Por: Rodrígo Vazquez[1]
El Comisionado de Paz del gobierno colombiano Sergio Jaramillo estuvo en Arauca el pasado 11 de junio. Allí, en el marco del encuentro regional por él convocado, habló sobre el conflicto en Colombia y las negociaciones de paz con las guerrillas.
Jaramillo justificó la existencia de una Comisión de la Verdad por la necesidad de responder a las víctimas que demandan verdad, justicia y reparación. Al desentrañar la línea matriz del razonamiento de Jaramillo -un hombre educado en Oxford para servir a la élite de su país- es comprensible que critique al gobierno por su forma de plantear el proceso de diálogo sin hacer distingos mayores entre los actores armados.
Un negociador como él no solo precisa de una aplastante superioridad militar en el teatro de operaciones bélicas para poder rehusarse a negociar el modelo de Estado, sino de una comprensión cabal de la ideología del enemigo.
Pero el teatro de operaciones es toda la extensa geografía colombiana y los conocimientos de Jaramillo sobre marxismo, a la luz de sus propias afirmaciones, son escasos. Ambos factores contribuyen a la endeblez del proceso de paz. A ello se suman los boicots permanentes del uribismo, que solo apuesta a la solución militar, reforzado por la persistencia de la guerra en el terreno. De hecho, en las brigadas como la XVII de Urabá, coroneles como Germán Rojas apuestan al militarismo como salida del conflicto. “Santos es un Marxista pro-Cubano” dicen él y sus colegas durante una cena en la guarnición militar. “Santos es un traidor”, afirman. “A la guerrilla hay que darle plomo”.
Y plomo le están dando. Pero para Jaramillo, de seriedad exquisitamente tallada en los claustros de Oxford, no existe contradicción alguna entre sus proclamadas intenciones de llegar a la verdad por un lado, la urgencia de justicia verdadera por parte de las víctimas por otro y el apoyarse en un ejército de neto corte uribista para continuar negociando. Según Jaramillo, en ningún momento se discutirá el modelo económico ni la vía partidista y electoral como única para la ‘participación’ del pueblo en política.
La mona puede vestirse de seda, pero mona queda, dice el refrán. Ni a Álvaro Uribe ni al Presidente Santos, ni a Bush u Obama les agrada la posibilidad de responder ante una corte por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mando. Si de algo les sirve la lección del General Noriega en Panamá o la de los Talibanes en Afganistán (ambos ex-socios de EEUU en la guerra), es para corroborar que los socios de hoy bien pueden ser los ‘enemigos’ de mañana.
La opción de paz sin justicia, por lo tanto, augura un futuro de más violencia. En la Sudáfrica del post-apartheid, la apuesta de la Comisión de la Verdad designada por Nelson Mandela era dilucidar qué había pasado con los activistas desaparecidos y asesinados, pero sin efectos jurídicos, para permitir que los agentes estatales declararan sin temor a ser encarcelados. El apartheid y la guerra sucia ya habían terminado. Pero la desigualdad continuaba -y con ella la violencia-, hasta hoy.
En Colombia el abuso cometido por la fuerza policial y militar es cotidiano y el recrudecimiento de las acciones bélicas originan una dinámica de represión contra activistas y dirigentes sociales de carácter cíclico. Cese al fuego, verdad y justicia son conceptos no intercambiables y absolutamente necesarios todos para empezar a construir paz.
No hay ejemplo más contundente que el del proceso de paz de El Salvador, sin justicia ni cárcel para nadie, para asegurar el modelo económico libremercadista que garantizó la continuación de la desigualdad y la violencia social. Esa violencia que hoy se expresa allí a través de la guerra entre las maras (pandillas) y el crimen organizado, muchos de cuyos jefes eran hijos de ex-militares y ex-guerrilleros de los años ’70.
Sergio Jaramillo declaraba, antes de ir a Arauca, que el proceso de paz no se dio por la necesidad de cambiar el Estado, sino por la posibilidad de poner fin a la guerra, dada una supuesta derrota político-militar de la guerrilla. Rodrígo Granda, el ‘canciller de las FARC’, afirmó que el gobierno solo quería, al comenzar las conversaciones secretas, que la guerrilla firmara la rendición al principio, por pretender que el conflicto era solo militar. Cuenta Granda: ‘Nos decían: ustedes han sido derrotados en todos los frentes, ya nadie los quiere. Les ganamos. Firmen y ya”.
Es así como las acciones y las bajas continúan por ambos lados tras años de charlas en La Habana, mientras los puntos negociados no tocan las verdaderas causas del conflicto. Los objetivos de justicia y verdad para las víctimas son solo declaraciones en el aire si no se dan indicios concretos de que, como mínimo, los criminales serán obligados a declarar ante una Comisión de la Verdad.
En Brasil, de los tres militares que colaboraron voluntariamente con una comisión de ese carácter desde el 2012, dos fueron asesinados por sus ex-compañeros de armas y el tercero, el jefe del escuadrón de la muerte Le Coq, Claudio Guerra, dejó de hablar, atemorizado ante las posibles represalias. En declaraciones para este medio, Guerra afirmaba: “Ahora hay más posibilidades de hacer el socialismo que en los 70, pero no hay dirigentes capaces ni organización de masas suficiente. Por esto, la violencia en Brasil continúa. Porque no hay transformación social. Hoy lo entiendo así. Antes no. Antes pensaba que esto solo se acababa derramando la sangre de los comunistas”. Hoy, el pacto de silencio en Brasil continúa, Claudio Guerra cuenta entre sus amigos a miembros del gobierno del PT y los medios de producción -y por ende la riqueza- siguen en poder de una élite.
La lección más eficiente para evitar la repetición de los crímenes de Estado, según el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel quien fue víctima de la dictadura argentina, es que los agentes estatales y sus superiores máximos respondan ante la justicia. Solo así la sociedad en su conjunto aprendería que para esas acciones hay castigo.
En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo lucharon durante décadas para lograr los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando hoy en el país. Esos juicios ya llevan 10 años y solo tratan sobre crímenes cometidos durante menos de una década. ¿Cuánto tiempo llevaría en Colombia el mismo trabajo de esclarecimiento de la verdad para 5 o más décadas de guerra?
Los mecanismos para lograrlo brillan por su ausencia en lo acordado en La Habana. Pero Jaramillo prefiere no tocar ese tema. Mientras los medios masivos colombianos se concentran en las acciones bélicas de la guerrilla, ésta responde que no es la lucha armada la causa del conflicto. Y así la dinámica de los medios evita analizar el fondo de la cuestión.
En nada ayudan las declaraciones de Iván Márquez a Canal Capital hablando de reconciliación, como si ésta significara algo en sí misma, más allá de la justicia y la verdad. La consigna: “No perdonamos, no nos reconciliamos” de los hijos de desaparecidos en la Argentina fue levantada como política de Estado tras una década de neoliberalismo que destruyó al país y desencadenó un proceso de politización de las masas. Neoliberalismo y reconciliación caminaron de la mano hasta llevar al país a la bancarrota económica y moral. Tan solo la redistribución de los ingresos y la nacionalización parcial de la economía llevó a que fueran posibles los juicios a los militares de la dictadura y a sus cómplices de civil.
Menos afectado por la necesidad de agradar a los medios, el comandante del Ejército de Liberación Nacional -ELN- Ramiro Vargas fue más preciso al decir que esta etapa del conflicto es de transición: del protagonismo de los insurgentes se está pasando al de la sociedad civil organizada. Pero que el objetivo es la justicia social, no la reconciliación. Señala Vargas que es el movimiento de los campesinos y los trabajadores el que debe llevar a cabo la refundación del país.
Precisamente en representación de esos sectores José Murillo, líder del Movimiento Político del Centro Oriente y del Congreso de los Pueblos, dijo delante de Jaramillo que los sectores organizados no están de acuerdo con la propuesta de paz del gobierno porque no reconoce las causas estructurales del conflicto y porque sus políticas no concuerdan con una supuesta voluntad de paz. Luego agregó que la propuesta de paz desde el movimiento social tiene como propósito la vida digna y que por lo tanto esa construcción debe partir de una constituyente popular democrática para resolver el conflicto social y político. Es decir, a partir de lograr la justicia social modificando el modelo económico y el Estado para garantizar soberanía de los recursos naturales, la protección del ambiente y el respaldo a la producción agropecuaria.
A esto Jaramillo responde que los cambios estructurales deben ser decididos por la ciudadanía mediante el voto en una democracia que, para el caso colombiano no es otra cosa que un sistema electoral profundamente impregnado del modelo neoliberal-libremercadista al servicio de las corporaciones multinacionales, sistema que en el ámbito mundial ha entrado en crisis profunda en el 2008 y que amenaza con la destrucción definitiva de los recursos naturales en todo el planeta.
La conclusión de Jaramillo es que al pueblo no le queda otro camino que seguir votando por los candidatos de los partidos políticos y atenerse a lo que decidan los que resulten electos. Lo mismo que ha sucedido desde que se conformó la República hace más de 200 años.
Es de suponer que su reconocimiento a la diferencia entre las FARC y el ELN es una muestra de cuan limitado ha sido el aprendizaje del Comisionado tras cuatro años de negociación. “Una paz sin el ELN sería una paz incompleta”, asegura y reitera, “pero sin discusión del modelo”.
Es obvio que queda mucho camino por recorrer para llegar a un verdadero diálogo entre Jaramillo y las organizaciones sociales del Centro Oriente, donde miles de víctimas aún reclaman justicia y reparación integral al Estado por crímenes cometidos a diario. Hubiera sido más efectivo y más digno de parte de un gobierno que se dice dialoguista, el propiciar condiciones para la paz haciendo, por ejemplo, que el Estado construya infraestructura básica en los departamentos de explotación petrolera como Arauca y Casanare, y que propicie una renegociación de los contratos lesivos para la nación colombiana. Pero la ausencia en inversión y la presencia eminentemente militar son características del Estado al que pertenece y representa Jaramillo.
[1] Productor y director de cine. Ha realizado documentales sobre conflicto, violencia y guerra sucia en América Latina y Medio Oriente.
