El futuro gobierno ultraderechista viene acondicionando al país con el objetivo de que el gran capital se beneficie sin inconvenientes. Por eso acaba de nombrar a Fabio Alberto Arjona Hincapié como futuro ministro de ambiente, un personaje con envoltura de ambientalista y corazón depredador. Esa postura la acaba de dejar bien clara con su intención de modificar las consultas previas, por considerarlas palos en la rueda de los proyectos extractivos capitalistas.
El señor Arjona Hincapié es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue viceministro de ambiente con Samper, y durante las dos últimas décadas directivo de Conservación Internacional Colombia, una ONG cuya sede está en Arlington, Virginia, Estados Unidos, y que se fondea en buena medida con recursos de empresas como Apple, Amazon, Disney, Starbucks, Walmart, McDonald’s, Carnival, Unilever, Chevron, Ford, BlackRock, la Fundación MacArthur, la Fundación Gordon and Betty Moore. Así que, “blanco es … y el capital se lo come”.
Por supuesto “biólogical/doctor” parece una característica lejana a esos personajes siniestros que describe el cine, como el Dr. Valdo Obruchev en “Sin tiempo para morir” del 007, o Norman Osborn, el archienemigo del hombre araña. No obstante, Arjona Hincapié fue subdirector (1983-1990) y luego director general de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), entre 1990 y 1992, esto es, justamente cuando el paramilitarismo convirtió a esa región en su principal zona de retaguardia y expansión, siendo un área duramente golpeada por crueles masacres como las de Honduras y La Negra en Urabá.
Es importante mencionar que la CVS entre 1973 y 1993 no se orientaba a asuntos ecológicos, sino que era una entidad cuya función era preparar la entrada del capital a la región, siguiendo el enfoque de la Tennessee Valley Authority de los Estados Unidos. Entre sus actividades estaba principalmente la expansión de la frontera agrícola y ganadera y la construcción de obras de infraestructura, tales como adecuación de tierras para el cultivo, distritos de riego e infraestructura vial, canalización de ríos y desecación de pantanos.
Debido a su forma de funcionar la CVS fue criticada por actuar en favor de los latifundistas y grandes ganaderos de Córdoba, al beneficiar a las grandes haciendas de los Valles del Sinú y San Jorge para incrementar el valor de sus tierras o ampliar los predios a costa de los playones de carácter público. Mientras esto sucedía, las tierras donde vivían y trabajaban las familias campesinas quedaron en desprotección frente a las crecidas, condición que empujaba su desplazamiento.
Por esas razones esa región cuenta con una profunda y rica historia de conflictos agrarios violentos de los terratenientes en contra de los pescadores y campesinos, quienes en forma permanente denunciaron a la CVS por favorecer abiertamente las élites de la región. En la medida que coinciden sus años de director y subdirector con los años en que la Corporación servía como “desmalezadora” para allanar la entrada del capital, se puede inferir que con su acción la entidad preparó el terreno bajo el cual las élites terratenientes y sus gremios de ganaderos crearon las condiciones para la posterior andanada paramilitar.
Y toda esa actuación precedente es coherente con su reciente “lanzamiento nacional”, a través de una entrevista por Caracol Radio (3-07-26), justificó la avanzada ya anunciada en el uso del fracking, y a paso seguido cuestionó el mecanismo de Consulta Previa, que como se sabe es la única herramienta legal que se dejó a las comunidades étnicas del país para tratar de protegerse de los espantosos ataques que durante más de un siglo ha implementado el capital.
En ese sentido, el funesto “biólogical/doctor” afirmó que «delegar la consulta previa a las empresas ha sido un error de base. Es el Gobierno el que debe asumir directamente esa responsabilidad y establecer reglas claras y homogéneas para evitar interpretaciones discrecionales y la aparición de nuevas comunidades durante los procesos.»
Una afirmación en la que pareciera se pretende reforzar el mecanismo, pero de la que se puede esperar todo lo contrario, en cuanto el siniestro ministro considera que las Consultas Previas sólo han servido para espantar el capital al retardar la implementación de los proyectos de explotación, colocándose en la plena línea de defensa que han sostenido los gremios capitalistas más reaccionarios del país, los que propenden por derribar toda norma ambiental y social para que el capital simplemente destripe a los habitantes y trabajadores rurales.
Como se sabe la Consulta Previa se asocia al Convenio 169 de la OIT orientado a proteger los derechos humanos, territoriales, culturales de los pueblos indígenas y étnicos, que fue adoptado por el Estado colombiano en 1991, al coincidir con el artículo 70 de la constitución que asegura proteger la diversidad étnica y cultural. Fue fortalecido por el Decreto 2893 de 2011 al crear la Dirección Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), adscrita al Ministerio del Interior y se complementó con la directiva presidencial 10 de 2013, en la que se especifica su proceso de implementación en cinco etapas.
Si bien las consultas previas sólo vinculan a grupos étnicos, la clase campesina y otras comunidades rurales han logrado incidencia contra las amenazas del gran capital mediante consultas populares. De ese modo, los dos instrumentos contienen una potencialidad fundamental por cuanto a través de ellos las comunidades organizadas pueden entrar a incidir en los proyectos de inversión a ejecutarse en las áreas geográficas y ambientales donde hacen vida. Por esto, parte del movimiento social ha visto en estas formas legales un embrión que debe ser desarrollado hacia las asambleas populares, en cuanto mecanismos de una forma de democracia superior[1], tal como se ha sostenido en este medio informativo.
Si bien el mecanismo de Consulta Previa ha procurado ser desvirtuado por las empresas capitalistas, al corromper con pagos de dinero a parte de las dirigencias de las comunidades, en su contenido ellas son un mecanismo de participación que ha sido fundamental para contener atropellos y desmanes en casos como : el Proyecto Minero Angostura (Eco Oro / GreyStar) en el Páramo de Santurbán (Santander / Norte de Santander) (2011); el Proyecto Minero La Colosa (AngloGold Ashanti) en Cajamarca (Tolima) (2017); el Puerto Petrolero de Tribugá (Sociedad Arquímedes) Golfo de Tribugá, Nuquí (Chocó), siendo archivado definitivamente en 2023; o el Bloque Petrolero El Nogal (Hupecol) en Valparaíso y Morelia (Caquetá) 2017, entre muchos otros por resaltar.
Es así que la iniciativa del funesto “biólogical/doctor”, de que la Consulta Previa sea responsabilidad del gobierno, implica que el Estado pase a cubrir las responsabilidades que ahora recaen directamente al gran capital. De esa manera, los capitalistas pasan a la sombra bajo el paraguas del gobierno, y los eventuales costos y obras se terminarán agregando a la larga lista de proyectos y compromisos siempre incumplidos por el Estado. De ser así, las grandes empresas capitalistas no solamente agilizaran su zarpazo sobre los recursos naturales y sobre las condiciones de vida de los trabajadores rurales, sino que además terminarán generando ahorros de costos que incrementarán sus abultadísimas tasas de ganancia, las que por ejemplo en explotación petrolera llegan al 30%, cuando en la industria sólo son del 5% o 6%. He aquí cómo se entreteje el prometido milagro del titiriyanqui De la Espriella.
Ante los peligros anunciados todo el movimiento social del país debe ponerse en alerta máxima, pasar a defender el mecanismo de la Consulta Previa, procurar vincularlo en forma más estrecha con las consultas populares y desde esos logros avanzar en la creación de las bases legales que hagan de las asambleas populares órganos de iniciativa y decisión que incidan en las grandes decisiones sobre la vida en nuestro país.
[1] https://trochandosinfronteras.info/de-la-consulta-popular-a-la-asamblea-popular/; https://trochandosinfronteras.info/la-consulta-popular-de-petro-posibilidad-o-nuevo-limite/
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