Desmontar el paramilitarismo, exigencia de las comunidades en Colombia

Con la consigna “MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA VIDA Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO” Comunidades campesinas, pueblos negros e indígenas, y sectores urbanos, trabajadores, mujeres, jóvenes, estudiantes, defensores de DD. HH. y ambientalistas hacen presencia en seis puntos de movilización en carreteras y centros urbanos del país.

En comunicado, las comunidades movilizadas denuncian el exterminio político en los territorios a través de la estrategia paramilitar. Además, piden el cambio de la doctrina de seguridad nacional que concibe a los movimientos populares y oposición política como enemigos internos.

«Tal situación constituye una amenaza estratégica contra el movimiento social y popular, particularmente contra nuestro movimiento social y político Congreso de los Pueblos, razón por la cual nos hemos declarado en Emergencia Humanitaria desde abril del 2019».

 

Ejerciendo el derecho constitucional a la movilización y la protesta social, las comunidades presentaron un pliego que exige:

1. Cambio de la doctrina de seguridad nacional, proscribiendo la doctrina de seguridad nacional y estableciendo una que respete los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía.
2. Desmontar el paramilitarismo, ejecutando acciones concurrentes y coordinadas, ejecutadas con voluntad y decisión política gubernamental, además del reconocimiento del paramilitarismo como política estatal.
3. Implementar mecanismos urgentes de protección y autoprotección para la defensa de la vida y la permanencia en los territorios.
4. Plan inicial de reparación integral, en el que se exige el desarrollo de medidas de reparación, simbólicas, políticas y materiales, individuales y colectivas que permitan la reconstrucción de la memoria; reparación integral al movimiento A Luchar, justicia y reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la violación de DD. HH. e infracciones al DIH; el retorno a los territorios, reconstrucción, adecuación y dotación de sedes; adjudicación y titulación de tierra.

Para abordar estas demandas y supervisar los acuerdos alcanzados, las comunidades solicitan la instalación de una mesa permanente de interlocución y negociación nacional a través de un decreto presidencial en la que piden como primer acto la firma del decreto presidencial que reconoce los Territorios Campesinos Agroalimentarios y la Comisión Mixta de Asuntos Campesinos; garantías de movilización: desplazamientos de las comunidades desde y hacia los territorios, no judicializaciones, no empadronamientos, acompañamiento internacional y cumplimiento de acuerdos y la reactivación de mecanismos de interlocución y negociación en Chocó, Arauca, Cauca, Lizama, Subcomisión de DD. HH. y la Mesa Única Nacional de la CACEP.