Mediante un pronunciamiento, el Coordinador Nacional Agrario -CNA- se refirió sobre los contratos de derechos de uso -CDU-. Mediante un video, las organizaciones y comunidades denunciaron que estos contratos despojaran al campesinado de sus territorios.
«los CDU son una de las medidas impulsadas por el Estado colombiano, el cual, a través de sus distintas instituciones, busca despojar al campesinado de los territorios en que históricamente ha pervivido, cuidado y producido comida para la población colombiana«
Los contratos denunciados por las comunidades fueron reglamentadas por el Acuerdo 058 de 2018 de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-. Acuerdo en el cual se fija la legislación para el otorgamiento de derechos de uso sobre baldíos no adjudicables.
En su comunicado, el CNA es enfático en denunciar que existe una arremetida contras las comunidades campesinas. Aducen qué mediante legislación y represión pretenden entregar los territorios para el saqueo y el agro negocio.
«Hay una arremetida integral contra el campesinado que busca garantizar mediante de las políticas de Estado (como la Operación Artemisa, la Resolución 00007067 de mayo de 2022 del Instituto Colombiano Agropecuario, la Directiva 006 del 7 de abril del 2022 de la Procuraduría General de la Nación, la Resolución 110 del Ministerio de Ambiente, entre otras)»
En su pronunciamiento realizaron un llamado a campesinado a abstenerse de firmar los contrarios. Exhortándoles a organizarse y movilizarse en a defensa de los territorios y la vida.
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En su pronunciamiento apoyan las denuncias de ASONALCA en las que se pretende mediante la Resolución Nº 00007067 del ICA establecer medidas de cancelación de Registro Sanitario de Predio Pecuario -RSPP- dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales del país. Además, de impedir la expedición de guías y nuevas vacunaciones para ganado en estos predios.
La resolución, además, contempla el desalojo de los bovinos y bufalinos dentro un plazo de 90 días desde la fecha de expedición de las resolución. El ICA contempla que luego de la fecha establecida se reporten a la Fiscalía los predios y semovientes para su posterior confiscación.
