Trochando Sin Fronteras, julio 27 de 2021
Tras ser suspendido el Decreto 575 de 2021 por el Consejo de Estado, hablamos con el Abogado Juan Carlos Torregrosa. El defensor de Derechos Humanos en entrevista contextualiza sobre este hecho.
La anterior semana el Consejo de Estado ante la posible de amenaza el derecho fundamental a la protesta social suspendió transitoriamente el Decreto 575 de 2021. Este Decreto del Gobierno Nacional impartía instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público.
Según Duque con el Decreto sé «revertirian» las afectaciones en distintas ciudades del país a raíz de las protestas y movilizaciones convocadas y registradas a partir del día veintiocho de abril.
La decisión del Consejo de Estado implica que el acto administrativo no seguirá en vigencia hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo no emita un veredicto en torno a la legalidad de dicho acto administrativo.
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Para Juan Carlos Torregrosa, abogado e integrante del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombia: «Esta decisión implica que el acto administrativo no seguirá en vigencia hasta tanto la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no emita un veredicto en torno a la legalidad de este acto administrativo»
Torregrosa recalca: «el Decreto 575 del 2021, fue una respuesta de guerra a la protesta social y movilización en el marco del #ParoNacional». Estallido social que reinicio el 28 de abril, luego de las diferentes movilizaciones en 2019 y 2020. La brutal agresión contra los manifestantes dejo personas asesinadas, desaparecidas, mutiladas y heridas. Además, de casos de violencia sexual contra mujeres y menores de edad.
El Decreto 575 del 2021 ordeno la asistencia militar que implicó la militarización de territorios. Acciones que conllevaron a vulnerar el derecho a la Protesta Social, mediante el uso excesivo de la fuerza, la utilización de armas letales.
La Acción de tutela que suspendió el Decreto, se presentó en Cali, ciudad afectada precisamente por las instrucciones impartidas desde el Gobierno Nacional. La Tutela dio como resultado la suspensión de este, por parte del Consejo de Estado; luego de que estudiara los hechos y de las implicaciones del Decreto en el marco de las jornadas de las protestas sociales. La suspensión ratificó que la asistencia militar constituyo una amenaza al derecho de la protesta social y una vulneración a los derechos humanos de las personas.
