Trochando Sin Fronteras, Edición 34 Febrero – Marzo de 2018
Por: América Niño
El pasado 22 de enero el juzgado primero de Arauca declaró en un fallo, luego de 14 años de impunidad, la responsabilidad del Estado en la masacre de tres líderes sociales asesinados en Saravena. Los hechos a los que se refieren ocurrieron durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, quien declaró el departamento de Arauca como una zona de experimentación para su política de seguridad democrática y como si fuera poco le dio el nombre de “zona de rehabilitación y consolidación del Sarare”.
El 5 de agosto de 2004 hombres de la brigada XVIII del Ejército Nacional llegaron a la vereda Caño Seco en el municipio de Saravena, entraron en la casa del Líder Sindical Jorge Prieto y lo asesinaron junto con Leonel Goyeneche, también líder sindical y Héctor Alirio Martínez, líder campesino. Esto se presentó en los medios de comunicación como las tres muertes de los guerrilleros que fueron abatidos en combate, lo que fue confirmado en distintas ocasiones por el comandante de la II división del Ejército, General Luis Fabio García, el Ministro de defensa, Jorge Alberto Uribe y el entonces Vicepresidente, Francisco Santos.
Estas declaraciones causaron gran indignación entre las organizaciones y el tejido social del que hacían parte los líderes, pues la comunidad misma servía como testigo para justificar que las órdenes de captura emitidas contra ellos, no tenían un fundamento real, sino que hacían parte de la estrategia militar que amenazaba cualquier forma de organización popular y comunitaria en el departamento, utilizando un mecanismo de estigmatización, señalamiento y persecución de la protesta social, esta estrategia le quitó la vida a tres personas inocentes y sirvió para aumentar el número de falsos positivos en el país.
Luego de catorce años de la masacre en Caño Seco, el juzgado primero de Arauca condenó al ministerio de defensa por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de los tres dirigentes sociales, obligándolo a pagar una indemnización económica a la familia de las víctimas, además de pedir perdón y reconocer su falta en un acto público protocolario.
Si bien esta decisión del juzgado le da la razón a las organizaciones sociales, de derechos humanos y a la comunidad de Arauca, no le devuelve la vida a Leonel, ni a Jorge, ni a Alirio, por el contrario, sirve para confirmar que la justicia en Colombia se mofa de quienes trabajan por mejorar las condiciones de los menos favorecidos y que ha servido para justificar los crímenes de Estado y la escalada del paramilitarismo, haciendo caso omiso a las denuncias de organizaciones y comunidades que sufren la persecución y estigmatización de organismos estatales que los consideran parte de una estructura guerrillera, por sensibilizarse frente a los problemas sociales y tomar una posición activa frente a ellos.
El fallo llegó después de catorce años de la masacre y en medio de una serie de asesinatos de líderes sociales que sobrepasaron los doscientos desde la firma del acuerdo con las FARC. Esto lleva a pensar que este hecho no se cuenta dentro de un episodio en la historia de Colombia que pasó con la firma de un acuerdo de paz, es más bien una historia que se repite incansablemente en las regiones más apartadas del país y que debería causarnos temor e indignación.
Colombia con la democracia más sólida de América Latina, es también la que persigue a todo lo que huele a izquierda y lo llama terrorista, la que etiqueta a los líderes sociales como colaboradores de la guerrilla, la que le hace un homenaje a Jaime Garzón con una novela repudiable en uno de los canales con mayor tendencia a la manipulación mediática, es la misma que dijo No al plebiscito del acuerdo de paz por temor a compartir el espacio público con guerrilleros reinsertados.
Esa Colombia es la misma que con indiferencia decide no mirar a las regiones rurales y creer que versiones como la del ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, quien dice que en su inmensa mayoría, estos asesinatos se presentan por líos de faldas o problemas de linderos, y no precisamente porque exista una estrategia para silenciarlos.
Este fallo ha sido un claro ejemplo de la forma como actúa la justicia en el país, necesita catorce años para reconocer que un hecho de esta magnitud fue un error, pero no aclara que hizo parte de una política de Estado cruel y mentirosa justificada por todas las instancias públicas y que su más grande defensor lideró el país por ocho años y ahora se encuentra ejerciendo un cargo público como senador de la república.
