La vivienda, carencia estructural para la clase trabajadora

Foto: Comité humanitario por la vivienda digna y el derecho a la vida

“El capital (esto está definitivamente establecido) no quiere suprimir la penuria de la vivienda, incluso pudiendo hacerlo… En realidad la burguesía no conoce más que un método para resolver a su manera la cuestión de la vivienda, es decir, para resolverla de tal suerte que la solución cree siempre de nuevo el problema” (F. Engels)

Una cuestión estructural e histórica

La vivienda como bien fundamental para la vida y la reproducción social es en Colombia una de las mayores deudas del Estado con las familias; desde el siglo pasado cuando gracias a su trabajo se erige y desarrolla el capitalismo. Sin embargo para la clase popular y trabajadora no hubo políticas sociales y urbanas robustas para solventar las necesidades colectivas.

La producción de vivienda en el país se dio a partir de asentamientos construidos por las mismas familias; tras años de trabajo, ahorro y consumo reducido. Mientras que la urbanización estaba bajo el control, especulación y ganancia de los terratenientes urbanos como los ingenios azucareros en Cali o Familias como la Pepe Sierra en Bogotá.

En los años setenta, la construcción de vivienda en las ciudades se constituyó como una rama rentable para ciertos gremios económicos; luego del debilitamiento del proyecto industrial del país. Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda –CAVs- fueron la estrategia para orientar capital y la propiedad territorial. Ellas articularon a la banca privada y los ingresos de la clase popular y trabajadora, clase que al final terminó fuertemente endeudada por el sistema UPAC.

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Por tres décadas sectores de la burguesía disputaron con los terratenientes la propiedad de la tierra para la construcción de vivienda. Al final estos dos sectores llegaron a un acuerdo, promulgando la Ley 9ª de 1989. Con la declaración de la función social de la propiedad en esta ley, se permitió a promotores privados del sector financiero y constructoras apoderarse del suelo y el negocio de la construcción a expensas de una profunda carencia para la clase popular y trabajadora.

La urbanización en el país se dio sobre la contradicción capital – trabajo y la miseria de las familias que huían de la violencia en el campo. Violencia que las aglutinó en las principales ciudades; privandolas del acceso a los principales bienes de uso colectivo, con pocas y nulas posibilidades de un empleo estable. Hacia los años 90 la reforma constitucional legitimó el modelo privatizador de los bienes colectivos; agudizando la desigualdad económica en el país y la precarización de las condiciones de vida de las mayorías, mientras la política pública sigue marchando hacia el recorte del gasto social y la flexibilización laboral.

El crecimiento económico del nuevo siglo provocado por los commodities de los bienes primarios de exportación; aceitó el narcoparamilitarismo y algunos renglones económicos, entre ellos el sector financiero. Acción que conllevó una nueva ola de inversión en la rama de la construcción, desmantelando la institucionalidad pública que quedaba para la promoción de vivienda (ITC e INURBE). Esta ola impulsó proyectos habitacionales de propiedad horizontal en masa, a la que accedieron capas medias de la población y un rango muy escaso de población de bajos recursos mediante los programas VIS y VIP.

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Aun con estas «reformas» amplias capas de la población siguen sin acceso real a vivienda y . La CEPAL y el BID señalaron que durante el periodo de crecimiento en el licenciamiento en la producción de vivienda (2008 – 2012) el déficit tuvo una reducción a penas de 0,41 pps[1]. Según el Censo de Población y Vivienda 2018 del DANE, en Colombia se registra un déficit habitacional del 36,59%, equivalente a más de 18 millones de personas. De esta cifra un poco menos de la mitad son hogares con jefatura femenina. El déficit cualitativo es de 26,78%, cifra que refleja condiciones de vida en lugares riesgosos. Barrios y asentamientos irregulares sin acceso a bienes de uso colectivo y en condiciones de hacinamiento.

Con más de la mitad de la población sobreviviendo en la denominada informalidad, las familias buscan desesperadamente un pedazo de suelo donde erigir “su rancho”. Hecho que ha sido duramente castigado no solo por el Estado y la Fuerza Pública sino por la misma sociedad. Entre tanto los recursos y las políticas sociales se concentran en el apalancamiento de los gremios de la construcción; cuyo único interés es el cierre financiero de sus proyectos y la rentabilidad de sus inversiones.

Los nuevos ajustes en la política de vivienda: más para los gremios, menos para los “sin techo”.

Mientras miles de familias luchan por un techo luego de no tener con qué pagar el arriendo; el gobierno Duque se ufanó de ser el que más subsidios había entregado en menos de dos años[2]. Duque, además, aplicó el modelo de Hipoteca Inversa que se apoderará del patrimonio de las familias[3]. Además, en 2021 promulgó la Ley 2079 de 14 de Enero para completar el marco normativo del modelo especulativo y privado de la producción de vivienda, bajo el eufemismo de la “vivienda digna” y la trampa del “enfoque diferencial”[4].

Dicha Ley -sin mayor linealidad y coherencia entre artículos-, ajusta por un lado y otro la normatividad para acudir al llamado de los grandes gremios de la construcción. Quienes no quieren sucumbir ante la mayor crisis de época y el decrecimiento de la cartera del sector financiero, pese a la flexibilización en sus diferentes líneas de crédito.

La ley también reforma varios artículos de la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial) en donde a través de la regionalización abre la posibilidad a promotores privados para la gestión de vivienda rural. Un nuevo negocio en momentos donde ciertas capas de la población que pueden trabajar a distancia (teletrabajo) buscan estos proyectos habitacionales. Además, flexibiliza la aprobación de los Planes Parciales especialmente en elementos ambientales.; otorgando créditos a los promotores que desarrollen los cuestionados Macroproyectos de Interés Social Nacional creados bajo la presidencia de Álvaro Uribe.

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Esta ley otorga mayores garantías en crédito hipotecario o leasing habitacional[7] para que los bancos tengan seguridad en el préstamo, además para que las promotoras y constructoras puedan hacer sus cierres financieros. También, flexibiliza las condiciones de acceso a vivienda nueva, quienes ya han adquirido algún subsidio “pueden repetir”. La aplicación de esta ley en una economía tan débil e inestable como la colombiana en el periodo actual, producirá un mayor endeudamiento del Estado y de las familias sin dar respuesta a los 18 millones en déficit de vivienda.

Numerosos estudios sobre la urbanización en Colombia demuestran que las ciudades han sido construidas por formas de gestión familiar, comunitaria y popular. Sin embargo, la institucionalidad ha logrado limitar estas formas de producción mediante el marco normativo; robusteciendo el control y represión ante los fenómenos de ocupación de tierras. Además, de permear el inconsciente colectivo con la satanización de las luchas por la vivienda como ataque a la propiedad privada y el bien común.

En pandemia el empleo, especialmente informal o cuenta propia ha sido golpeado en este periodo de crisis; dejando a cientos de familias sin la posibilidad siquiera de pagar un alquiler mínimo. Esto, sumado a la situación de migración de los venezolanos y la intensificación del paramilitarismo; conlleva a la búsqueda desesperada por un pedazo de tierra y un techo donde refugiarse.

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Las denominadas invasiones y desalojos han sido los escenarios principales de estas luchas por tierra y un techo. Estos hechos fueron noticia en Valle del Cauca, Antioquia y la Sabana de Bogotá, para julio de 2020, en Medellín se incrementó en 1,5% el promedio de invasiones según la subsecretaría de Control Urbanístico[5]. En Bogotá y la Sabana se identificaron por lo menos 13 hechos de desalojos que evidencia el drama de por lo menos 3.500 familias buscando una vivienda[6]. Familias entre las que se encuentran desplazados, mujeres cabeza de hogar, y comunidades indígenas principalmente.

La vivienda no solo puede establecerse como el refugio donde se descansa; es también un lugar de convivencia y de organización de la vida en comunidad. Por tanto, no es una lucha individual ni diferencial, es una lucha de la clase popular y trabajadora.

Ante esta necesidad, se requiere una reforma que garantice el acceso a vivienda y hábitat; en donde se destine la función social de la tierra de manera directa y no para el enriquecimiento de unos pocos. Además, una política de vivienda en donde se reconozca a las organizaciones sociales y comunitarias como gestoras de sus proyectos de vivienda; con financiación directa del Estado, sin intermediación del sector privado y con un sistema público – comunitario que garantice los servicios domiciliarios y sociales. Es urgente aunar las luchas cívico – populares “por una vivienda social y popularmente soberana, para la familias de este país”.