Los hechos denunciados por las comunidades se llevaron a cabo el 25 de septiembre en las instalaciones del Instituto Educativo Antonio Nariño. En la actividad denominada “Acompañamiento y charlas de sensibilización sobre el accidente vial”, la Policía procedió a entrar con armas de fuego de larga y corta alcance.
En numerosas ocasiones, las comunidades han denunciado la realización de estas actividades que involucran a instituciones y personas protegidas por el DIH en zonas de conflicto en los departamentos de Casanare y Boyacá.
La Fundación Joel Sierra, una organización de derechos humanos que acompaña a comunidades de estos departamentos, se pronunció exigiendo que se suspendan las actividades cívicas, militares y se garantice la protección especial de los niños, niñas y adolescentes en el contexto del conflicto armado, protegida por una acción de tutela.
“Se encuentra la vulneración del derecho Superior que les asiste a los menores de edad, referidos en esta acción de tutela, en cuanto a que se les ha hecho partícipes a los niños y las niñas de las zonas vulnerables del territorio colombiano, a actividades cívico – militares, por parte del Ejército Nacional(…) al permitir que dichas actividades se realicen, echando de menos la vigilancia por parte del Instituto de Bienestar Familiar, La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, transgrediendo la ley y las recomendaciones que han referido los entes internacionales a Colombia.”
Aunque la acción de tutela fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá por una interpretación sobre la vía utilizada para la protección de los derechos, el fondo no fue cuestionado y el proceso está en la Corte Constitucional que decidió revisar el fallo.
En un mensaje de denuncia pública, la Joel Sierra expresó: «Que las acciones cívico, militares por parte de la fuerza pública son una infracción al Derecho Internacional Humanitario, ya que su objetivo es “adelantar campañas específicas de acción sicológica en apoyo de las operaciones tácticas, estratégicas o de consolidación”».
En este contexto, se explica que la gestión social con la población se encuentra en ocasiones acompañada de tareas de inteligencia enfocadas en la investigación de las tareas de los progenitores y familiares, así como de la investigación de información, involucrando a los menores en el conflicto y generando, por un lado, una violencia invisible y silenciosa.
Asimismo, señalaron que las campañas y programas no son responsabilidad de las Fuerzas Militares y que ponen en peligro a la población civil y en particular a los jóvenes, convirtiéndolas en posibles objetivos militares de los grupos contrarios.
La denuncia recalca que los centros educativos son un bien civil, que deben ser respetados por los actores armados estatales y no estatales. Puntualizando que la utilización de las escuelas por parte de los actores armados es una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
En el documento, la Joel Sierra solicita a los líderes de las instituciones educativas que no permitan las acciones cívicas y militares en los establecimientos educativos, así como que estas actividades sean llevadas a cabo por las entidades gubernamentales de su competencia.
De igual modo, las Fuerzas Militares y Policía Nacional cesar toda actividades en los establecimientos educativos del municipio de Sácama. El Gobierno Nacional y la Alcaldía Municipal estar vigilante para que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que cumplan con las normas de infancia y adolescencia y respetando el DIH.
Al final, pidieron al Gobierno Nacional que elimine la militarización de la vida y los territorios, cumpliendo con las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Colombia y el principio de distinción.
