Trochando Sin Fronteras – julio 8 de 2021
Llevamos más de 10 años insistiendo que el capitalismo está en crisis y que esa crisis tarde que temprano haría salir al proletariado a las calles en busca de soluciones, y ante la incredulidad de propios y extraños la “profecía” que no es tan profecía, sino realidad, nos esta estalló en la cara tomando por sorpresa a parte de la población, que, con poca organización, pero con gran ímpetu logra resistir en distintas partes del país por más de 2 meses.
El estallido social que inició el 28 de abril desnudó a un Estado incapaz de garantizar su responsabilidad social. Esto obligó a la oligarquía a reacomodar su accionar institucional, partidista y mediático para salir del ahogo. Su tarea mediática fue tratar de desprestigiar el paro alegando un desabastecimiento de alimentos generalizado, al tiempo que les echó la culpa a manifestantes por el mal manejo de la salud.
El estado además de mentiroso y mañoso fue descargando toda su mala gestión en la clase popular. Hay que mencionar que tal desabastecimiento no hubo, aunque algunos almacenes de cadena sí intentaron guardar sus provisiones para sumarse al boicot contra el pueblo que finalmente no le resultó funcional, pues las tiendas de barrio siempre estuvieron surtidas, aunque en algunos pueblos aprovecharon y aún aprovechan para especular.
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Por su parte alcaldes, gobernadores e iglesias en su papel “de mediadores” atendieron algunos pliegos y entablaron diálogos locales o regionales, cuyo objetivo principal fue quitarle fuerza al descontento general. Los partidos políticos dominantes se alinearon para respaldar al presidente Iván Duque, ante una masiva exigencia en la calle de renuncie Duque, a pesar de su diferencia oligárquica se unieron, ajustaron algunos ministerios y algo de mermelada. La unidad oligárquica, también se demostró con su unánime respaldo al cuestionado ministro de defensa Diego Molano, dicho espaldarazo les deja camino libre para intervenir el levantamiento de los bloqueos y demás expresiones de movilización. Con el respaldo a Molano, legitimaron vía congreso la continuidad de la arremetida contra el estallido social con datos profundamente lamentables.
El asesinato del joven Cristian David Castillo el pasado 23 de junio cerca al portal de Suba quien murió por un golpe en la cabeza con un objeto contundente disparado por un agente del Esmad se suma a los más de 50 asesinados sucedidos por ejercer el derecho a la protesta durante los más de dos meses continuos de paro.
Ante los asesinatos, los centenares de heridos, los desaparecidos y las detenciones de manifestantes, el gobierno se empecina en demostrar que la cifra de asesinados en el actual paro es menor a la denunciada por organizaciones de DDHH. Para la muestra un botón, el rifirrafe entre la canciller Martha Lucía Ramírez quien persiste en manifestar que la cifras no superan los 24 homicidios relacionados con la protesta vs. la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet quien argumenta su oficina registra más de 50 casos de asesinados en el paro.
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Las cifras importan, pero lo más importante no es sumar muertos ni heridos en una protesta, lo importante es en definitiva una solución de fondo a los problemas que originan el estallido social, a ese respecto de asesinatos y desaparecidos la ONU, la CIDH entre otros organismos multilaterales de DDHH deberían pronunciarse categóricamente contra represión de la protesta social teniendo en cuenta que los manifestantes no usan armas y que por protestar no debería haber un solo muerto a manos del estado.
El gobierno para restar fuerza al paro, fue profesando falsas soluciones, por ejemplo, la reforma tributaria la desmontó y va a radicar una nueva sin mencionar el pacto de clase que está detrás de ella; por el desmonte del Esmad promete una “reforma a la policía” que consiste en cambios carpintería y pintura como color de uniformes, pero no reformas doctrinales, así que, aunque el mono se vista de seda, mono se queda; igualmente, prometió matrícula cero y en el congreso dijo no.
La prolongación del paro lleva al gobierno a impulsar una segunda campaña de reacomodamiento, la estrategia de “negociación” y promesas no le funciona del todo y empuja una escalada jurídica en todo el país. Al contrario de lo que espera el pueblo, una mayor democracia, el establecimiento esta vez por intermedio de la rama judicial echó abajo la mesa de negociación en Cali y condena una vez más a los manifestantes.
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Una segunda parte de este nuevo momento va de la mano con auto legitimización estatal, expresado en el atentado a la base militar en Cúcuta y el “tiroteo al helicóptero presidencial” que les permite ganar opinión a su favor. También han optado por desprestigiar al movimiento que protesta con falsas amenazas como sucedió al jaquear a la página de la asamblea popular de Suba sacar un comunicado amenazante contra la población que tome Transmilenio, movida para generar choques entre la misma clase popular y justificar negativa de diálogo y más mano dura.
Nos quieren envilecer a toda costa, promulgan que son millonarias las perdidas por el paro y que eso se verá reflejado en nuestras facturas o en futuros impuestos, al respecto hay que mencionar que, el responsable de los vidrios rotos es el Estado por incompetente y sordo para dar soluciones efectivas y que los vidrios rotos se pueden reponer, pero las vidas humanas no.
Ante la cruda realidad, en la medida que las condiciones objetivas se agudizan, se va subvirtiendo en algo el sentido común, a la oligarquía hoy se le dificulta imponer el consenso y la hegemonía lo que la obliga a resolver la crisis vía represión y violencia. El proceso popular a pesar de sus dificultades logra avanzar y señala un claro camino a seguir, el camino de la soberanía nacional, la lucha y la verdadera democracia.
