El equipo jurídico Pueblos publicó un análisis detallado sobre las consecuencias que trae consigo la reciente medida adoptada por las autoridades penitenciarias de la cárcel La Picota en Bogotá, la cual implementa el cierre de las celdas durante el día en la estructura 3 del centro de reclusión.
Según el informe, la medida de cierre de celdas durante el día tiene consecuencias graves para los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Al limitar el acceso a espacios privados y personales, se intensifican las ya críticas condiciones de los reclusos, intensificando problemas ya existentes como el hacinamiento o la exposición a condiciones de temperatura inadecuada. Estos factores no solo agravan la salud física y mental de los reclusos, sino que también los vulneran frente a la propagación de enfermedades sumado al hacinamiento que alcanza aproximadamente un 20% y altera la convivencia dentro del centro penitenciario.
El informe también destaca que, desde una perspectiva de derechos humanos, esta política no solo restringe el acceso a condiciones mínimas de bienestar, sino que también contribuye al aumento de tensión y violencia intercarcelaria. La sobrepoblación en áreas comunes reducidas, sin la posibilidad de contar con un espacio personal, aumenta el estrés ecosocial y fomenta un clima de agresividad, incrementando las hostilidades y multiplicando los riesgos de conflictos. Esto impacta negativamente la convivencia y acentúa el sufrimiento diario de los internos quienes, a pesar de estar cumpliendo una pena, conservan su derecho a un trato digno y humano.
Las condiciones en las que las personas están recluidas deben ser compatibles con el respeto a la integridad y a la dignidad humana, tal como lo han reiterado múltiples veces los procesos judiciales. En este sentido, las condiciones en las que los reclusos cumplen su condena deben ser acordes con el respeto a su integridad física y emocional, como lo establecen los principios y normas internacionales, así como las sentencias judiciales sobre el tema. De igual manera, el trato digno no es ningún privilegio, es un derecho que tienen todas las personas, y este debe ser protegido con esencial premura por el estado y por las instituciones.
El análisis reitera que la cárcel no debe convertirse en un espacio de degradación y tortura, sino en un lugar en el que las personas puedan cumplir su condena sin ver comprometida su integridad y con la posibilidad de reincorporarse a la sociedad. La medida implementada en La Picota contraviene estos principios, al someter a los internos a condiciones que despojan de su propia humanidad y limitan su desarrollo personal. El derecho internacional posee una normativa que establece que las penas de la privación de la libertad no deben implicar sufrimientos adicionales ni condiciones inhumanas.
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En conclusión, el equipo jurídico Pueblos hace un llamado a las autoridades responsables para que revisen esta política y adopten medidas que aseguren condiciones dignas de reclusión. Es imperativo que el Estado proteja los derechos fundamentales de la población carcelaria y garantice su bienestar, recordando que el respeto por la dignidad humana es un pilar esencial en cualquier sociedad en todas las circunstancias, incluso en el contexto de la privación de libertad.
El documento completo y el análisis detallado pueden ser consultados en la página web del equipo jurídico Pueblos, donde se profundiza en esta grave situación y en general donde se habla de esta contradicción de pensar que porque las personas están privadas de la libertad no deben ser tratadas como seres humanos.
