Se cumplen treinta años desde que la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra se constituyó formalmente, en 1996. Sin embargo, su historia había comenzado a escribirse antes, en medio de una pregunta que atravesaba a las organizaciones sociales de Arauca: cómo el proyecto organizativo y territorial que durante décadas habían construido las comunidades.
Desde los años ochenta, las organizaciones sociales del departamento venían advirtiendo la profundización de una estrategia de violencia contra las comunidades y sus procesos organizativos. La Fundación ubica en ese periodo la intensificación de la guerra sucia estatal, la presencia de transnacionales petroleras, los intentos por consolidar el proyecto paramilitar como política de Estado, las masacres, los desplazamientos forzados, la persecución judicial y el asesinato de líderes y lideresas sociales. Fue precisamente en el Foro Departamental de Derechos Humanos donde se tomó la decisión de crear un instrumento jurídico dedicado a documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos, acompañar a las víctimas e interlocutar con el Estado.
En ese escenario, defender los derechos humanos se convirtió en una necesidad para proteger la organización social y garantizar su permanencia en el territorio. Las comunidades comprendieron que la construcción de un proyecto propio necesitaba también instrumentos capaces de defenderlo frente a una estrategia que buscaba debilitar sus organizaciones, romper sus vínculos comunitarios y la expulsión del territorio.
Su nombre conmemora a Joel Sierra González, campesino de la vereda San José Obrero del municipio de Fortul, Arauca, donde fue desaparecido, torturado y asesinado por integrantes del Ejército Nacional en 1989, junto con otros cuatro campesinos. Su memoria sintetizó desde entonces una realidad que marcaría la historia de la organización: la defensa de la vida en un territorio donde la violencia política buscaba golpear no solamente a individuos, sino también a las organizaciones y comunidades de las que hacían parte.
Durante estas tres décadas, la Fundación ha documentado y denunciado graves violaciones a los derechos humanos y ha acompañado a víctimas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Entre los procesos que recuerda en su balance histórico se encuentran el bombardeo de Santo Domingo y las masacres de La Cabuya, Puerto Lleras, Flor Amarillo, Piñalito, Cravo Charo y Caño Seco, además de casos de ejecuciones extrajudiciales y la defensa jurídica de dirigentes sociales judicializados y encarcelados. Ese trabajo ha permitido disputar, tanto en escenarios nacionales como internacionales, los derechos de las víctimas frente a la impunidad.
Es así como la Fundación También ha sido blanco directo de la violencia. En la conmemoración recuerda los asesinatos de José Roosvelt Lara en 2002, Rito Hernández Porras en 2003 y Edward Alexánder Vargas Linares en 2004, además de los asesinatos de José Avelino Pérez Ortiz, Tulia Carrillo Lizarazo, Josué Castellanos Pérez y Alveiro Caicedo Barragán entre 2022 y 2024. La organización señala igualmente las judicializaciones y detenciones sufridas por varios de sus integrantes.
A esa violencia se ha sumado la estigmatización. La Fundación denuncia que señalamientos que han contribuido a construir una matriz de opinión destinada a deslegitimar su trabajo y, según advierte la organización, a preparar condiciones para justificar nuevas agresiones. Esta dimensión resulta fundamental para comprender que la violencia contra las organizaciones sociales no comienza necesariamente con el ataque armado: también puede estar precedida por discursos que aíslan, criminalizan y convierten en sospechosa la acción colectiva.
Por eso, los treinta años de la Fundación Joel Sierra pueden leerse también como la historia de una organización creada para impedir que la violencia consiguiera uno de sus principales propósitos: desarticular a las comunidades y destruir su capacidad de actuar colectivamente sobre el territorio. Frente a la persecución, la respuesta fue construir mecanismos propios de documentación, denuncia, acompañamiento, defensa jurídica, solidaridad y protección.
Ese trabajo ha recibido distintos reconocimientos. En 2023, la Fundación recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de organización acompañante, otorgado por Diakonia y la Iglesia Sueca con apoyo de la Embajada de Suecia. También recibió la medalla El Colono de Oro, máxima distinción honorífica de la Alcaldía de Saravena.
Sin embargo, quizá su principal balance no esté en los reconocimientos sino en haber permanecido. Treinta años después, la Fundación continúa existiendo en un territorio donde defender derechos humanos ha significado también defender la posibilidad misma de organizarse. Las agresiones sufridas no lograron acallarla y, por el contrario, reafirmaron para sus integrantes la necesidad de mantener este instrumento en el territorio.
Conmemorar estas tres décadas es entonces algo más que recordar la trayectoria de una organización. Es reconocer una experiencia histórica en la que se construyen y sostienen los instrumentos necesarios para forjar los senderos hacia la dignidad. Allí donde la violencia buscó sembrar miedo, aislamiento y desarticulación, las comunidades respondieron organizándose para documentar, denunciar, acompañarse y defender colectivamente la vida.
