La Universidad Nacional responde a la violencia con más control y restricciones, no con diálogo.

Carné obligatorio, registro de visitantes y toque de queda para los carros. Desde este martes, entrar y moverse por el campus de la Universidad Nacional en Bogotá es un poco menos libre que la semana pasada.

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Mediante la Circular No. 6, la Universidad Nacional puso en marcha desde el 18 de agosto un nuevo control de acceso a su sede de Bogotá. Estudiantes, docentes y trabajadores deben mostrar el carné institucional en las porterías; egresados, acreditar su condición; pensionados, contratistas y proveedores, presentar cédula y soporte del vínculo con la institución; y cualquier visitante, registrarse con documento de identidad. Los vehículos solo podrán salir del campus hasta las once de la noche, salvo emergencias.

La Vicerrectoría de la sede insiste en que la medida no busca «restringir de manera injustificada el acceso» y que debe aplicarse con respeto y sin discriminación. Pero la justificación de fondo es la seguridad: la circular llega después de que, el 29 de julio, un enfrentamiento con arma blanca dejara tres heridos dentro del campus, entre ellos el representante estudiantil Kevin Arriguí. El sindicato de trabajadores, SINTRAUNAL, denuncia que un grupo encapuchado atacó sus pancartas y agredió a quienes les pidieron identificarse; Arriguí, por su parte, sostiene que su grupo solo retiraba propaganda y que fue él quien terminó rodeado y golpeado por varias decenas de personas. La Fiscalía y la propia universidad todavía revisan videos para establecer qué ocurrió primero. No hay, hasta ahora, una versión confirmada.

Mientras esa disputa sigue sin resolverse, la respuesta institucional fue la de siempre: más control sobre todo el mundo. La medida no distingue entre quienes protagonizaron el episodio de julio y el resto de la comunidad universitaria, que ahora debe formarse en las porterías, cargar su carné en todo momento y ajustar hasta la hora en que puede sacar su carro. Es la lógica de la securitización aplicada a la universidad pública: en lugar de una investigación que esclarezca responsabilidades y una salida política al conflicto ideológico que atraviesa a la institución, el campus entero queda bajo un régimen de vigilancia y coerción que restringe la libre movilidad de estudiantes, profesores y trabajadores que no tuvieron nada que ver con lo ocurrido.

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