Según la denuncia de ASONALCA, las comunidades campesinas enfrentan una paradoja: proyectos promovidos como «soluciones climáticas», ahora restringen el uso de sus tierras. En el país empresas como Bancolombia, corporaciones internacionales y fondos ambientales están en la mira; campesinos han denunciado que programas como BanCO2 los despojan de su autonomía territorial. Al respecto, la Corte Constitucional ya amonestó a empresas por negociaciones desequilibradas y riesgos para los pueblos indígenas.
Comunidades campesinas y organizaciones sociales denuncian el impacto de bonos de carbono en Colombia
En regiones como el oriente antioqueño y el centro del país, proyectos ambientales promovidos por entidades financieras, corporaciones internacionales y fondos de inversión están generando un creciente malestar entre comunidades rurales. Bajo la etiqueta de compensación climática, iniciativas como los bonos de carbono y los pagos por servicios ambientales (PSA) que restringen el uso de la tierra a campesinos y finqueros, grandes empresas utilizan estos mecanismos para limpiar su imagen sin reducir emisiones reales.
Para ASONALCA estos los pagos por servicios ambientales ponen en peligro la autonomía territorial. «Estos proyectos, aunque se venden como alternativas económicas para las comunidades, lo que implica contratos que limitan drásticamente la soberanía sobre las parcelas. Las familias deben destinar áreas específicas a las acciones impuestas por intermediarios». Ejemplo de ello es el programa BanCO2, impulsado por Bancolombia, donde decenas de familias han recibido sanciones e incluso pérdida de tierras por incumplir cláusulas diseñadas sin su consentimiento pleno.
Estas acciones ya han llegado hasta la corte constitucional, entidad que amonestó el año pasado a empresas intermediarias, las fundaciones y al mismo gobierno colombiano, ya que las iniciativas de bonos de carbono, de pagos por servicios ambientales y otros constituyen amenazas contra los pueblos indígenas, negociaciones desequilibradas y especulación financiera.
Greenwashing empresarial vs. justicia climática
Más allá de la «Justicia climática» que se promueve, el pago de servicios ambientales encubre la contaminación global. En el caso de los bonos de carbono, las empresas compran en bolsa estos títulos valor, mientras que continúan emitiendo más contaminantes. En Colombia, donde el 40 % del territorio es rural este modelo ha exacerbado los conflictos por la tierra, la violación a la autonomía de comunidades étnicas mientras los que se lucran son los intermediarios.
«Nos pagan migajas por «producir oxígeno», los intemediarios se quedan con las grandes comisiones y los capitalistas continuan contamiando» afirmó una lideresa campesina
Ante esta situación varias asociaciones campesinas entre las que se incluye ASONALCA han llamado a la organización comunitaria y campesina; a su vez, instan a rechazar propuestas de contratos y a construir Planes de Vida basados en el equilibrio con la naturaleza y acordes a las necesidades de los territorios.
