El pasado 8 de febrero se movilizaron sectores populares y sindicales en apoyo al gobierno Petro y en protesta a la manera corrupta como se usa el poder judicial por parte de los sectores dominantes, no solo, para beneficiar sus grupos de interés, sino también, para perseguir, judicializar y reducir los opositores políticos.
Las instituciones del Estado colombiano, su supuesta independencia y “rectitud” republicana, han sido conducidas a la actual situación de crisis, más por la propia conducta corrupta de las clases dominantes y el doble racero en la administración de las instituciones, que por la movilización popular. La movilización es sin duda efecto de este ejercicio de cinismo político, en el que los sectores del poder dan uso a su máquina estatal ajustada a su propia regla moral de intereses y de utilización del poder político, judicial y militar.
Sectores de las ultraderecha colombiana usan sus cuotas institucionales en la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Procuraduría General de la Nacional (PGN) y las altas cortes para desestabilizar y minar la gobernabilidad del gobierno progresista, al tiempo que para proteger los intereses de los oscuros sectores que componen sus estructuras de poder.
La denuncias realizadas desde los medios y periodistas en las que se señalaba que desde estas instituciones se trabaja en consolidar un proceso golpista, prendió las alarmas y llevo a Petro a convocar oficialmente a las calles. La movilización fue un ejercicio en defensa de un proyecto político de cambio que aún está en ascuas; sin embargo, la situación fue suficiente para motivar a múltiples sectores que al final del día fueron sometidos al macartismo punitivo, recibiendo el trato de la doctrina del enemigo interno y quedando a la deriva del escarnio público, la censura y la desautorización política de su legítimo derecho a la protesta.
El desenlace del acontecimiento dio para la manipulación mediática y el amarillismo desde empresas hegemónicas de la comunicación, empresas que maximizaron los alcances de la movilización de masas y criminalizaron su repercusión pública, bajo el eufemístico argumento del asedio y asalto a las instituciones; también, para derechizar el espíritu político de los sectores progresistas que rápidamente brincaron para exponer su asepsia política y exculpar su responsabilidad reproduciendo el argumento de la infiltración y la irracionalidad política, dejando expuestos e inmersos a cientos de manifestantes en temerarios procesos de estigmatización, criminalización y persecución política.
La situación es mayúscula, se advierte que Petro uso sus cuentas para convocar y también para estigmatizar, parece que la instrumentalización y la tercerización de coyuntura sigue siendo la actitud permanente del actual gobierno hacia los sectores populares y movimientos sociales, los cuales incluso en proceso de movilización como actualmente sucede en el departamento de Arauca son desentendidos y sometidos a la dilación institucional y a la vieja estrategia del desgaste de la protesta popular,
Sobre este orden de cosas queda preguntarse, ¿hasta dónde son sinceros los llamados del gobierno para dar lugar y protagonismo a los movimientos populares y sociales, más allá de su propio esquema de instrumentalización institucional y mediático? ¿Es coherente que un gobierno emanado precisamente de la protesta popular y del hastío de las mayorías con el actual orden de cosas, sea precisamente el que legitime la represión y el trato estigmatizante y criminalizador hacia la protesta social?
La incapacidad del progresismo para legitimar y dar respaldo a la protesta social llego hasta el nivel que han sido intelectuales orgánicos de la elite liberal los que con mayor radicalidad han respondido a la manipulación mediática e institucional, véase el caso del exfiscal Luis Eduardo Montealegre, el cual se separó, incluso del higienismo de cuadros del progresismo que sin vacilar han asumido posiciones propias al conservadurismo de izquierda que da más juego a las fuerzas de la reacción que a la de los sectores populares.
Sin más el asunto se resolvió por derecha, las Corte Suprema de Justicia en su mistificada soberanía dio un portazo a las voces de protesta y a largo el pulso por la elección de nueva Fiscal General de la Nación, dejando como fiscal interina la cuestionada fiscal Martha Mancera, al tiempo, se condenó la protesta social y desesperadamente se trabajó en dar mensajes de certidumbre a las diferentes facciones que componen el bloque de poder buscando chivos expiatorios en la multitud excitada.
Se inicia una semana en donde se reactiva el pulso parlamentario por las reformas que de seguro activará la tensión entre el ejecutivo nacional y el poder legislativo. Es lamentable la situación de inestabilidad y cerco fiscal que ha descuadrado las cuentas del progresismo, por cuanto la cuestión dificultad el desarrollo del bendito programa de gobierno y hace más contradictorio y limitado el actual proyecto político que el progresismo ha promocionado con tanto entusiasmo. Esta situación también impacta en las expectativas de los sectores populares qué impávidos esperan respuestas institucionales a sus múltiples situaciones de precariedad y también al universo de movimientos y organizaciones populares que han intentado participar de la implementación estratégica de los programas de gobierno desde sus territorios, por cuanto como diría el hoy presidente de Argentina Javier Milei: “no hay plata”.
El año que se inicia será de gran intensidad y es necesario desde el movimiento popular realizar buenos diagnósticos de la situación y construir eficientes estrategias de respuesta que permitan fortalecer su capacidad de gestión social del poder, evitando reproducir el rol de vagón de cola al cual se ha hecho costumbre subordinarlo por parte del oportunismo político de los sectores reformistas, procurando ganar la incitativa de la acción política y consolidar su protagonismo real como la principal fuerza de trasformación de la sociedad.
