Ante la apertura de la bocamina, el pasado 25 de febrero de 2026, la comunidad verificó el lugar, y encontraron que el proyecto se encuentra a escasos 220 metros de la planta de tratamiento de agua del acueducto comunitario y a escasos 400 metros de la captación del acueducto. El avance de 15 metros desde la bocamina y la cercanía del proyecto a la zona de captación y tratamiento del acueducto suponen ya riesgos para las comunidades de los sectores de Pedregal Alto, Límites y La Independencia que usan el líquido vital.

Imagen: Instalaciones Acueducto Pedregal
La junta de gobierno del TECAM denunció que, mientras el campesinado construye soberanía alimentaria y protege estos ecosistemas, por el contrario, la Agencia Nacional de Minería (ANM) tramita reservas especiales (ARE-512278) que pretenden entregar el subsuelo al capital, ignorando que este territorio ya fue declarado por sus habitantes como zona de protección y vida.
El extractivismo contra el Plan de Vida Digna
En la carta las comunidades denunciaron además que la incursión extractiva viola el Plan de Vida Digna del TECAM, donde la comunidad ha decidido que su vocación es agropecuaria y protectora del agua, no minera. Recordemos que estas comunidades organizadas se encuentran en el trámite para el reconocimiento de su territorio por parte de la Agencia Nacional de Tierras – ANT-.
Para las comunidades, el conflicto con los intereses extractivistas se ubica en la defensa de la vida frente a un modelo que pretende convertir el agua en mercancía y el territorio en un socavón. En la denuncia, las comunidades manifestaron mantenerse en alerta máxima, exigiendo garantías para sus líderes y el respeto absoluto a su autonomía territorial.
Las exigencias de las comunidades
Las comunidades en el documento de denuncia plantean cinco exigencias que le plantean a la Alcaldía Municipal de Sogamoso, Gobernación de Boyacá, Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, Ministerio de Ambiente y Agencia Nacional de Minería.
Las comunidades exigen el cierre total de la bocamina aledaña al acueducto Pedregal, además de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar quién es el dueño de la explotación minera que se está realizando y si existe o no licencia de explotación.
Además de lo anterior, se pide que se apliquen las sanciones legales pertinentes y la suspensión y prohibición total de las labores extractivas dentro del territorio, teniendo en cuenta el plan de vida digno realizado por la comunidad, donde se establece la no explotación minera dentro del TECAM.
Las comunidades proponen crear una comisión de verificación y seguimiento de los títulos mineros otorgados y de minería «ilegal», que garantice la reparación de los daños producto de la explotación minera. La propuesta expone que la comisión debe ser garantizada por Corpoboyacá, con la participación de las demás entidades, y en coordinación con la Junta de Gobierno del TECAM Tuta Xua.
Las comunidades proponen también que se implementen Planes Populares de Manejo del Territorio garantizados por Corpoboyacá y las demás entidades territoriales. Además de que se realice una verificación exhaustiva de las repercusiones ambientales, sociales, culturales y económicas que ha generado la explotación minera.
Por último, ante el continuo señalamiento y estigmatización, las comunidades exigen que se garantice la protección de derechos humanos a los líderes y lideresas sociales que realizan la defensa y protección de las comunidades y el territorio.





