¿Recuerdan la dura situación que enfrentó Colombia durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez? Entre los años 2002 y 2010, el país vivió bajo el mandato de la política de Seguridad Democrática, una política estatal que marcó a generaciones. Este accionar se justificó en la defensa del Estado frente a un enemigo interno, en una supuesta lucha contrainsurgente.
Hoy, 15 años después de ese periodo, Colombia vuelve a enfrentarse a su pasado. El hallazgo de la Escombrera en la Comuna 13 de Medellín nos obliga a recordar, a repasar las heridas y a exigir justicia.
En una entrevista con Sonia López, defensora de derechos humanos integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra resalta que: Los hallazgos de La Escombrera son el resultado de décadas de resistencia de los familiares de las victimas, en una insistencia por avanzar hacia caminos de verdad, justicia y reparación integral, sobre todo; de garantías para la no repetición de este tipo de crímenes(…) Además: Se demuestra en las investigaciones que en este lugar se realizaban ejecuciones extrajudiciales a personas que fueron previamente identificadas y perseguidas por el estado.
En la Escombrera, yacen las memorias de cientos de desaparecidos, víctimas de una de las arremetidas militares más contundentes de la política de Seguridad Democrática: la Operación Orión. En octubre de 2002, bajo el pretexto de recuperar el control territorial y combatir a grupos insurgentes, la Operación Orión se desplegó en la Comuna 13. Lo que inicialmente fue presentado como un éxito militar, dejó tras de sí un saldo de desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y desplazamientos que aún hoy no han sido atendidos por la justicia.
¿Qué sucedió con esta estrategia criminal del Estado?
La política de seguridad democrática es una continuidad del Plan Colombia, con un gran componente de fortalecimiento militar, en el marco de la doctrina de seguridad nacional donde se señala una ideología basada en el enemigo interno y la política de la guerra contra las drogas, con apoyo del imperialismo estadounidense. Esta estrategia buscó Fomentar los procesos de acumulación de capital, por lo tanto ir en contra de todos aquellos se oponen a ese sistema capitalista de terratenientes extractivista.
Lo que se convierte en una ofensiva estatal contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y la sociedad civil, imponiendo con sangre y fuego un modelo capitalista paralelo al los planes de vida y permanencia en el territorio de parte de las comunidades. Entonces, en el 2002 se acentúa esa política intervencionista declarando estados de conmoción interior, todo este escenario en el marco de una lucha contra las drogas y una lucha contrainsurgente acentuando mecanismo de represión contra la población civil y los movimientos sociales.
Esta operación, una de las más sangrientas en nuestro país, comandada por el General Mario Montoya de la cuarta brigada del ejercito nacional, en conjunto con la Policía Nacional, la Fiscalía y el extinto DAS El Departamento Administrativo de Seguridad, funge como evidencia de la connivencia con el Bloque Cacique Nutibara de las AUC comandada por Berna. Este grupo paramilitar se impone en Antioquia , consolidándose como el mando que apoya la implementación de estas políticas de estado.
¿Qué resultados dejo la implementación de esta política de estado?
La cifras que tenemos como resultado de la aplicación de la política de seguridad democrática son más de 6402 casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’, ejecutados por miembros de la fuerza publica de los organismos de seguridad o en articulación con las estructuras paramilitares. Brindando toda la autoridad a las fuerzas militares para que decidan sobre la vida, la libertad y la integridad de la población.
Sumado a una estrategia la criminalización de la protesta social y la judicialización masiva y selectiva de lideres sociales, el fortalecimiento del paramilitarismo como política de estado de los territorios asegurando con esta estrategia el saqueo y despojo de los bienes de la naturaleza con el avance de proyectos y megaproyectos extractivistas como el petróleo, la minería, proyectos de infraestructura y comercio, todo ello enfocado en garantizar la acumulación de capital a costa de la integridad de las comunidades.
En el caso del departamento de Arauca, según Sonia: «De esa cifra de 6402 personas el departamento desafortunadamente puso cerca de 150 personas, ejecutados extrajudiciales en el periodo del 2002 al 2007, resaltando que esos no son los únicos casos sino los casos documentados por la fundación. Tenemos además, al rededor de 350 lideres, lideresas y defensores de DDHH, judicializados por esos montajes realizados en el marco de un convenio de cooperación institucional firmado entre la Policía Nacional, Ejercito, Fiscalía y empresas petroleras.
Además nos quedo el intento de consolidación del paramilitarismo a partir del bloque vencedores de Arauca que estuvo más visible desde 2000 al 2005, los que continúan actuando bajo otros nombres como los rastrojos, las autodefensas Gaitanistas. Lo que hoy venimos denunciando como una reconfiguración del paramilitarismo a partir de estas estructuras que se conocen como las disidencias de las extintas FARC.»
Otra de las consecuencias que a la lista se suman las fumigaciones con glifosato, el desplazamiento forzado que se genero a partir de acabar con los proyectos de vida de los campesinos. Tácticas de una estrategia de estado que según las coyunturas actuales podemos ver no ha terminado y que continúa atacando y persiguiendo a las organizaciones sociales bajo la continuidad de esta doctrina militar.
‘Las cuchas tienen la razón’ Más allá de los murales.
El país se ha llenado de los murales «Las cuchas tienen la razón», que han surgido como potentes símbolos de resistencia y memoria en honor a las madres de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, estas expresiones artísticas no han estado exentas de controversia.
Medellín, Cali, Bogotá, wn Cali, Manizales, Huila y Cauca, en donde además de los murales se han registrados casos de abuso de autoridad y desacato a lo ordenado por el gobierno nacional referente al derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
A pesar de que este fenómeno refleja el valor simbólico de las expresiones artísticas, también pone de manifiesto las tensiones sociales que las rodean. En particular, se han vuelto notorias la estigmatización y el hostigamiento por parte de la fuerza pública.
Hoy, más que nunca, el país debe escuchar las voces de las víctimas, reconocer su dolor y trabajar para construir un futuro donde la memoria no sea una carga, sino un pilar para la reconciliación. El gobierno debe incentivar prácticas y procesos que tengan como objetivo la des paramilitarización del país y un cambio en la doctrina militar, para de esta forma asegurar la no repetición.
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