jueves, septiembre 23, 2021

Comunidades del medio San Juan denuncian Incursión de las AGC

“Debido al confinamiento y la acción criminal del Ejército y grupos paramilitares en los municipios de Medio San Juan, Litoral San juan e Istmina, se denuncia confinamiento por parte de las comunidades de puerto Pizarro, Baudositó y Unión San Juan en el litoral, lo que a impedido que las personas se desplacen a sus lugares de trabajo. Esto viene generado una grave crisis de desabastecimiento debido a que los pobladores están aguantado hambre producto de estas acciones criminales.”

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Trochando Sin Fronteras, agosto 17 de 2021

Comunidades del medio San Juan denuncian incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC -. La incursión paramilitar deja en las comunidades confinamiento, desplazamiento y reclutamiento forzado.

Según la RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PACÍFICO COLOMBIANO las AGC llegaron el 13 de agosto a la comunidad de Dipurdú. Un día después se inician combates con el Ejército de Liberación Nacional – ELN -.

 

En la denuncia expresan que debido a los enfrentamientos que se extendieron hasta el 15 de agosto, un gran número de familias se desplazaron de la comunidad de Dipurdú a la comunidad de San Miguel.  En Puerto Pizarro  y Palestina, se denuncia el desplazamiento de comunidades indígenas y confinamiento ante la incursión de 300 hombres de las AGC.

Debido al confinamiento y la acción criminal del Ejército y grupos paramilitares en los municipios de Medio San Juan, Litoral San juan e Istmina, se denuncia confinamiento por parte de las comunidades de puerto Pizarro, Baudositó y Unión San Juan en el litoral, lo que a impedido que las personas se desplacen a sus lugares de trabajo. Esto viene generado una grave crisis de desabastecimiento debido a que los pobladores están aguantado hambre producto de estas acciones criminales.

En medio de la incursión paramilitar la comunidad denuncian que están siendo sometidos a reclutamiento Forzado. En Pitalito se denunció el reclutamiento forzado de un menor de 12 años.

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Para la RED los hechos constituyen una clara violación de derechos fundamentales contenidos en la constitución de 1991. Así, como una violación tacita a la norma 3 del DIH y a la declaración universal de los derechos humanos al poner en riesgo a población no combatiente.

La RED también exige la verificación y protección de las comunidades, labor que el Ministerio del Interior, Personería General, Fiscalía General de la Nación no están realizando en el territorio. También, invita a organizaciones de DD. HH. y a la comunidad internacional para que verifiquen el estado actual de estas comunidades.

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