miércoles, febrero 28, 2024

Un año del gobierno Petro: cambios en suspenso y las fuerzas de la reacción en ascenso

Más leidas

Terminó el primer año del gobierno Petro y de las fuerzas sociales y políticas del Pacto Histórico, un año nada fácil para esta facción, ni para su principal líder. Era de esperarse que contra sus cortas y limitadas propuestas de cambio se juntaran como una enorme muralla los poderes y las fuerzas más profundas y retardatarias que han sumido a las mayorías populares y trabajadoras del país a la inescrupulosa dictadura institucional y extra institucional de sus condiciones de dominación y explotación.

Todos los segmentos de la clase socialmente dominante que componen el viejo poder han articulado sus intereses y cuanto mecanismo disponen para sabotear el gobierno progresista, esperando a su vez sacar la mejor tajada, como por ejemplo: los dueños de la industria y las finanzas que centralizan la mayor proporción del Valor Agregado Nacional (VAN)[1], y los grandes latifundistas que han estirado una mano para recibir considerables beneficios cambio de mercadear parte de su fraudulenta propiedad territorial; mientras a la vez, han empuñado la otra mano para responder al menor intento de rasguñar su sagrado derecho a la gran propiedad territorial.

Las empresas inescrupulosas de comunicación que llevan décadas defalcando la conciencia de las masas populares y trabajadoras del país, también han hecho lo propio. Sin vacilación, dedican los esfuerzos a la neurálgica tarea de desmotivar la voluntad de cambio y de debilitar las expectativas de transformación germinadas en las clases productoras. Estas últimas, motivadas por el desespero y cansancio con la hostilidad de un capitalismo en decadencia y la potencia de la lucha popular, mediante la cual al final de la segunda década del siglo XXI pudieron ajustar parte de las cuentas pendientes con la empresa de expropiación de la cual han sido objeto las últimas décadas.

Y ni que hablar de los efectos sobre la estrategia de gobernabilidad y de gestión del programa progresista que las facciones liberales y pseudo modernizantes, activas desde interior del bloque de gobierno, lograron al persistir en su “moderación” o de la ineficacia parlamentaria de los líderes del progresismo, de sus vacíos en la administración ejecutiva y de su vocación al escándalo; y del lugar de marginamiento y tercerización que les han dado a las fuerzas y sectores del campo popular.

El poder judicial y la jurisprudencia también se han activado como palancas de contención del posible del supuesto desastre institucional que el gobierno progresista pueda ocasionar a la máquina estatal burguesa, dirigido sobre todo, para contener la aplicación de justicia que se pueda lograr respecto al voluminoso arsenal de casos de corrupción que las elites dominantes han acumulado durante décadas en su permanente práctica de desfalco de la nación y de utilización del poder estatal para su propio beneficio.

El año que se cumple del gobierno deja al tiempo un sin sabor y un listado de logros relativos que a bien pueden valorarse teniendo en cuenta el punto de partida y de cálculo progresista, pero que, respecto a la enorme crisis por la que transita el país se tornan limitados y aparecen envueltos en una inquietante atmósfera de suspenso e incertidumbre que hace aún necesaria la tarea de consolidar una salida popular y proletaria a la crisis del país, en medio de un proceso de reacomodamiento de las fuerzas de la reacción, de acorralamiento de la alternativa progresista y de un preocupante ensimismamiento e inmovilismo de las fuerzas del campo popular.

Punto de partida del ciclo político y del liderazgo progresista

A un año, el gobierno se enfrenta a considerables barreras que hacen adverso el avance de su gestión gubernamental, mientras se le estrecha el campo social e institucional para desdoblar su maniobra política. En línea de los acontecimientos el progresismo a traviesa la crisis institucional más considerable en su corto tiempo de gobierno debido a las apetencias pequeño burguesas de Nicolás Petro y su impacto en el financiamiento de la campaña presidencial, situación que amenaza en convertirse, con sus debidas proporciones, en un proceso semejante al proceso 8000 durante el gobierno Samper 1994-1998.

Si bien, dentro de los resultados de este intenso año, en donde la lucha de clases transitó de las calles a los escenarios de la superestructura estatal, se consolidan relativos y contradictorios logros, las reivindicaciones estructurales que motivaron las protestas populares de noviembre del 2019, la revuelta de septiembre del 2020 contra los poderes represivos del Estado en Bogotá y algunas, ciudades pequeñas e intermedias; y el histórico Paro Nacional del 2021, del cual aún siguen vigentes y sin soluciones gran parte de sus reivindicaciones[2]. Y sin restitución los derechos políticos los jóvenes capturados fraudulentamente durante dichas movilizaciones[3].

Estos episodios de movilización y protesta popular, sometidos al tratamiento de la represión indiscriminada dejaron en la historia sangrientos resultados y ampliaron la conciencia de las masas populares y de las clases trabajadoras respecto a la potencia de su capacidad de influir y determinar de forma decisiva el movimiento general del proceso político de nuestra sociedad; a la vez, llevaron al pico la tendencia de ascenso de las luchas populares y proletarias de las últimas décadas, aglutinando en sus demandas reivindicativas las diferentes banderas que fueron cristalizándose paulatinamente en años de confrontación de las antipopulares y ortodoxas políticas económicas de mercado, utilizadas para aumentar la tasa de explotación de las clases productoras y los márgenes de ganancia de las clases expropiadoras; por último, desencadenaron con contundencia el actual ciclo político que posibilitó el ascenso del progresismo al mando del poder estatal.

Las movilizaciones al final de la segunda década del siglo XXI no fueron exclusivas de las clases proletarias y trabajadoras de Colombia, hicieron parte de los volátiles escenarios que en la región latinoamericana y en los países centrales del capitalismo se consolidaron, luego de agotadas las políticas de contención de los efectos de la recesión mundial del 2008. En su informe de expectativas económicas para el 2019 el FMI alertaba la baja más drástica del crecimiento económico mundial desde el 2008-2009, al ubicar su tasa en 3 %, llamando la atención de sus repercusiones en las economías avanzadas y las emergentes; al tiempo, abogaba por políticas que contuvieran el deterioro fiscal de las finanzas públicas, el estancamiento y rezago de los mercados laborales y la sobre carga del gasto de los sistemas de seguridad y protección social, incentivando la retoma de una nueva generación de políticas de ajuste estructural[4]

La puesta en marcha de estas recomendaciones por distintos gobiernos a nivel mundial desencadenó el más importante ciclo de movilización y protestas de las clases productoras en los últimos años y significó la crisis y quiebre de los gobiernos neoconservadores en la región. Las jornadas de noviembre del 2019 respondieron a este intento de insinuar la puesta en marcha de las políticas de ajuste estructural en materia tributaria, pensional y laboral por parte del gobierno de Iván Duque que con grados de dificultad pudo diluir en su estrategia de gran conversación nacional. La protesta popular volvería a estallar una vez las medidas de aislamiento de pandemia se relajaron y la economía nacional atravesara su crisis más profunda a finales del 2020, sin contemplaciones fue aplastada dejando el resultado de 13 jóvenes asesinados en la ciudad de Bogotá y 304 heridas en las protestas de septiembre del 2020[5]; al igual que 23 muertos y 83 heridos en los motines sucedidos en las cárceles del país durante 2020[6].

La propuesta de reforma tributaria[7] en el 2021 por parte del gobierno de Iván Duque nuevamente desencadeno el inconformismo y desató en abril del 2021 la movilización más grande y relevante de las últimas décadas en el país, que volvió a recibir tratamiento de guerra, dejando como consecuencia en el balance más optimista 70 víctimas mortales, de las cuales 46 fueron a manos oficiales, 73 personas con daños oculares, 1.445 masivas capturas y abusos policiales y 25 violaciones, entre otras afectaciones humanitarias[8]. La revuelta dejó abierto un radical escenario de tensión y polarización política, económica y social catalizado a través de las jornadas electorales del 2022.

Ascenso y quiebre de la salida progresista

La gran revuelta popular llegó a su límite a finales del 2022 luego de la factura entre las fuerzas en movimiento y el desgaste burocrático de la estrategia de diálogo y chantaje del gobierno Duque. Las tensiones políticas se centraron en el campo de la disputa electoral. El Paro Nacional abrió una ventana de oportunidad política que fue aprovechada oportunamente por el bloque liberal-progresista que rápidamente se puso al frente de la disputa electoral, señalando a las facciones de la ultraderecha como culpables de la crisis, por eso declaró la muerte del uribismo, denunció el neoliberalismo y la utilización desproporcionada de la violencia estatal, llamaron a calmar los ánimos, señalaron las amenazas institucionales de no atender las demandas populares y el riesgo de que el inconformismo alimentase los caudales de la radicalización social y política del país, en lo que se llamaría una explosión controlada.

Una vez declararon su victoria electoral propusieron la puesta en marcha de un oxímoron[9], un capitalismo más humano y menos salvaje, menos depredador y más sustentable, menos rentista y más productivo, menos centralizador y más democratizador del ingreso y el valor agregado nacional. Propusieron una estrategia de gobierno basada en el consenso de clases, constituyeron una confluencia de fuerzas parlamentarias con los sectores tradicionales de la vieja política y un gabinete de ministros progresistas, liberales y conservadores que dio para dar salida al primer ciclo de reformas, pero ajustadas a la mirada de la facción hegemónica de la gran burguesía liberal del país en materia tributaria[10], agraria[11], paz y seguridad, lucha ambiental, transición energética[12], atención de la pobreza y alivios laborales frente a la asfixiante y estructural crisis económica del país.

Se esgrimió el planteamiento de que el cambio se cristalizaba a través de una simple transacción burocrática de reformas con las fuerzas y sectores del tradicional poder institucional y no a través de un proceso constituyente de nuevas fuerzas sociales y populares en el mediano y largo plazo. Para lo cual, se dio mayor relevancia a los políticos profesionales de la vieja política y a cuadros destacados de algunos sectores del movimiento social y popular, sin mayores repercusiones en la línea de mando de la coalición de gobierno y con estrecho margen de actuación política debido al limitado alcance de sus derroteros programáticos.

La inestable mezcla de intereses y las profundas contradicciones de los sectores y facciones de clase que configuraron la coalición del gobierno progresista implosionó una vez se puso en juego el paquete de reformas sobre temas neurálgicos, durante el segundo ciclo legislativo. La coalición de gobierno se descompuso y llevo al desgaste del consenso con los sectores del poder tradicional, el gabinete ministerial se reajustó a la medida de la maniobra presidencial y el llamado al apoyo y la radicalización popular se intentó una y otra vez, sin mayores y considerables resultados, más allá del respaldo de los sectores del campo popular ya comprometidos con el proyecto progresista de salida a la crisis nacional[13].Y con su tajada burocrática.

Lo paradójico de los resultados proviene de la manera como las fuerzas de la ultraderecha colombiana fueron aprovechando las fisuras y debilidades del bloque de gobierno para garantizar su paulatino avance. En las esferas extra institucionales han incentivado la movilización de masas, alinearon la ofensiva mediática a través de las empresas tradicionales de la comunicación que han aprovechado para fabricar un consenso social reaccionario; al tiempo, que han movilizado el conjunto de poderes institucionales de los cuales aún tienen dominio para hacer imposible la gobernabilidad de del progresismo, y han ejecutado alianzas pragmáticas con sectores opositores con los cuales comparten líneas de presión hacia el programa reformista del Pacto Histórico, sin consolidar aún un bloque compacto y homogéneo de oposición y ofensiva institucional.

Los cambios en suspenso y la necesidad de una salida popular

Al final del primer año del gobierno el escenario político del país ha ido transformándose de forma considerable y las demandas populares por cambios estructurales siguen pendientes. La correlación de fuerzas para el bloque de gobierno se ha hecho más adversa. Se ha perdido considerablemente capacidad de maniobra parlamentaria para gestionar de forma óptima el programa de reformas, al tiempo que se amplía su radio de alcance con otro paquete de reformas sectorial en campos como la educación, los servicios públicos, el sector de minas.

El ambiente de incertidumbre y desconfianza ha llegado al punto de contemplar en el ofendidísimo de la ultraderecha colombina como un proceso de boicot institucional similar a un golpe blando, frente al cual diferentes sectores dominantes han cerrado filas sobre la base de preservar el tejido institucional en el cual descansa su dominio estatal, lo cual se limita por ahora a la retórica, y por ahora hace improbable esta última consideración.14 El gobierno progresista parece estar entrando en una situación de deriva institucional de su gestión política y con ello el avance de su programa de reformas cae en el suspenso de los escenarios posibles; ha sido diciente la incapacidad del Pacto Histórico para consolidar propuestas sólidas y convenientes de cara a los comicios regionales.

Los factores macroeconómicos que han sido realzados optimistamente en los balances del primer año, son inestables y tienden a la volatilidad. La ortodoxia con la cual el progresismo ha asumido la tarea del equilibrio fiscal de las finanzas públicas lo ha llevado a castigar los niveles de ingreso de importantes capas de trabajadores con la controlada alza del precio de la gasolina y de la ya anunciada del ACPM, situación que fácilmente pueden usarse como caballito de batalla por las facciones de la ultraderecha; al tiempo, las proyecciones tienden hacia el estancamiento del crecimiento económico en el corto plazo, lo que impactará aún más en los indicadores macrolaborales del deteriorado mercado de la fuerza de trabajo y en la grave situación de pobreza del proletariado sobrante del país.

La situación de inseguridad y el aumento de la criminalidad protagonizada por la acción paramilitar, del Clan del Golfo y de las disidencias, ha permitido posicionar el espectro político de las fuerzas de derecha en las jornadas electorales de disputa por el poder regional y municipal que se darán el próximo mes de octubre, en las cuales ya se ha adelantado la declaratoria de derrota de las fuerzas progresistas, lo que de darse disminuirá aún más su campo de acción política y pondrá en mayor tensión sus condiciones de gobernabilidad, con el riesgo también de quedar atrapado en la condicionalidad de los sectores más o menos recalcitrantes hacia las propuestas de reforma y que han optado por su moderación.

Del llamado a las asambleas populares y la movilización de los sectores del campo popular el mensaje progresista ha transitado hacia la reconciliación que propone la construcción de un nuevo acuerdo nacional y la reconfiguración de su capacidad parlamentaria. Esto en medio del actual escenario de ausencia de una estrategia de posicionamiento organizada y autónoma de las fuerzas del campo popular, con enormes grados de subordinación y limitada capacidad para la gestión de propuestas de mayor alcance programático, debido a que también sus fuerzas son exiguas para sintonizarse con las expectativas de amplios segmentos de las masas populares y las clases trabajadoras que han ido fragmentando su comprensión de los problemas públicos del país a medida que las fuerzas reaccionarias logran despegar su ascenso. Los dos escenarios anteriores hacen más urgente la construcción de una salida popular y proletaria a la crisis, que deberá abrirse paso en el presente escenario de la lucha de clases nacional.

Es necesario que las fuerzas del campo popular configuren condiciones de autonomía y marquen distancia con la práctica instrumentalista en la que ha redundado el gobierno en sus constantes llamamientos, que potencien los escenarios de deliberación popular como las asambleas populares, la movilización en donde las organizaciones sociales y populares, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores informales y campesinas jueguen un papel de importancia, sin importar su vínculo y grado de subordinación gubernamental. Es necesario y existe aún campo político para elevar propuestas más allá del progresismo que tensiones el capital, en temas sensibles como pensiones, la crisis nacional del trabajo y el empleo, el sistema de salud, la educación, la transformación real del campo y del modelo minero y energético.

Referencias
1. Al respecto ver: Concentración económica y poder político en Colombia. Libardo Sarmiento Anzola. En: Le Monde diplomatique. Año XXI. N°235. Agosto 2023. Págs. 4-7.
2. Para la ampliación de este escenario puede consultarse: Construyamos una salida popular a la crisis: Asamblea Popular Nacional y Economía de Fondos Públicos. Proletaria: revista de debate y formación.
3 Situación lamentable imposible de revertir debido a que el gobierno se lavó las manos después de agitar su necesaria y legitima liberación, al advertir que no tiene funciones de justicia para liberar los presos políticos de la movilización.
4. Ver Informe de Perspectiva de la Economía Mundial 2019.
5. La noche del 9S: voces de una masacre. Primera entrega 13/09/2021
6. Al menos 23 muertos y decenas de heridos en un motín carcelario en Colombia en medio de la pandemia.
7. «Reforma Tributaria», que la crisis la paguen los ricos. Ricardo Apolinar abril 21, 2021
8. Boletín Paro Nacional 2021 Cifras de Violencia
9. Figura retórica que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio.
10. Más que una reforma tributaria: ¡una economía de fondos públicos!: Ricardo Apolinar septiembre 7, 2022
11. Para una ampliación del debate en torno a la reforma agraria puede consultarse: Algo más que una reforma agraria para la transformación del sector agropecuario: Una propuesta de cara a la convención nacional campesina.
12. Para ampliar el debate sobre la transición energética y la nueva política minera y energética puede consultarse: Nueva política minera en Colombia: una propuesta desde los trabajadores
13. Para ampliar el tema de la gobernabilidad y la crisis puede consultarse: Gobernar en medio de la crisis ¿hacia dónde va Petro?
14. Es diciente el mensaje del expresidente Cesar Gaviria que ha planteado su interés de acompañar el presente gobierno hasta el final, en cuidado del tejido institucional de la democracia colombiana y las contradictorias declaraciones de María Fernanda Cabal que ha exigido a causa del escándalo de Nicolás Petro la renuncia del actual presidente y de la senadora Paloma Valencia al afirmar: “Que seas más de cuatro años de Petro, pero que tampoco sea menos”.
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Análisis

Una Reforma Agraria Integral y Popular para enfrentar el hambre

La RAIP sintetiza la propuesta del campesinado, pero también de otros sectores sociales de la clase popular para abordar...
- Advertisement -spot_img

Lo Último

- Advertisement -spot_img