente el afianciamiento del neoliberalismo, narco paramilitarización de la sociedad, corrupción, privatización, etc., durante los últimos años.
Pese a este panorama desolador, el pueblo colombiano continúa su apuesta por la construcción de un país para la vida digna. Desde nuestra región continuamos el proceso de resistencia de manera activa, apostándole a la consolidación de nuestra propuesta política y de economía popular.
Es así como en ejercicio real de fortalecimiento organizativo, los diferentes sectores y procesos se han dispuesto a desarrollar sus asambleas a fin de proyectar las líneas de acción correspondientes al momento político; la consolidación y fortalecimiento de las Guardias Campesinas, Étnicas y Populares, como fuerzas autónomas de los pueblos para su protección y de los territorios; nuestra constante confrontación jurídico política al régimen, esta vez representada en el impulso de las Consultas Populares como mecanismo de participación de las comunidades en las decisiones que las afectan, ahora, para definir sobre el desarrollo de megaproyectos extractivistas; igualmente continuamos en la implementación de nuestra concepción a cerca del territorio y el ordenamiento territorial, en ese sentido, impulsamos los Territorios Campesinos Agroalimentarios, como instrumentos de protección y ejercicio de soberanía popular.
Ante la amenaza imperialista, le apostamos a la unidad de los pueblos, partiendo por reconocer la diversidad latinoamericana y mundial, a fin de afianzar un relacionamiento internacional, revolucionario y socialista.
[1] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14036215
