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Estado Colombiano obligado a reconocer responsabilidad en homicidio de Valentín Basto


valentin

Trochando Sin Fronteras Norte de Santander 26 de abril de 2016

En El Cerrito, Norte de Santander, el pasado 17 de abril se realizó acto público de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón a la familia, la comunidad y el país

28 años después de haber sido asesinado VALENTÍN BASTO, el gobierno nacional se ve obligado a reconocer públicamente su responsabilidad en el crimen contra ese defensor de derechos humanos y líder campesino, buscando evitar que el proceso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado sea condenado por desconocer los preceptos de la Convención Americana.

Al no obtener justicia en Colombia, familiares y compañeros de VALENTÍN BASTO acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso, en el que también se encuentra el homicidio del campesino PEDRO CAMARGO, fue presentado ante ese organismo por la Comisión Colombiana de Juristas.

A raíz de esto, la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo que recomienda al estado colombiano esclarecer el hecho en el contexto social y político en que ocurrió, determinar quiénes fueron los autores materiales, intelectuales y determinadores del crimen y aplicar los estándares de justicia y reparación internacionales.

El crimen

Valentín Basto fue un destacado líder en la defensa de los derechos del campesino, presidente de la ANUC municipal, vicepresidente del concejo del municipio del Cerrito y primer vicepresidente del comité de derechos humanos de García Rovira.

Dada su vocación de defensor de los pobres, el 20 de marzo de 1985 Valentín encabeza una lista de personas que presentaron una denuncia al entonces Presidente Virgilio Barco, a la Procuraduría General y a la Alcaldía del municipio, para que cesara la persecución, comunicación que no tuvo respuesta alguna. Dos años después, durante un foro de derechos humanos celebrado en agosto de 1987 Valentín Basto y Martín Calderón denunciaron amenazas recibidas del del ejército y la policía nacional. En 1986, Valentín denunció que miembros del ejército dispararon contra su sobrino y su cuñado.

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El 21 de febrero de 1988, aproximadamente a las 9 de la mañana, dos desconocidos dieron muerte a Valentín Basto al propinarle 35 balazos. En el acto fueron heridos Carmenza Camargo Sepúlveda y su padre Pedro Camargo, quien murió esa tarde en el puesto de salud del mismo municipio. El 23 de febrero del mismo año, día en que se celebraron las honras fúnebres Valentín, el pueblo fue militarizado y la celebración religiosa estuvo a punto de ser suspendida, alegando que los campesinos que asistieron al sepelio se habrían quejado de la agresividad de la Fuerza Pública.

Una semana después del asesinato de VALENTÍN BASTO y PEDRO CAMARGO, miembros del Ejército Nacional pasaron por el pueblo, aproximadamente a la media noche, golpeando las puertas de las casas y gritando “viva la muerte de Valentín”, “que salgan los hermanos de Valentín para acabarlos de matar”, y “si Valentín vuelve a vivir, lo volvemos a matar”.

Además de lo anterior, los miembros de la familia de Valentín Basto sufrieron persecución y amenazas por parte de la Fuerza Pública y las autoridades colombianas no investigaron ni juzgaron el crimen. En el caso de la Procuraduría, en marzo 12 de 1991, sancionó disciplinariamente al sargento de la policía Ernesto Espitia Díaz, con solicitud de suspensión del cargo de la Policía Nacional por el término de 10 días, por haber sido hallado responsable de negligencia en la captura de los autores de la muerte de Valentín y por permitir con tal omisión que no se descubriera a los homicidas. Eso fue lo único que se avanzó en cuanto a verdad y justicia.