Trochando Sin Fronteras – diciembre 17 de 2020
Por: Marcela Cruz – Equipo de Gestión y Proyectos
El Covid-19 ha servido para ver algunas cosas con mayor claridad en Colombia. Brutalidad policial, corrupción, inoperancia del sistema de salud y la insistencia de la clase dominante de asesinar a quien se oponga a sus intereses. Además de todo esto, ha mostrado que el papel del Estado sigue siendo administrar los intereses de los ricos; lejos de cumplir sus promesas constitucionales de proteger y garantizar los derechos.
También se ha podido ver que, en tiempo de crisis económica, la burguesía se apresura a acaparar más y más riqueza. Todo esto a costillas del trabajo de la mayoría, ya sea por medio de la explotación directa a los trabajadores, exprimiendo a la población a través de los impuestos o arrebatando las riquezas naturales que deberían ser de todos.
Mientras organismos internacionales como el Banco Mundial adornan con palabras técnicas los estragos de la crisis y felicitan al gobierno colombiano por tener una política fiscal “prudente”[1], lo que a la gente de a pie le toca aguantar son esas consecuencias que son propias del capitalismo, pero que se han agudizado con la pandemia: pobreza, desempleo, hambre.
Este momento de la crisis se agudiza por varias razones, entre ellas la caída de los precios del petróleo, la disminución del consumo y la salida de capitales de la región. Adicionalmente, la devaluación del peso respecto al dólar ha traído consecuencias negativas, específicamente respecto a los créditos en dólares, por lo cual la deuda externa del país es cada vez mayor, llegando al punto de representar más de la mitad del Producto Interno Bruto[2]… como se dice popularmente, estamos empeñados.
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La devaluación del peso también afecta la compra de de materias primas y maquinaria en el exterior o importados; así como artículos de la canasta familiar. Esto último, aunado a que, como consecuencia de la apertura económica y los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia, actualmente se importa el 30% de los alimentos[3].
Como ya se ha visto, ante la crisis, el gobierno no solo continúa, sino que profundiza las medidas para beneficiar a los más ricos; entrega los recursos públicos y garantiza las condiciones para que sus negocios prosperen, mientras la calidad de vida de las mayorías se hace más miserable.
Crearon fondos para entregar ayuda económica al sector financiero (bancos, fondos de pensiones, etc.); hicieron préstamos a empresas que, de acuerdo al criterio del gobierno, sean de interés estratégico (ejemplo: Avianca). Además, como el Estado debe aceitar su maquinaria, permitieron a los politiqueros departamentales y municipales hacer fiestas con la plata de las «ayudas humanitarias» o «subsidios por la pandemia«. Con esto sacaron una buena tajada. con la ayuda de los siempre atentos contratistas.
¿Qué hacer ante este panorama?
Además de continuar en la lucha y exigencia por defender las conquistas laborales, continuar con la vigilancia a la ejecución de los recursos públicos; también es necesario emprender el proceso de gestión popular.
Sin descargar la responsabilidad que le corresponde al Estado, por ser este el que se ha abrogado la administración y manejo de nuestras riquezas (las de la naturaleza y las que producimos todos a través de nuestro trabajo), nos corresponde avanzar en la construcción de nuevas relaciones sociales de producción. Es claro que aún tenemos la tarea principal de recuperar el manejo de los grandes medios de producción. No obstante, mientras lo logramos, continuaremos con el trabajo permanente de establecer dinámicas propias y con el mayor grado de autonomía que sea posible, para producir, comercializar y consumir de otra manera, de nuestra manera.
Aquí es donde juega un papel clave la gestión popular, ya que representa un método mediante el cual las comunidades identifican, diseñan y construyen rutas alternativas para satisfacer algunas de las necesidades que la sociedad capitalista niega.
Ejemplos de ello hay miles en todo el país: cooperativas, asociaciones de productores y/o comercializadores, empresas comunitarias, en fin, un sinnúmero de iniciativas populares encaminadas a resolver esas necesidades. Esto permite definir, qué, cómo y para qué producimos, cuestión que es fundamental a la hora de organizar un modelo de sociedad distinto al actual.
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Pero como el capitalismo no solo monopoliza los medios de producción, sino el conocimiento, resulta imprescindible avanzar también en la recuperación de ese conocimiento. Conocimiento técnico, tecnológico y científico (incluyendo, por supuesto, el conocimiento ancestral y empírico) que ha sido producto de cientos de años de trabajo y experimentación de la humanidad en aspectos como salud, producción agrícola y pecuaria, industria, ingeniería, arquitectura, etc.
La gestión popular, entonces, parte de la necesidad de diseñar y construir alternativas frente a las carencias que enfrenta la clase popular; como su finalidad es construir nuevas formas de relacionamiento para la producción, debe sustentarse en la participación voluntaria, activa y consciente; permitiéndoles aportar sus conocimientos y experiencias. Por tal razón, la gestión popular se convierte en un medio que posibilita la superación de las relaciones sociales opresivas y de explotación.
Así mismo, debe permitir hacer conciencia de esas nuevas relaciones y del papel que cada uno de nosotros desempeñamos en la producción social de las condiciones que permiten la vida (y la reproducción de esta), es decir, qué función cumplimos en aras de garantizar la pervivencia de la especie humana y la conservación del entorno natural en que vivimos.
