El actual modelo de provisión de vivienda no responde ante las necesidades de las familias trabajadoras, las cifras y la precaria situación en la que se encuentra la clase popular lo confirma. En Colombia, miles de familias viven en condiciones indignas, enfrentando altos costos de arriendo, hacinamiento y la constante amenaza de desalojo. Aunque el gobierno y las políticas públicas han intentado abordar el problema, la realidad es que el sistema de provisión de vivienda en Colombia, basado principalmente en el ahorro, el crédito y los subsidios, además de favorecer principalmente a la grandes constructoras, no está diseñado (ni busca estarlo) para satisfacer la necesidad de una vivienda digna para la clase trabajadora. El primer pilar, la capacidad de ahorro de las familias es casi nula debido a los bajos salarios y la inestabilidad laboral, por otro lado, el acceso al crédito es extremadamente limitado, especialmente en contextos de desempleo o empleo informal.
Frente a esta crisis, desde el 2019 la Plataforma Regional de Vivienda y Dignidad ha venido articulando acciones organizativas y políticas de la mano de juntas de acción comunal, juntas de acción vecinal, organizaciones de arrendatarios y Organizaciones Populares de
Vivienda (OPV) que han decidido organizarse para luchar por el derecho a la vivienda. Este trabajo mancomunado ha permitido que la Plataforma propicie procesos de interlocución y gestión que pongan sobre la mesa temas como la permanencia en el territorio, el acceso a los bienes de consumo colectivo, así como herramientas organizativas y legales para quienes habitan el territorio.
Durante los meses de septiembre y octubre del 2024 la Plataforma de Vivienda estuvo en diferentes barrios de Ciudad Bolivar y Usme en la ciudad de Bogotá dando a conocer los avances del trabajo de la Plataforma en la Mesa Distrital de Vivienda y Hábitat, única mesa legítimamente constituida y legalmente reconocida por parte del Distrito Capital. En cuanto al ámbito nacional la Plataforma trabaja en la mesa con el Ministerio de Vivienda donde se plantean las diferentes inquietudes de vivienda. A la par de esto, los espacios estuvieron acompañados de los habitantes de cada barrio reunidos alrededor del calor de la olla para conversar sobre la propuesta programática y la importancia de la articulación para garantizar la permanencia en los territorios.
Dentro de las ganancias concretas que ha tenido la Plataforma Regional de Vivienda y Dignidad estuvo: Reinstalar la mesa distrital en el mes de mayo del 2024 con el actual alcalde Carlos Galán y el impulso de los artículos 143 y 144 del Plan Distrital de desarrollo que asegura $135.000 millones para la creación de 3000 viviendas nuevas y de mejoramientos en los barrios, la mitad de estos subsidios tienen que ser discutidos en términos de vinculación con la Plataforma de Vivienda y con las organizaciones que hacen parte de la mesa. Los integrantes de la Plataforma reconocen que esto no solventa el problema de vivienda del país, no obstante es una pequeña victoria que evidencia el impacto y la trayectoria de la Plataforma a la hora de posicionar las necesidades de vivienda en una interlocución estatal y gubernamental.
El panorama de vivienda en Colombia: Familias sin casa, casas sin familia.
El déficit habitacional (medida de las carencias que tienen las viviendas y que afectan la calidad de vida de los hogares) en Colombia es alarmante. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del DANE, más de 16 millones de personas en el país no cuentan con las condiciones mínimas para un hábitat digno. Por otra parte, en cuanto a las familias colombianas, una gran parte vive en arriendo, en terrenos informales o en condiciones de hacinamiento, con escaso acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, entre otras dificultades.
La situación se agrava por la concentración del mercado inmobiliario en manos de grandes constructoras privadas que priorizan el lucro por encima de las necesidades de las comunidades. Además, las familias que logran acceder a créditos hipotecarios enfrentan tasas de interés muy altas, lo que las coloca en una constante incertidumbre financiera, y en muchos casos, en riesgo de perder sus viviendas. En este contexto, los hogares urbanos con más de tres personas viviendo en el mismo espacio, y que frecuentemente la carga de su sostenimiento está en las mujeres cabeza de hogar, son más susceptibles a la pobreza, el desempleo y el déficit habitacional. Lo anterior, resulta en familias que se ven obligadas a vivir en asentamientos informales, muchas veces en predios de difícil acceso, y en las zonas periféricas de la ciudad, sin infraestructura adecuada y con graves problemas de seguridad.
Ante esto, la respuesta de los entes gubernamentales es violenta e indiferente: el desalojo de miles de familias. Este es otro de los grandes problemas que enfrentan las comunidades que viven en asentamientos humanos, sino es la apertura de un proceso jurídico, es la represión policial, y enfrentarse a un gobierno que reclama tierras, y abandona familias sin que se les ofrezcan soluciones de reasentamiento dignas. La estigmatización y el control territorial por parte de estructuras narcoparamilitares agravan aún más la situación, creando un espacio de zozobra y miedo en los habitantes de los barrios populares.
La propuesta organizativa: El qué hacer para la gestión de una vivienda digna.
En busca de aglutinar las principales problemáticas de la vivienda digna y en aras de forjar una propuesta política y estratégica, la Plataforma Regional de Vivienda y Dignidad ha venido trabajando en un pliego de 4 puntos que apueste por la garantía de una vivienda digna.
- Frenar inmediatamente los desalojos forzados en los asentamientos humanos que están en un riesgo permanente de ser expulsados del lugar donde viven. Los mal llamados «barrios informales» nacen por la necesidad de un refugio, pero el Estado en un intento ‘’recuperación’’ del terreno para ponerlo al servicio de privados, ataca constantemente a través de desalojos violentos, revictimizando a poblaciones en extrema pobreza. En los barrios no legalizados viven más de 250.000 familias que la alcaldía de Galán y las administraciones anteriores no han tenido en cuenta para una política de contención y reasentamiento. No obstante, detener los desalojos forzados también implica avanzar en términos jurídicos sobre las órdenes de desalojo, la apertura de Mesas de Vivienda y Hábitat a nivel nacional y departamental para asegurar la veeduría de los procesos de desalojo y el desarrollo de la caracterización socio económica de barrios de alta complejidad.
- Planeación territorial y del suelo: La Plataforma aboga por la creación de curadurías urbanas públicas que manejen precios subsidiados para los proyectos de vivienda que gestionen las organizaciones populares. Además, se propone el desarrollo de una bolsa de tierras urbanas que permita a Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) y a las comunidades acceder a terrenos para la construcción de viviendas, a la par de una financiación por parte del Estado de los costos de los trámites de obtención y habilitación de suelos para desarrollar proyectos de vivienda desde una perspectiva colectiva.
- La legalización de barrios informales también es una prioridad, ya que muchas de estas comunidades han demostrado su capacidad para autogestionarse, pero carecen de reconocimiento oficial. Es por esto que es indispensable una política integral de legalización del predio que ocupan a la par de una gestión que asegure los bienes de consumo colectivo como lo es el acceso a servicios públicos, transporte, conectividad, entre otros bienes necesarios para una vida digna. Dentro de este proceso de legalización es indispensable una política de reasentamientos dignos que garantice la reubicación de las familias desalojadas.
- Por último, la Plataforma propone la creación de espacios productivos organizados desde las comunidades, como lo son las Constructoras Populares que se basan en un ejercicio cooperativo. Partiendo de la base de que el trabajo es la piedra angular del desarrollo productivo, es imprescindible garantizar a los barrios populares una oportunidad de empleo para mejorar sus condiciones materiales, acabando con la concentración del mercado inmobiliario, y solventando progresivamente la demanda habitacional. Esto incluye el impulso de proyectos de formación técnica en construcción, utilizando métodos sostenibles y materiales ecosostenibles, así como la creación de un banco público de insumos para la producción de viviendas.
Vivienda digna es más que dos palabras y cuatro paredes.
He aquí la importancia de una propuesta político-estratégica integral de vivienda, y no una lucha focalizada por problemas específicos en cada territorio. Por la urgencia de las necesidades de la clase trabajadora, es común ver que los esfuerzos se juntan para conseguir logros a corto plazo, pero que de fondo dejan intacta la problemática estructural de vivienda, e incluso individualiza la lucha. El problema no es solamente que un barrio no tenga agua, que haya otro sin luz, y otro con carreteras sin pavimentar, el problema es que la crisis de vivienda es transversal y estructural y debe convertirse en una exigencia colectiva. De esta manera es posible escalar la discusión y demostrarle a la institución la necesidad apremiante de un proyecto y políticas públicas para una problemática que afecta al grueso de la población en un país donde día a día se agudizan más las contradicciones y las condiciones precarias de vida. Pero a pesar de lo larga que pueda ser la lucha, la Plataforma de Vivienda y Dignidad en articulación y organización con diferentes expresiones de los barrios populares sigue trabajando por la gestión de una vivienda digna para la clase trabajadora.
