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Fuerza Pública y su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales en Casanare


Fotos: Bitácora del Caminante

Trochando Sin Fronteras, agosto 17 de 2018

La Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria estableció que de las nueve unidades militares que componen la XVI Brigada, siete de ellas tuvieron una participación activa en la comisión de las ejecuciones

El pasado 16 de agosto 2018.  la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP) recibió el informe ‘Ni delincuentes, ni combatientes’, sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la XVI Brigada del Ejército Nacional entre 2005 y junio de 2007. El informe entregado a la JEP da cuenta de 20 víctimas de falsos positivos entre Casanare y Boyacá.

En el informe la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), con el respaldo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), documentaron 12 casos en los que estarían involucrados alrededor de 50 militares o más.

Entre los implicados estaría el entonces coronel Henry Torres Escalante, quien suscribió el acta de sometimiento ante la Justicia para la Paz y ratificó su compromiso con ese tribunal hace menos de un mes.

El proceso contra Torres Escalante se da por los asesinatos de Daniel Torres y de su hijo Roque Julio, dos campesinos de Aguazul, Casanare, ocurridos el 16 de marzo del 2007, y quienes fueron presentados como bajas en combate contra la insurgencia.

La Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria estableció que de las nueve unidades militares que componen la XVI Brigada, siete de ellas tuvieron una participación activa en la comisión de las ejecuciones. Además argumentó “una posible fase de planeación de la ejecución, el análisis de diversos métodos de encubrimiento, y finalmente, los mecanismos de impunidad en la jurisdicción penal militar y jurisdicción ordinaria”.

 La JEP ya estudia los asesinatos cometidas por miembros de la Fuerza Pública antes de 2016 y hechas pasar como bajas en combate. La Fiscalía presentó un informe que da cuenta de 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1998 y 2014. El 48 por ciento fueron hombres entre 18 y 30 años.

De acuerdo con una magistrada de la JEP, entre las víctimas hay campesinos, indígenas y ciudadanos vulnerables, así como personas de orientación sexual diversa.

En este encuentro se presentaron algunas de las conclusiones del informe presentado en Yopal, Casanare, en el que se documentaron algunos de los casos de falsos positivos en ese departamento y en Boyacá.

En todos los casos existió simulación de combate.

El levantamiento de los cuerpos se realizó por la misma tropa que efectuó el operativo en los que resultaron muertas las víctimas.

En todos los casos existió una decisión favorable a los militares en la jurisdicción penal militar.

Si bien la generalidad de casos estudiados en el país reporta que las víctimas eran de mediana edad, entre los casos del presente informe se encuentran 4 menores de edad, 1 persona con condición especial de salud de otro departamento, 1 adulto mayor y 1 mujer en estado de embarazo.

De las 20 víctimas, 17 fueron señaladas por supuestos informantes como guerrilleros, o aparecían así en supuestos documentos de inteligencia.

En más de la mitad de los casos, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Seccional Casanare, tuvo un rol activo en las ejecuciones documentadas, ya sea realizando informes de inteligencia que vinculaban a las víctimas con grupos insurgentes o participando directamente de las operaciones junto con militares de la XVI Brigada.

La mayoría de las presuntas ejecuciones del presente informe se cometieron en 2007, coincidiendo con el periodo de la comandancia del entonces coronel Henry William Torres Escalante  y el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Mario Montoya Uribe (2006-2008).

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