Trochando Sin Fronteras, enero 31 de 2019
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]D[/dropcap]iferentes organizaciones de derechos humanos y sociales alzaron su voz de rechazo al gobierno por el nombramiento del General (r) Leonardo Barrero, como director del plan creado por el presidente Duque para proteger a líderes sociales, a pesar de las acusaciones que pesan sobre él por intentar obstruir investigaciones sobre falsos positivos.
En un comunicado al público diferentes Plataformas de Derechos Humanos, junto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, manifestaron públicamente el rechazo ante uno de los más cuestionados nombramientos del gobierno, en cabeza del Presidente Iván Duque. En esta ocasión, se trata de la designación del General (R) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, como director del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO); además estas organizaciones reiteraron su inconformidad con este plan, en tanto desconoce abiertamente los mandatos emanados del Acuerdo de Paz en materia de garantías.
El pasado 15 de agosto, el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, junto con las víctimas, presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe titulado «Ni delincuentes, ni combatientes», sobre 12 casos de ejecuciones extrajudiciales, que incluye a 20 víctimas, presuntamente cometidos por la Brigada XVI en Casanare, entre el 2005 y el 2007, donde estaría el General implicado en uno de estos casos.
Según el informe presentado a la JEP, el entonces comandante firmó una orden de operaciones el 14 de junio de 2005, que terminó con el homicidio de tres campesinos, incluyendo una mujer en estado de embarazo, en Pisba, Boyacá.
En entrevista con Fabián Laverde, integrante del equipo de derechos humanos de la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y popular y de Congreso de los Pueblos, dio a conocer las diversas denuncias que han realizado diferentes entidades por obstrucción a la justicia y estigmatización de líderes sociales, como la realizada en el 2013, por el movimiento popular Marcha Patriótica donde acusó al alto funcionario de señalar a los campesinos de pertenecer a la guerrilla e impedir la captura de presuntos milicianos. «Estas acusaciones demuestran que existe un sesgo de su parte, y que no posee una postura ecuánime ante el grupo poblacional al que ahora, desde la dirección del PAO, debe brindar garantías”.
Para Fabián Laverde, las comunidades que hacen parte de las plataformas de derechos humanos han expresado dudas sobre la voluntad del General para garantizar la seguridad de los líderes sociales en las regiones y que por el contrario causa una política de persecución, criminalización e indiferencia frente a la actual sistematización de asesinatos y montajes judiciales a líderes sociales.
