La Emergecia se declaró debido a los enfrentamientos entre grupos paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el 26 de mayo, se han registrado desplazamientos masivos producto de amenazas e intimidaciones realizadas por estos grupos armados ilegales a los pobladores de la región.
¡ALERTA!
POR DESPLAZAMIENTO, CONFINAMIENTO E INTIMIDACIÓN A COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. pic.twitter.com/YYGkdIRCoA— REDDHHPAC (@REDDHHPAC) May 30, 2023
Las comunidades exigen al gobierno nacional asegurar las condiciones de vida digna de los pobladores; al gobierno Petro formular planes y políticas públicas que permite asegurar a las comunidades afectadas las garantías para la protección de los derechos humanos y prestar atención e interés a la crisis humanitaria vivida en la región del San Juan.
A su vez exigen medidas para proteger los territorios colectivos de las comunidades afros, evitando su despojo por medio de actos ilegales. En la denuncia expresan que la militarización solo contribuye al recrudecimiento del conflicto.
«Se exige atención inmediata del Estado y sus instituciones para hacer acompañamiento a la población, sin que esta se traduzca en presencia militar por parte de las fuerzas armadas de Colombia, dado que esta contribuye al recrudecimiento del conflicto en la zona».
En el mismo documento se llama a la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales a hacer presencia cumpliendo con sus misión y defensa de los derechos humanos. Acompañar a las comunidades frente a la situación de orden público para evitar desplazamientos masivos y violaciones a los derechos humanos.
Intereses económicos y despojo de territorios
El área rural de Sipí ha sido escenario de confrontación de los grupos armados legales e ilegales, fuerza pública, Clan del Golfo y ELN, debido a intereses geoestrategicos para la implementación de economías extractivistas. Empresas nacionales y multinacionales han mostrado interés en la región, y en el pasado han incurrido en intimidación en el intento de despojar sus territorios mediante acciones ilegales y el uso de grupos paramilitares, en connivencia con el Estado colombiano.
Ya desde la década de los 90, se han realizado despojo a territorio perteneciente al territorio colectivo de ACADESAN. En 2012, la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde, ahora Eightfold Colombia, intentó quedarse con 32.450 hectáreas de un paraíso biodiverso ubicado en el municipio de Sipí.
Los enfrentamientos han dejado personas desplazadas, confinadas, asesinadas y heridas. El alcalde de la zona ha expresado su preocupación por la situación y ha pedido al Gobierno nacional que apoye a estas comunidades afectadas por la violencia. La situación actual ha paralizado temas sociales, incluyendo la educación y el aumento de la pobreza en la región.
 denunció que comunidades en el municipio de Novita, Istmina y Sipí, en el departamento del Chocó, Colombia, enfrentan una Emergencia humanitaria.){kind=link}